Madre salvadoreña demanda al DHS para exigir reunificación con su hijo

En la demanda, "Ms. Q" argumenta que el gobierno federal ha violado la Constitución al negarle la reunificación con su hijo, que cumplió cuatro años en un albergue.

Una madre salvadoreña, identificada como “Ms. Q”, presentó este jueves una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) porque ya lleva siete meses sin ver a su hijo de cuatro años, informó el grupo que la representa.

“Ms Q” entabló la demanda de 23 páginas contra el DHS y varios de sus funcionarios, y contra el fiscal general, Jeff Sessions, en un tribunal federal en la capital estadounidense, argumentando que la agencia violó la Constitución al negarle en julio pasado la reunificación con su hijo, informó el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por su sigla en inglés).

“El gobierno tomó a un niño de tres años de los brazos de su madre hace siete meses, y ha usado pretextos y confusión al negarse a reunificarlos desde entonces”, explicó Michael Galas, abogado de la firma de derecho internacional, Gibbson Dunn, quien los representa de forma gratuita.

“Ms. Q y su hijo sufren más cada día que pasan separados, sin razón legítima alguna y en violación de la Constitución. Le pedimos a la corte que restablezca de inmediato lo poco que les queda—su familia”, enfatizó el abogado.

La inmigrante salvadoreña, que ha solicitado asilo, se encuentra bajo custodia federal en Laredo (Texas), mientras que su hijo fue enviado a uno de los albergues del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) en Chicago (Illinois), según NIJC.

El grupo asegura que, debido a la separación familiar, “Ms Q” está sufriendo síntomas de ansiedad y depresión, mientras que su hijo, que cumplió cuatro años en un albergue del HHS, ha tenido reveses en su desarrollo físico y emocional.

“El costo humano de la agenda del gobierno Trump de bloquear el acceso al asilo para familias que huyen de Centroamérica es cada vez más aparente y de forma devastadora conforme pasan los días de separación de Ms. Q y su hijo. No hay manera de que esta familia logre justicia mientras Ms. Q esté encarcelada y separada de su hijo”, dijo Kate Melloy Goettel, una abogada de NIJC también involucrada en el caso.

El DHS no suele hacer comentarios sobre casos en litigio pero, al parecer, la agencia considera que “Ms Q” no califica para ser reunificada con su hijo debido a una orden de arresto en El Salvador por presuntamente pertenecer a una pandilla o estar vinculada con actividad criminal.

Sin embargo, durante una audiencia la semana pasada en un tribunal de Inmigración, el DHS no ofreció pruebas sobre la supuesta orden de arresto, afirmó NIJC.

La mujer, de 31 años y que la revista “The New Yorker” identificó por su segundo nombre, “Ivette”, en un artículo publicado en septiembre pasado, fue detenida en marzo pasado cuando cruzó ilegalmente con su hijo por el lado de McAllen (Texas) y solicitó asilo.

Fue separada de su hijo antes de que la Administración Trump pusiera en marcha, en abril pasado, su política de “tolerancia cero” en la frontera sur, que permitió la separación de familias y que los inmigrantes indocumentados sean referidos a la fiscalía para su procesamiento judicial.

El pasado 26 de junio, el juez federal en San Diego (California), Dana Sabraw, dio plazo a la Administración hasta el 10 de julio para reunificar con sus padres a todos los menores de cinco años, y hasta el 26 de julio para el resto de los menores.

El gobierno Trump, que falló ambos plazos, defiende sus esfuerzos por cumplir con la orden de Sabraw para reunificar a los más de 2,550 niños que el gobierno separó de sus padres en la frontera sur.

El gobierno de Trump insiste en que los menores que aún tiene bajo su custodia no pueden ser reunificados porque no pueden establecer su parentesco, sus padres ya fueron deportados, o tienen historial criminal u orden de arresto.

Según la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que ha entablado una demanda contra la Administración por la separación de familias, el gobierno aún tiene bajo su custodia a 250 niños.

Baher Azmy, director legal del Centro para Derechos Constitucionales (CCR, en inglés), dijo que “Ms. Q” y su hijo huyeron de El Salvador para evitar “el riesgo de tortura y muerte” pero acá se toparon con otro tipo de “tortura” mediante la separación de padres de sus hijos pequeños.

“La Constitución prohíbe la cruel práctica de la Administración de separar a familias en su afán por perseguir una política discriminatoria de excluir a refugiados que huyen de la persecución en sus países. Esta crueldad sigue ocurriendo hoy, causando un devastador trauma emocional y psicológico para las familias”, puntualizó Azmy.