Por Michael Phillis y Brittany Peterson - The Associated Press
La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, en inglés) está investigando si la normativa de Colorado sobre contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales discrimina a los residentes hispanos y otras minorías raciales, según una carta publicada el miércoles.
Se trata de un nivel de escrutinio que Lucy Molina, cuya hija va a la escuela cerca de la única refinería de petróleo de Colorado, lleva tiempo buscando. Hace tres años, Molina acababa de salir a la calle cuando notó una capa de ceniza en su Nissan Altima. Entonces recibió un mensaje de que el colegio de su hija había cerrado y entró en pánico. Más tarde se enteró de que la refinería había fallado y expulsado al aire un material similar a la arcilla. Había oído hablar de cierres por tiroteos, pero nunca por contaminación.
Desde entonces ha presionado para que se vigile el aire en la comunidad y se refuercen las protecciones, pero todo parece demasiado tarde. Lleva 30 años viviendo ahí, y sus hijos ya son adultos jóvenes.
“Si lo hubiéramos sabido hace años, nos habríamos mudado”. “Nos habríamos mudado”.
Sus defensores afirman que la refinería de Suncor Energy falla con demasiada frecuencia, lo que dispara las emisiones. Aseguran que Colorado rara vez deniega permisos a los contaminadores, incluso en zonas donde el ozono nocivo ya supera las normas federales.
Los investigadores federales dijeron en la carta que examinarán la supervisión estatal de los mayores contaminadores de Colorado, como la refinería de petróleo Suncor Energy en el norte de Denver, donde vive Molina, y si el efecto de esa contaminación en los residentes es discriminatorio.
Suncor no respondió a una solicitud de comentarios.
La EPA inició su investigación al amparo del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Lleva en marcha desde marzo, pero pasó desapercibida hasta la carta del miércoles, que explica su alcance. La ley permite a la EPA negociar acuerdos con los estados para promover la equidad. El Gobierno de Biden ha intensificado la represión de la discriminación medioambiental.
[Planeta Tierra: Bahías en África quedan destruidas por contaminación con plástico]
Funcionarios de Colorado aseguraron que acogen con satisfacción la revisión de la EPA, una mayor participación de la comunidad y están revisando sus políticas de permisos para asegurarse de que se centran en la justicia ambiental.
“Siempre hemos dado prioridad a la salud y el bienestar de todos los habitantes de Colorado, independiente de su código postal, pero sabemos que aún nos queda mucho por hacer”, declaró Trisha Oeth, directora de salud y protección medioambiental de Colorado.
Sin embargo, la EPA ha constatado a veces que esas prioridades son insuficientes.
La agencia escudriñó la relación del estado con Suncor Energy. La única refinería de petróleo de Colorado tiene unos 90 años y es una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero del estado.
En marzo, la EPA se opuso a un permiso de aire clave para la instalación que los reguladores estatales seguían revisando 10 años después de su fecha de vencimiento original. La agencia planteó “importantes problemas de justicia ambiental” y afirmó que no se había dado al público suficiente oportunidad de opinar. La EPA no puso objeciones cuando el estado expidió un permiso revisado.
En julio, la agencia también señaló que el estado había expedido permisos para una mina, pozos de petróleo y gas y otros pequeños contaminantes a pesar de que podían contribuir a incumplir las normas federales de calidad del aire. Colorado afirmó que mejoraría sus revisiones, pero se negó a revisar sus decisiones en materia de permisos.
No obstante, hay indicios de que la agencia eligió Colorado porque podía ser un socio dispuesto.
“Colorado ha sido uno de los estados que ha liderado el tratamiento de la justicia ambiental en la legislatura”, afirmó KC Becker, jefe de la región de la EPA que incluye Colorado y antiguo líder legislativo del estado.
Colorado ha reforzado los requisitos de control del aire. Ha aumentado la financiación de las revisiones de los permisos atmosféricos. El plan estatal de reducción de gases de efecto invernadero pretende reducir la contaminación en zonas sobrecargadas. También ha colaborado con la EPA para garantizar que las inspecciones se centren en las zonas más contaminadas y que, cuando las empresas lleguen a acuerdos por infracciones, paguen por proyectos que beneficien a las comunidades.
[Países ricos acuerdan pagar por los daños del cambio climático en las naciones pobres]
Estos cambios “han dado a la EPA la oportunidad de decir: ‘bueno, si esto es a lo que os comprometéis, vamos a probarlo de verdad, a ver si demostráis vuestra valía’”, declaró Jeremy Nichols, responsable de los programas de clima y energía de WildEarth Guardians.
Nichols afirmó que Colorado es demasiado deferente con la industria. Quiere que el estado deniegue los permisos mucho más a menudo.
Ian Coghill, abogado de Earthjustice que impugna el permiso de Suncor Energy, afirma que el tira y afloja entre la EPA y el Estado no ha producido grandes mejoras. Las revisiones del permiso de Suncor Energy, agregó, “no han cambiado mucho”.
Confía en que la investigación sobre derechos civiles obligue al Estado a introducir cambios y a detallar el efecto acumulativo de la contaminación de la industria sobre los residentes de North Denver.
“Definitivamente soy optimista”, aseguró.