Por Teddy Wilson - openDemocracy
“Cuando obligas a que alguien se reprima de ser quien es, eso no es libertad, eso no es evangelio”, dice Dylan Gunnels, defensor de las personas LGBTQ+.
El mes pasado, Gunnels relató su experiencia ante el concejo municipal de Columbia, la capital de Carolina del Sur, donde vive. Allí describió su propio “trauma psicológico” por haber tenido que soportar los intentos para cambiar su sexualidad. “La ciencia muestra que son más dañinos que útiles”, dijo.
Columbia es el ejemplo más reciente de una tendencia que se aprecia en diversas regiones de Estados Unidos —al menos en 90 ciudades, condados y otros municipios— que tomaron medidas contra la controvertida práctica de las “terapias de conversión”, que intentan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Casi la mitad de esas prohibiciones (43) entraron en vigor desde 2019.
El 4 de mayo, el concejo municipal de Columbia aprobó en primera votación una ordenanza que ilegaliza “la provisión de terapia de conversión o terapia reparativa a un menor […] si el proveedor recibe un pago por esos servicios”. La ordenanza obtuvo su aprobación final el 16 de junio.
Esos intentos por cambiar o influir en la orientación sexual de las personas, erróneamente conocidos como ‘terapias’, han sido condenados por decenas de asociaciones médicas en todo el mundo. Son “realmente terribles, desacreditadas y dañinas”, dice Logan Casey, investigador principal de políticas en el Movement Advancement Project (MAP), un grupo de la sociedad civil de Colorado.
Casey atribuye las medidas locales contra la terapia de conversión a “una creciente conciencia pública”. Se “activa una alarma en la gente al ver que se trata de un problema contemporáneo, y que algo deben hacer para proteger a sus hijos e hijas”, señala.
“Me rompe el corazón pensar que una persona joven sea sometida a cosas como estas”, explica Tameika Isaac Devine, concejal de Columbia.
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El Trevor Project, que hace campañas por la prohibición de esos “tratamientos de conversión”, descubrió en una encuesta realizada en 2020 que 10% de los jóvenes LGBTQ+ habían sufrido esas prácticas y que ellos “durante el año anterior reportaron tasas de intentos de suicidio dos veces más elevadas” que las que se registraron entre quienes no habían experimentado esas prácticas.
Acción local y reacción
Las acciones para prohibir esas prácticas parecen cobrar impulso en las ciudades al captar el apoyo público y la capacidad política. En lo que va de este año siete gobiernos municipales y condados las prohibieron y por lo menos uno más (el de Norman, Oklahoma) está estudiando una ordenanza similar.
Hace poco, la comisión de derechos humanos de Norman (ciudad de unos 120,000 habitantes) le recomendó por unanimidad al concejo local que prohibiera a las profesiones médicas brindar esos tratamientos a las personas menores de edad.
En general, estas leyes locales prohíben las “terapias de conversión” para menores de 18 años suministradas por profesionales de la salud con licencias para ejercer emitidas por el estado, pero muchas no impiden que esas prácticas sean realizadas por las organizaciones religiosas.
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Grupos conservadores influyentes que están en contra de los derechos de las personas LGBTQ+, así como legisladores del Partido Repúblicano, han resistido fieramente estas prohibiciones.
En todo el país, veinte estados y el Distrito de Columbia también adoptaron leyes que prohíben esas prácticas en el caso de los menores. Los últimos fueron Utah y Virginia, el año pasado. La mayoría de esas leyes contaron con apoyo bipartidista, y ocho fueron promulgadas por gobernadores republicanos.
Este año, se presentaron al menos tres decenas de proyectos de ley para prohibir o restringir las “terapias de conversión” en siete legislaturas estatales pero, hasta ahora, muy pocas han sido tratadas en audiencias.
En su campaña presidencial, el mandatario Joe Biden se comprometió a apoyar el proyecto de Ley para Prevenir el Fraude Terapéutico, que introduciría una prohibición federal contra esas prácticas “de conversión” que se realizan de manera privada. Otro proyecto de ley busca prohibir el uso de recursos federales del plan de salud pública Medicaid para pagar esas prácticas. Pero la verdadera acción, al parecer, sigue en los ámbitos locales.
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“Es muy importante seguir intentando que se apruebe una prohibición federal de la terapia de conversión”, dice Casey del MAP. Pero “activistas locales y estatales van a seguir impulsando prohibiciones locales y la adopción de protecciones tan pronto como se pueda, mientras esperamos y trabajamos por una ley federal que capte la atención pública”.
“Vemos que brotan montones de ordenanzas locales, a medida que los residentes toman en sus manos la tarea de crear protecciones que el Estado no asume”, explica Casey.
Resistencia y resiliencia
Devine, la concejal de Columbia, explica que el cuerpo legislativo municipal revisó otras ordenanzas adoptadas en diferentes ciudades con ayuda de LGBTQ+LO, un bloque de la Liga Nacional de Ciudades, así como un borrador suministrado por la Human Rights Campaign, la organización de abogacía y cabildeo LGBTQ+ más prominente de EE.UU.
“Por favor, hagamos lo correcto para nuestra juventud. Por favor, hagamos lo correcto para nuestras poblaciones más vulnerables”, dijo Dylan Gunnels cuando habló ante el concejo de Columbia. “Al hacerlo, ustedes envían el mensaje” de que la equidad y la protección de los jóvenes “son una prioridad para la ciudad”, argumentó.
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Gunnels es el fundador de Agape Table, un grupo de apoyo a personas LGBTQ+ creyentes que tuvieron experiencias traumáticas, entre ellas las seudoterapias de conversión. Luego de perder la campaña para ser concejal en 2018, Gunnels trabajó con su adversario en esas elecciones, Howard Duvall, quien integra el concejo municipal, en temas de inclusión LGBTQ+.
El concejo municipal de Columbia ha sido “aliado y promotor”, según Gunnels, pero las iglesias locales y grupos religiosos unieron fuerzas para resistir la prohibición.
El Palmetto Family Council —afiliado en Carolina del Sur a la Family Policy Alliance, un grupo nacional de lobby cristiano y derechista— e iglesias evangélicas conservadoras realizaron una campaña de llamadas telefónicas a los miembros del concejo para que votaran en contra de la ordenanza.
“La señal que dan es que no eres bienvenido a la mesa, que van a hacer todo lo que puedan para combatir tu verdadera igualdad”, dice Gunnels.
El senador estatal republicano Josh Kimbrell envió una carta al fiscal general de Carolina del Sur para pedirle que “anulara” la ordenanza de Columbia, a la que describió como ejemplo de “desenfrenada corrección política”.
Kimbrell “no representa a los ciudadanos de Columbia”, dice Devine. “No le presto mucha atención a su carta”, agrega.
Este año, Kimbrell auspició un fallido proyecto para incluir a los profesionales de la salud mental del estado en las leyes de ‘derecho de conciencia’ de Carolina del Sur, que dan protección legal a quienes se nieguen a participar en procedimientos que violen sus convicciones religiosas (como abortos y prescripciones de anticonceptivos).
El legislador alegó que ese proyecto “reemplazaría cualquier ordenanza municipal”, incluyendo la de Columbia para prohibir las seudoterapias de conversión. Kimbrell también propuso un proyecto para prohibir que las mujeres trans hagan deporte en las secundarias.
Melissa Moore, administradora regional de la Women's Rights and Empowerment Network, y veterana defensora LGBTQ en Carolina del Sur, apunta: “Si nuestras voces no fueran poderosas, quienes se nos oponen no trabajarían tan duro para silenciarnos”.
“El relato sobre Carolina del Sur que más se amplifica es el de sus legisladores intolerantes y el de las cosas terribles que viven las personas queer, las personas negras y morenas, las personas que viven debajo de la línea de pobreza”, dice Moore.
Pero, aunque le resulta muy familiar la política reaccionaria de Carolina del Sur, Moore agrega: “Hay otra historia aquí, una rica historia de resistencia y resiliencia”.
Este artículo fue publicado por Documenting the Resistance de openDemocracy.