CIUDAD DE MÉXICO.- El máximo tribunal mexicano tuvo en sus manos la posibilidad de despenalizar el aborto con un fallo histórico. Prefirió dejar el asunto tal y como está.
La Suprema Corte de Justicia analizó este miércoles un amparo que acusaba al estado de Veracruz de restringir los derechos de las mexicanas, al afirmar que su código penal viola la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al igual que la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La decisión judicial pudiera haber sido un hito nacional que reformulara el acceso a la salud de todas las mexicanas al abrir la puerta a más amparos y recursos para cambiar leyes similarmente prohibitivas en otros estados.
Actualmente los abortos realizados de manera clandestina debido a la criminalización son la cuarta causa de muerte materna en México, según el informe de una ONG elaborado a partir de datos oficiales.
La normativa de Veracruz “genera un estado de cosas inconstitucional […] que en última instancia se traduce en una violación a los derechos humanos de las mujeres", indicaba el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara.
“Las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras 12 semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado”, agrega el texto.
Eran necesarios tres de cinco votos a favor del proyecto, pero al final hubo cuatro en contra. El tema pudiera volver a ser revisado si otro de los cinco jueces redacta un proyecto nuevo.
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Las dos ministras y los dos ministros que rechazaron el proyecto de González Alcántara opinaron que el amparo no es procedente por un tecnicismo: la ley de Veracruz dice que no es punible el aborto bajo circunstancias muy específicas, como la violación o la inseminación no consentida.
Pero la ley y la realidad de cómo se aplica son distintas.
Técnicamente es cierto que en los 32 estados mexicanos no se prevé castigar la interrupción de un embarazo por ciertos causales.
Sin embargo, esas mujeres suelen ser perseguidas por otros delitos: en la mitad de los estados de México –incluido Veracruz– se considera que un óvulo fecundado ya cuenta como un humano, el concepto de “vida desde la concepción”, por lo que si una mujer interrumpe la gestación las fiscalías la pueden acusar de homicidio por parentesco.
Alrededor de 200 mexicanas, muchas de ellas de origen indígena, incluso han sido encarceladas por ese concepto tras haber sufrido abortos espontáneos (miscarriages), de acuerdo con la organización Las Libres.
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La interrupción legal de un embarazo está permitida en Ciudad de México desde 2007, y dejó de ser delito en el estado de Oaxaca en septiembre pasado para quienes tengan hasta 12 semanas de gestación.
En todo el tiempo que ha sido legal el aborto en la capital mexicana se han realizado más de 60,000 procedimientos en hospitales públicos; en el 57% de los casos, la interrupción fue solicitada por una mujer que ya tiene por lo menos un hijo, y el 65% de ellas dijeron ser católicas, de acuerdo con un análisis de datos oficiales.
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El aborto legal sigue siendo un tema muy poco popular entre los mexicanos en general: a nivel nacional solo 32% de la población considera que las mujeres deben tener el derecho de abortar, según una encuesta.
En contraste, en Estados Unidos el 79% de la población considera que el aborto debe ser legal, sin importar las circunstancias o bajo algunos causales, de acuerdo con los últimos datos de Gallup.
La interrupción de un embarazo ha sido legal en territorio estadounidense desde 1973, con el fallo de Roe v. Wade.
En días pasados en México hubo manifestaciones en contra y a favor del derecho a decidir, tanto protestas físicas con algunos participantes como, debido a la pandemia de COVID-19, pronunciamientos en redes sociales. Se viralizaron así las etiquetas #MéxicoEsProAborto y #CorteAbortoNo.
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Entre las partidarias de que deje de ser un crimen abortar en México está la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, quien este miércoles afirmó: “La mujer no debe enfrentar un proceso penal por tomar una decisión de esta naturaleza”.
Si en el futuro se presentan más amparos como el que en este momento no tuvo éxito desde Veracruz, es posible que más adelante las mujeres en México ya no sean sometidas a esos procesos repudiados por la ministra del Interior.