La política de Trump en la frontera sur trae "formidables ganancias" a empresas militares

Nuevo informe pone los reflectores sobre cómo las grandes empresas militares se han lucrado con la política migratoria de la Administración Trump, y son un impedimento importante para una política migratoria más "humana".

WASHINGTON.— El presidente, Donald Trump, no inventó la militarización de la frontera sur para frenar el paso a inmigrantes indocumentados, pero importantes empresas militares globales, como Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin y Northrop Grumman, se han lucrado con la política migratoria de su Administración e impiden una “respuesta humana” a la crisis en la frontera, según analistas.

Así lo denunció un informe divulgado hoy por el "Instituto Transnacional" (TNI),  un instituto internacional de investigación que durante más de 40 años ha realizado investigaciones sobre asuntos de justicia social a gran escala.

El informe, titulado “Más que un muro: enriquecimiento empresarial y militarización de las fronteras estadounidenses”, describe cómo, mucho antes del debate sobre el prometido muro fronterizo de Trump, las empresas militares han obtenido jugosos contratos del gobierno federal durante décadas para otorgar tecnología militar clave para la vigilancia fronteriza, incluyendo sensores, aviones no tripulados, y tecnología biométrica, entre otros. 

De hecho, el recrudecimiento de la vigilancia fronteriza se remonta a la Administración Clinton, durante la década de 1990, cuando el gobierno de EEUU desplegó más agentes y recursos a zonas de alto tráfico de inmigrantes indocumentados, obligándolos a buscar alternativas más remotas, inhóspitas y peligrosas en zonas desérticas. 

Trump ganó la presidencia en 2016 con promesas de construcción un muro a lo largo de toda la frontera. La renuencia del Congreso a aprobar los fondos para el megaproyecto forzó a la Administración a intentar nuevas estrategias, incluyendo el desviar fondos de operaciones militares a la vigilancia fronteriza. 

Así, la difusión del informe se produjo en unos momentos en que la Administración Trump es objeto de críticas por la represión de inmigrantes indocumentados, las restricciones al asilo y a refugiados, y por canalizar fondos del Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo.

 El informe explora la historia del control fronterizo en EEUU, el apoyo bipartidista a la militarización de la frontera - mucho antes de la llegada de Trump al poder en 2017-, y cómo las principales empresas de armamentos y de los sectores de seguridad y tecnología de información “han logrado formidables ganancias con el crecimiento exponencial de los presupuestos gubernamentales destinados al control fronterizo”.

Es que, desde al menos el inicio de la década de 1980, gobiernos demócratas y republicanos han venido incrementando los presupuestos para la vigilancia fronteriza, y eso flujo de fondos públicos sólo ha fortalecido a lo que el informe calificó como un poderoso "complejo industrial" que se beneficia de políticas represivas y de la actual crisis migratoria en la frontera. 

“Con este informe queríamos que la opinión pública tuviese el contexto histórico dentro del debate sobre la construcción del muro, porque la militarización de la frontera ha tenido el apoyo de ambos partidos”, explicó a Noticias Telemundo Nick Buxton, editor del informe.

“Lo que ha cambiado ahora bajo la Administración Trump, debido en buena medida a una retórica tóxica y hostil contra los inmigrantes, es que hay un mayor enfoque sobre el costo de estas políticas, que vemos en la separación de familias, y la satanización de los latinos”, agregó.

“Queremos que la gente, que los votantes, se pregunten si quieren que empresas que se lucran de la militarización sean parte de ese diálogo y si quieren mantener el ciclo de financiación de una política (de vigilancia fronteriza) que no está atendiendo las causas subyacentes de la emigración ilegal”, subrayó Buxton.

 Según el análisis, entre 2006 y 2018, la Oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP) y la Guardia Costera emitieron en su conjunto más de 344,000 contratos para servicios de control de fronteras, por un total de $80,500 millones.

Los más de 64,000 contratos de CBP durante ese período, por unos $27,000 millones, por sí solos excedieron todos los presupuestos del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) -precursor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)- entre 1975 y 1998, que totalizaron cerca de $26,100 millones.

La CBP, según el informe, es el mayor contratista federal en lo que respecta a servicios de control de inmigración y fronteras, y compañías como Accenture, Boeing, General Atomics, General Dynamics, IBM, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y UNISYS, figuran entre las principales empresas que reciben contratos.

Los contratos de la CBP han crecido tanto en volumen como en valor, tanto que, en 2009, Lockheed Martin logró un contrato por un valor potencial de más de $945 millones para el mantenimiento de 16 aviones de vigilancia “P-3”, y en 2016, General Atomics logró uno por $276 millones para el mantenimiento operacional del sistema de aviones no tripulados (“drones”) “Predator B”.

Muchas de estas empresas, que reciben contratos del Pentágono y de la CBP, figuran entre las más activas en operaciones de cabildeo y de donaciones políticas ante el Congreso, a juzgar por datos de la página web "Open Secrets".  Lockheed Martin, por ejemplo, donó poco más de $1,8 millones para candidatos republicanos y poco más de $1,2 millones para candidatos demócratas para escaños al Congreso en el ciclo electoral de 2018.

La organización aún no tiene datos sobre las donaciones políticas de estas empresas a los candidatos presidenciales para los comicios de 2020, pero una fuente confirmó a Noticias Telemundo que preparan un informe al respecto.

El análisis de TNI, que cita algunos datos de “Open Secrets”, destacó que entre 2006 y 2018, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Raytheon, y Boeing, donaron $27,6 millones a miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. De éstas, Northrop Grumman y Lockheed Martin fueron las dos principales donantes, con $866,194 y $691,401, respectivamente.

También el monto de los contratos otorgados a corporaciones para el arresto, encarcelamiento y deportación de migrantes ha sido mucho mayor al que el gobierno ha desembolsado para grupos humanitarios que ofrecen servicios de apoyo a los refugiados, dijo TNI.

En 2016, la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), designó $14,9 millones a nueve agencias sin fines de lucro para ayudar a los refugiados, una pequeña fracción de lo que reciben las empresas vinculadas con el encierro de migrantes en la frontera sur.

Según Buxton, otro aspecto preocupante del “complejo industrial de fronteras” es la “puerta giratoria” entre líderes del gobierno y el sector, tomando en cuenta que entre 2003 y 2017, al menos cuatro comisionados de la CBP y tres secretarios del DHS se incorporaron a empresas de seguridad nacional o consultorías tras abandonar el gobierno.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Fernando García, director ejecutivo y co-fundador de la "Red Fronteriza por los Derechos Humanos" (BNHR, por su sigla en inglés), elogió la difusión del informe porque, a su juicio, "hace transparente los intereses que hay detrás de la militarización de la frontera".

"Nuestra frontera sur es uno de las más militarizadas del mundo, y eso es algo que llevó años, bajo gobiernos demócratas y republicanos...  Trump ha pisoteado la ley que prohíbe el despliegue de militares en suelo estadounidense mediante su declaración de emergencia, y ha convertido en enemigo al inmigrante pobre, a gente que busca una mejor vida en EEUU", observó.

"La militarización de la frontera, aparte de ser una herramienta electoral, le da oportunidades de ganancias a las empresas, ahora que EEUU está replegándose de otros conflictos bélicos. Mientras la gente no entienda los nexos e intereses detrás de esto, no se resolverá la crisis en la frontera ni tendremos una política más digna que respete los derechos humanos" de los migrantes, puntualizó García. 

Por su parte, Hannah Taleb, activista del grupo humanitario “No Más Muertes”, que ha copatrocinado el informe, advirtió que la continua militarización de la frontera “no solo ha aumentado las ganancias de las empresas, sino que también ha causado un sufrimiento humano incalculable”, en la frontera sur.

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