La Junta de Supervisores de Los Ángeles, California, ha acordado este martes reclamar al Gobierno de Donald Trump que no aplique una nueva normativa que busca castigar a los inmigrantes que reciben ayudas federales. La propuesta, que aún no ha sido implementada, afectará a personas que soliciten ingresar en EE.UU. o que buscan la “tarjeta verde” si han solicitado beneficios públicos como Medicaid, cupones para alimentos o vivienda pública.
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La Administración quiere ampliar la definición de “carga pública” para incluir a inmigrantes de bajos recursos que reciben uno o más tipos de ayuda pública, incluyendo cupones de comida, subsidios de la “sección 8” del programa de vivienda, cobertura bajo “Medicaid”, y cobertura de medicinas bajo la “parte D” del sistema de “Medicare”.
En una votación unánime, la Junta de Supervisores ha acordado enviar una carta a los funcionarios de inmigración y del Congreso para desafiar la regulación propuesta el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Esta propuesta reescribe una norma de 1999 que limitaba las tarjetas de residencia para inmigrantes que dependían de beneficios en efectivo, pero no tomaba en cuenta la atención médica u otros beneficios no monetarios.
"Sería muy perjudicial, no solo para inmigrantes que quieren ingresar legalmente a los Estados Unidos, sino en general para todos los residentes del condado", ha dicho la supervisora Hilda Solís, ponente de la iniciativa. Considera que estos inmigrantes dejarán de asistir a los servicios públicos subsidiados de salud, por lo que afectaría a su salud en general.
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Solís subraya que también afectaría a aquellos que disfrutan del subsidio de vivienda conocido como Sección 8, lo que aumentaría la grave situación de indigencia que enfrenta el condado.
La norma se encuentra en el período de 60 días de comentarios públicos, seguido de un proceso de deliberaciones internas antes de su implementación. Así, los supervisores llaman a los ciudadanos y organizaciones comunitarias a que se manifiesten contra la norma.
Al cuestionarse la retroactividad de la medida, el abogado en jefe del condado, Lawrence Hafetz, aclaró que "lo que se redactó hace un mes y medio sí era retroactivo pero todavía no hay un registro final y no sabemos cómo va a terminar".
La junta señaló que anteriormente se estimuló a los gobiernos locales para que promovieran el uso de los servicios subsidiados para muchas más personas, con lo que esta nueva medida va en contradicción con lo que se estableció el Gobierno federal anterior. "Hicimos un trabajo anteriormente para que más gente se beneficie de, por ejemplo, de CalFresh (subsidio de alimentación para familias de bajos ingresos) y ahora los vamos a castigar", señala la supervisora Kathryn Barger.
Además de aprobar este martes el memorando, que se enviará al Departamento de Seguridad Nacional y a miembros del Congreso, la junta pide a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado que colabore con organizaciones comunitarias para educar a los inmigrantes sobre este tema.