Miles de familias enfermas que fueron forzadas a abandonar sus hogares en Los Ángeles, California, tras la mayor fuga de gas natural reportada en el país, han llegado a un acuerdo de 1,800 millones de dólares con una empresa de servicios públicos, anunciaron los abogados el lunes.
El trato con Southern California Gas Co. y su empresa matriz, Sempra Energy, compensará a 35,000 demandantes por una filtración que tardó casi cuatro meses en ser controlada en 2015.
La fuga de Aliso Canyon provocó la mayor emisión de metano conocida en la historia de Estados Unidos y enfermó a miles de residentes que se marcharon de sus casas, cerca del Valle de San Fernando, para escapar del hedor a azufre y de malestares como dolores de cabeza, náuseas y hemorragias nasales.
Los denunciantes alegaron daños personales por enfermedades y pérdidas materiales en sus viviendas. SoCalGas gastó más de mil millones de dólares por la avería y la mayor parte del dinero se destinó a reubicar temporalmente a 8,000 familias. La empresa de servicios públicos se enfrentó a más de 385 demandas en nombre de 48,000 personas.
“Nuestro objetivo ha sido siempre obtener justicia para los hombres, mujeres y niños a los que SoCalGas falló en cada momento de esta catástrofe”, afirmó en un comunicado el abogado Brian Panish.
Los demandantes sostienen que sufrieron daños personales y materiales después de que un pozo de almacenamiento de gas natural falló y liberó sin control casi 100,000 toneladas de metano y otras sustancias a la atmósfera durante 118 días.
Sempra y SoCalGas negaron haber incurrido en un delito, aseguraron los abogados de los demandantes. Un portavoz de la empresa no respondió a una solicitud de comentarios.
Los reguladores estatales encontraron que la compañía de gas no investigó rupturas previas en los tanques en el sitio de almacenamiento y no evaluó adecuadamente sus antiguos pozos para prevenir potenciales desastres antes de la fuga del 23 de octubre de 2015.
SoCalGas llegó a un acuerdo judicial de 120 millones de dólares con el fiscal general del estado y aceptó un trato de 4 millones de dólares con los fiscales del condado de Los Ángeles, tras ser condenada en el Tribunal Superior de Los Ángeles por no informar rápidamente de la filtración a las autoridades estatales.