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Michigan anuncia un acuerdo de $600 millones por la crisis del agua contaminada en Flint

Pretende resolver todas las acciones legales contra el estado por su papel en un desastre que convirtió a la empobrecida ciudad de mayoría negra en un símbolo de la mala gestión gubernamental.

Por Erik Ortiz - NBC News

El estado de Michigan anunció este jueves que acordó pagar 600 millones de dólares a los residentes de la ciudad de Flint cuya salud se vio afectada por el agua potable contaminada con plomo en una crisis que provocó una demanda colectiva y se volvió emblemática de cómo las comunidades más pobres y de mayoría negra pueden sufrir bajo la mala gestión del Gobierno.

Las oficinas de la gobernadora, Gretchen Whitmer, y la fiscal general, Dana Nessel, dijeron que han estado negociando durante más de 18 meses con los abogados de miles de residentes de Flint que presentaron demandas contra el estado a raíz del escándalo, que se remonta a abril de 2014.

Whitmer, una demócrata que asumió el cargo el año pasado, dijo en un comunicado que es posible que el dinero aún no sea suficiente en la mente de algunas personas, y que "muchos seguirán sintiendo una frustración justificable con un sistema y una estructura que a veces no es adecuada para abordar plenamente lo que le sucedió a la gente de Flint durante los últimos seis años ".

Añadió que "sanar a Flint llevará mucho tiempo, pero nuestros esfuerzos continuos y el anuncio del acuerdo de hoy son pasos importantes para ayudarnos a todos a seguir adelante".

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Nessel, también demócrata, precisó que la mayor parte del dinero se destinaría a resolver reclamos que beneficien a los niños, que a través de pruebas se descubrió que tenían niveles elevados de plomo en la sangre. La exposición al plomo puede causar problemas de comportamiento y de aprendizaje en menores, advirtieron los funcionarios de salud.

Según el acuerdo, el estado ha establecido un fondo de 600 millones de dólares y los residentes de Flint pueden presentar reclamos de compensación. La cantidad que recibirá cada solicitante se basará en la gravedad de los daños.

Además, el 80% de esa cantidad se destinará a personas menores de 18 durante el período en que Flint usó agua de río, apuntó Nessel.

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"Este acuerdo se centra en los niños y el futuro de Flint, y el estado hará todo lo posible para que sea un paso adelante en el proceso de sanación de una de las ciudades más resistentes de Michigan", dijo en un comunicado.

"En última instancia, al llegar a este acuerdo, espero que podamos comenzar el proceso de cerrar uno de los capítulos más difíciles en la historia de nuestro Estado y escribir uno nuevo que comience con un gobierno que trabaja en nombre de toda su gente", añadió.

Trachelle Young, ex abogada de la ciudad de Flint y residente que presentó una demanda en 2015 en respuesta al plomo en el agua potable, aseguró ante los periodistas que el acuerdo es "justo y razonable", aunque hizo hincapié en que es parcial porque cree que "hay más por venir y hay más precio que pagar ". 

Hay otras demandas pendientes contra Flint, la Agencia de Protección Ambiental y consultores privados que asesoraron a la ciudad sobre temas relacionados con los problemas en el agua.
 
"Estábamos luchando contra una máquina", dijo Young sobre el rechazo inicial del estado a las demandas interpuesta, "se mantuvieron firmes y hoy es el día en que deben rendir cuentas ante los residentes de Flint ". 

La crisis del agua en Flint fue el culmen para una comunidad que sufrió la recesión de la industria automotriz estadounidense.

En 2014, Flint dejó de abastecerse del agua preveniente del sistema de Detroit y comenzó a surtirse de la del río Flint, con el propósito de reducir costos en medio de la emergencia por la crisis financiera que atravesaba el estado. 

Las autoridades habían estimado que la ciudad con graves problemas de liquidez ahorraría alrededor de cinco millones de dólares en menos de dos años debido al cambio. 

Se suponía que abastecerse del agua río Flint iba a una fuente temporal hasta que la ciudad pudiera unirse a un nuevo sistema de suministro desde el lago Huron.

Pero los residentes se quejaron del sabor, olor y apariencia del líquido elemento, mientras que los funcionarios mantuvieron que cumplía con los estándares de seguridad. 

En el verano de 2015, investigadores de la Universidad Tecnológica de Virginia informaron que las muestras de agua Flint tenían niveles de plomo anormalmente altos. 

Poco después, un grupo de médicos anunció que los niños de la zona tenían altos niveles de plomo en la sangre e instó a Flint a dejar de usar agua del río. 

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El entonces gobernador, Rick Snyder, finalmente reconoció el problema, aceptó la renuncia de su jefe ambiental y se comprometió a ayudar a la ciudad, que volvió a surtirse del sistema de agua de Detroit.

Los residentes tuvieron que usar agua para su consumo así como para las necesidades del hogar durante más de un año. 

Los investigadores dijeron a fines de 2016 que el plomo ya no era detectable en muchos hogares.

Las demandas contra el estado están siendo supervisadas por la jueza de distrito  Judith Levy, quien tiene la última palabra aprobar el acuerdo. 

Si recibe luz verde en la corte, elevaría el gasto estatal a más de 1,000 millones de dólares y es probable que sea el acuerdo más grande en la historia del gobierno del estado de Michigan, según la oficina de Nessel. 

Michigan ya ha invertido más de 400 millones de dólares para reemplazar tuberías de agua, la compra de filtros y agua embotellada, el cuidado de la salud de los niños y otra tipo de asistencia. 

Michael Pitt, un abogado codirector interino designado por el tribunal en la demanda colectiva, dijo que el equipo legal respalda el acuerdo de conciliación y espera que Levy lo apruebe.

"Aunque no es perfecto en general, es muy bueno y es un acuerdo justo y creemos de todo corazón que es lo mejor para la comunidad de Flint", declaró a los periodistas. 

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Además, destacó que los reclamos de los residentes afectados serían revisados "sin discriminación, sin favoritismo" y con una medida de "exclusión voluntaria", lo que significa que los residentes no tienen que ser parte del plan de compensación y aún pueden buscar otras opciones legales contra el estado si así lo deciden.

Otros términos y condiciones del acuerdo aún deben resolverse dentro de una ventana de 45 días, agregó, momento en el cual se harán públicos otros detalles de plan y se podrán comenzar a presentar reclamos.