A Rogelio Rosales Contreras nadie tiene que contarle sobre los peligros que conlleva defender al medioambiente. Vive con amenazas y temor desde hace años, cuando decidió participar en la preservación de su territorio indígena en Ayotitlán, Jalisco.
"El Gobierno tiene una deuda con las comunidades indígenas que por cientos de años hemos permanecido en ese lugar. Somos un pueblo que contamos con nuestro territorio, nuestras costumbres y tradiciones, pero desde hace mucho tiempo nos vimos invadidos", explica sobre la lucha que Ayotitlán, su comunidad nahua–otomí, ha entablado contra las actividades de la mina Peña Colorada en la sierra de Manantlán, una zona ubicada en la frontera de Jalisco y Colima.
En abril de 2021, el líder indígena José Santos Isaac Chávez fue brutalmente asesinado. Isaac Chávez era abogado y en ese momento aspiraba a la Comisaría Ejidal de Ayotitlán (un organismo local que administra los territorios indígenas y coordina acciones con las comunidades) siendo el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorado y sus operaciones. El dirigente fue encontrado muerto en su automóvil, que había sido conducido por un precipicio. Pero su cuerpo presentaba evidencias de tortura.
A Rosales Contreras le tiembla la voz cuando recuerda la muerte de Isaac Chávez, pero se le nubla la mirada al explicar que su propia familia ha sufrido la violencia desatada por los supuestos vínculos entre los grupos del crimen organizado y la minera.
"En diciembre de 1993 se llevaron a mi hermano, y el 26 de octubre del año pasado asesinaron a mi hijo", dice con una pena honda. Y agrega: "No se nos hace justo que por esta causa ambiental nos persigan como delincuentes. Solo queremos una forma de vida más humana, más comunitaria, y nos andan asesinando por eso".
No se nos hace justo que por esta causa ambiental nos persigan como delincuentes".
Rogelio Rosales, activista medioambiental
El caso de Ayotitlán, y otros de diversas regiones de América Latina, forman parte de A Decade of Defiance: Ten years of environmental activism worldwide, el más reciente informe de Global Witness, una organización de derechos ambientales que alerta sobre el aumento de las agresiones contra los activistas.
Este informe concluye que la última década ha sido mortal para los activistas del medioambiente al registrarse 1,733 asesinatos, una cifra que equivale a un asesinato cada dos días.
Los defensores están siendo atacados y enfrentan violencia, criminalización y acoso"
global witness
"Los defensores están siendo atacados y enfrentan violencia, criminalización y acoso perpetuados por gobiernos represivos y empresas que priorizan las ganancias por encima del daño humano y ambiental. Mientras las democracias están siendo atacadas a nivel mundial, y con el empeoramiento de la crisis climática y de biodiversidad, este informe destaca el papel fundamental de los defensores en la solución de estos problemas y hace un llamado urgente a los esfuerzos globales para protegerlos", advierten los investigadores.
El documento señala que más de la mitad de los ataques registrados durante los últimos diez años han sucedido en países como Brasil, Colombia y Filipinas.
De los datos de 2021, la organización denuncia que México fue el país con el mayor número registrado de asesinatos con un total de 54 muertes, frente a las 30 del año anterior. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas, y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad indígena yaqui.
América Latina es la región más peligrosa
Además, la organización afirma que más de las tres cuartas partes de los ataques registrados en 2021 sucedieron en América Latina, por lo que sigue siendo la región más mortífera para los defensores.
Mientras México lidera la cifra roja en el mundo, con activistas asesinados cada mes, países como Brasil e India también registraron un aumento en los ataques letales pasando de 20 a 26 y de 4 a 14 respectivamente. Por otro lado, tanto Colombia como Filipinas experimentaron una caída en los asesinatos que bajaron de 65 a 33 en 2021 y de 30 a 19, respectivamente.
"Estas personas entienden, en el nivel más fundamental, cómo el destino de la humanidad está entrelazado con el destino de los lugares naturales que defienden. Es por eso que están dispuestos a arriesgarlo todo para defender esos lugares. Y es por eso que ellos, más que nadie, merecen protección", advierte la académica Vandana Shiva, en uno de los capítulos del informe.
Los expertos de Global Witness afirman que en países como Brasil, Perú y Venezuela, el 78% de los ataques se produjeron en la Amazonía.
La investigación también ha detectado que las comunidades indígenas enfrentan un nivel desproporcionado de ataques, casi el 40 %, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial.
Soy víctima de las amenazas por resistirnos a la explotación de los recursos"
Higinio Trinidad defensor mexicano
"Antes solo veíamos los ataques en las noticias, en las estadísticas que salen en los medios, pero como estamos involucrados en esta lucha por nuestras comunidades indígenas, ahora los vivimos en carne propia. Yo soy víctima de las amenazas por resistirnos a la explotación de los recursos que defendemos", asevera Higinio Trinidad de la Cruz, otro activista de Ayotitlán, en una entrevista con Noticias Telemundo.
El informe destaca que el control y uso de la tierra y los territorios es un tema central en los países donde las personas defensoras son amenazadas. Buena parte de los crecientes asesinatos, violencia y represión se relacionan con los conflictos territoriales y la búsqueda del crecimiento económico basado en la extracción de los recursos naturales.
Además, los expertos advierten que los datos sobre asesinatos no captan la magnitud real del problema. En muchos países es difícil determinar la situación de los activistas por las restricciones a la libertad de prensa y la falta de supervisión independiente, lo que suele impedir la elaboración de informes detallados.
"Nos enfrentamos a una forma de ver la naturaleza como algo que no debe ser apreciado y protegido, sino conquistado y sometido. Este es un punto de vista originado en las revoluciones industriales occidentales del siglo XIX (...) casi todos los defensores asesinados son del sur global, pero esa región no recibe las supuestas 'recompensas' económicas de toda esa violencia", afirma Shiva.
Desde 2012, Global Witness ha recopilado datos sobre los asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente. Una de las conclusiones generales de ese proceso de investigación es que todas las pruebas sugieren que, a medida que se intensifica la crisis climática, la violencia contra quienes protegen sus territorios ancestrales sigue siendo un problema persistente.
"Nos tratan como perpetradores"
Otro aspecto preocupante del informe es que denuncia que muy pocos perpetradores de asesinatos son llevados ante la justicia porque los gobiernos no investigan esos crímenes de manera adecuada. Según los expertos, muchas autoridades ignoran o impiden activamente las investigaciones de estos asesinatos porque, a menudo, se detecta la colusión entre los intereses corporativos y la corrupción estatal.
En el caso mexicano, la organización México Evalúa, un centro de análisis, afirma que el 94.8 % de los casos denunciados en el país quedan impunes. Además, la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, ascendió al 93.3% y del diminuto porcentaje que sí se presenta ante las autoridades casi el 95% queda impune.
"El Estado mexicano, mediante sus instituciones de acceso a la justicia, complica la situación en Ayotitlán por las trabas que nos pone para interponer los recursos legales. Es realmente inhumano porque nos tratan como perpetradores", afirma Adriana Sugey Cadenas Salmerón, abogada de la organización Tsikini, una asociación civil que representa legalmente a varios activistas de Jalisco.
Los hallazgos de Global Witness surgen en medio de la gran escalada de violencia que se experimenta en el país. México registró 33,315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.
Además, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han denunciado que durante la gestión de López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto.
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Sin embargo, para activistas como Rosales Contreras, la defensa de sus territorios ancestrales se ha convertido en un ejercicio signado por el miedo. Con amargura recuerda que las muertes de sus familiares, y la de Isaac Chávez, forman parte de un rosario de asesinatos que no ha parado.
En 2012, unos hombres armados sacaron a Celedonio Monroy Prudencio de su casa y nunca más lo volvieron a ver, Aristeo Flores Rolón fue asesinado en 2007 y Nazario Aldama Villa en 2004. La lista, según los defensores de Ayotitlán, no deja de crecer.
"Yo no voy a dejar de luchar, pero lo que le exijo al Gobierno es justicia para que lo que le pasó a mi familia no suceda nunca más. Las autoridades tienen que encontrar a los culpables porque nosotros no le hacemos daño a nadie, solo queremos un poco de igualdad", concluye Rosales Contreras.
