La figura aparentemente frágil de la periodista filipina Maria Ressa (56) resiste esta semana la sentencia de un tribunal de su país que la declaró culpable por difamación a partir de un artículo publicado en Rappler, la página web de periodismo de investigación que fundó y lidera desde hace ocho años y uno de los escasos medios de comunicación filipinos que sostiene una línea editorial crítica del mandatario Rodrigo Duterte.
Aunque el caso sometido a juicio parte de un incordio por la reputación de Wilfredo Keng, un reconocido empresario vinculado con una red de tráfico de personas y narcóticos por un artículo publicado en Rappler –y cuyo redactor, Reynaldo Santos, también ha sido juzgado e igualmente declarado culpable– la historia de acoso del régimen de Duterte hacia Ressa y la prensa independiente de su país busca un efecto ejemplarizante de censura a través de la persecución política.
Los giros legales que ha tomado el caso sustentan estos temores. Primero, las leyes filipinas establecen que las demandas por difamación deben presentarse en el lapso de un año desde la fecha de publicación del artículo, y en este caso la demanda fue introducida en 2017, cinco años después de que fuera publicada la investigación, en 2012. Segundo, el delito por “ciber difamación” entró en vigencia cuatro meses después de que fuera publicada la pieza, y la ley no puede aplicarse retroactivamente.
Ya en 2018 el régimen de Rodrigo Duterte había retirado la licencia de publicación a Rappler señalando que entre sus dueños figuraban compañías estadounidenses, algo que Ressa negó asegurando que el portal era de dueños filipinos exclusivamente y seguía los preceptos permitidos por la Constitución de ese país. El año anterior, Duterte había mostrado su desprecio hacia el portal llamándolo fake news y criticándolo por “tirarles basura”. “Si están tratando de tirarnos basura, lo menos que podemos hacer es explicar sobre ustedes”, dijo el mandatario en ese momento. “¿Están ustedes limpios?”.
"Implicaciones para la libertad de prensa"
La batalla frontal del régimen de Duterte contra Ressa ha tocado a otros medios filipinos que defendían una línea editorial independiente como la estación de televisión ABS CBS, sacada del aire hace un par de meses por orden oficial hasta la renovación de su licencia de transmisión. Este tipo de acosos jurídicos y persecuciones legales sobre la base de tecnicismos son parte de las nuevas formas de regímenes autoritarios de imponerse contra la prensa libre, como ha ocurrido en países como Venezuela.
Desde los tribunales filipinos también se ha acusado a Ressa por evasión de impuestos lo que, en conjunto con las acusaciones anteriores, le ha valido un par de arrestos sobre los que ha podido salir pagando fianzas, y otras siete para evitar ser detenida. Del proceso que acaba de condenarla salió tras pagar una fianza de 400,000 pesos filipinos, equivalentes a unos 8,000 dólares, igual que el reportero Santos. Ambos tienen 15 días para apelar la decisión que, de ratificarse, podría llevarla a seis años de prisión pero que desde ya ha sido calificada como “un hito que tendrá implicaciones para la libertad de prensa”, según señaló el Phillipines Daily Inquirer.
En total, durante los últimos cuatro años Ressa ha sido perseguida a través de once procesos jurídicos, lo que la ha convertido en un símbolo de su país de lucha por la libertad de expresión y reconocida internacionalmente con varios premios y el nombramiento –junto con otros periodistas del mundo– como “persona del año” por la revista Time en 2018. Al salir de escuchar el veredicto, aseguró como en otras tantas ocasiones “vamos a tomar esto y vamos a luchar”.
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