Par Lawrence Hurley — NBC News
La Corte Suprema debilitó este jueves una ley histórica contra la contaminación del agua al dictar que la propiedad de una pareja de Idaho no incluye humedales sujetos a esta supervisión federal.
El fallo, en el que todos los magistrados coincidieron en el resultado pero difirieron en el razonamiento jurídico, concluyó que las tierras de Chantell y Mike Sackett no están bajo la jurisdicción de la Ley de Aguas Limpias de 1972, por lo que la pareja no necesita un permiso federal para construir en su propiedad.
La decisión pone fin a su batalla de años con el Gobierno federal y supone una victoria para los grupos conservadores y los intereses empresariales que se oponen a una interpretación amplia de la ley.
El tribunal dictaminó por cinco votos a favor y cuatro en contra, en una opinión cuyo autor es el juez conservador Samuel Alito, que la jurisdicción de la Ley de Aguas Limpias sólo aplica a los humedales que son “indistinguibles” de masas de agua más grandes por tener una “conexión superficial continua”.
Los humedales en la propiedad de los Sackett, escribió Alito, sí son “distinguibles de cualquier agua posiblemente cubierta”.
El juez conservador Brett Kavanaugh se unió a los tres progresistas en desacuerdo con este dictamen. "Al limitar la cobertura de los humedales en la ley a los humedales adyacentes, el dictamen de la corte dejará algunos humedales adyacentes regulados desde hace mucho tiempo sin cobertura de la Ley de Agua Limpia, con repercusiones significativas para la calidad del agua y el control de inundaciones en todo Estados Unidos”, escribió Kavanaugh.
Los ecologistas pronosticaron que el debilitamiento de esta ley desprotegería más de la mitad de los humedales del país.
El caso supuso el regreso de los Sackett a la Corte Suprema por segunda vez, después de que los jueces fallaran a su favor en un caso anterior en 2012. Ambos casos se refieren a la misma disputa subyacente: su intento de construir un edificio en un terreno de su propiedad en Priest Lake, Idaho, parte del cual la agencia federal de Protección Medioambiental (EPA, en inglés) ha considerado un humedal protegido, lo que significa que la tierra está sujeta a la jurisdicción federal y la construcción en ella requiere un permiso.
La disputa legal se centró en si los Sackett podían impugnar ante los tribunales una orden de cumplimiento de la EPA después de haber rellenado la zona afectada con grava y arena sin obtener permiso.
La lucha, que comenzó en 2007, continuó sobre si el terreno era un humedal en absoluto. Los Sackett recurrieron a la Corte Suprema por segunda vez después de que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito fallara en agosto de 2021 a favor del Gobierno federal en su determinación de que la zona sí constituía un humedal.
La ley sobre cómo definir un humedal —de interés clave para los promotores inmobiliarios y otros intereses empresariales— ha sido confusa durante mucho tiempo y no se resolvió cuando la Corte Suprema resolvió un caso anterior sobre la cuestión.
En 2006, cuatro jueces afirmaron que la Ley de Aguas Limpias abarcaba los humedales con una “conexión superficial continua” a un curso de agua, pero no hubo una mayoría clara. El juez Anthony Kennedy, que aportó el quinto voto en la sentencia de 5-4, propuso su propia prueba, según la cual la ley establecía la jurisdicción sobre los humedales con un “nexo significativo” con un curso de agua.
Las sucesivas administraciones presidenciales han tratado de aportar claridad a la ley, con los demócratas generalmente a favor de un mayor poder federal y los republicanos, respaldados por los intereses empresariales, diciendo que la jurisdicción de la ley debe ser limitada.
El Gobierno del demócrata Joe Biden finalizó su propia norma en diciembre, que vuelve en gran medida a la interpretación que existía antes de las medidas adoptadas por los Gobiernos del demócrata Barack Obama y el republicano Donald Trump.
El 19 de marzo, un juez federal bloqueó la norma en Idaho y Texas, alegando que ampliaba ilegalmente la jurisdicción federal más allá de lo que Kennedy había previsto. La norma ha entrado en vigor en el resto de los estados.
La Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora escéptica ante las amplias afirmaciones del poder ejecutivo que a menudo cortan las alas a las agencias federales.
En la legislatura que concluyó en junio, los jueces emitieron una importante sentencia que limitaba la capacidad de la EPA para hacer frente a la emergencia climática regulando las emisiones de carbono en virtud de la Ley de Aire Limpio.