La Corte Suprema le permitió a la Administración que preside Donald Trump terminar el Censo 2020 con más de dos semanas de anticipación, a pesar de las preocupaciones de activistas y autoridades locales de que acortar el plazo del 31 de octubre podría afectar la exactitud del ejercicio con enormes consecuencias para el sistema político y de gobierno.
La Administración había solicitado al máximo tribunal del país que suspendiera la decisión de una corte de distrito que había determinado que el censo debería continuar hasta el fin de octubre. La Corte Suprema decidió que el Gobierno podía suspenderlo, mientras se seguía con el litigio.
Una coalición de Gobiernos locales y grupos de derechos civiles había demandado a la Administración, con el argumento de que las minorías y otras personas en comunidades marginadas corrían riesgo de no quedar representadas adecuadamente si se terminaba antes el conteo que se lleva a cabo cada 10 años.
En su defensa ante la corte federal del distrito norte de California, la Administración alegó que necesitaba terminar el censo inmediatamente para que la Oficina del Censo tuviera suficiente tiempo para entregar los datos, antes del plazo de un año establecido por el Congreso.
Sin embargo, según los activistas que presentaron la demanda, el verdadero propósito del presidente Trump al adelantar el calendario era excluir de manera ilegal a personas y comunidades marginadas del conteo que determina cuántos escaños obtiene cada estado en el Congreso y en el Colegio Electoral, que elige al presidente cada cuatro años.
La magistrada Sonia Sotomayor disintió de la decisión mayoritaria en el máximo tribunal.
“Asimismo, cumplir con el plazo a expensas de la exactitud del censo no es un costo que valga la pena pagar, especialmente cuando el Gobierno no ha demostrado por qué no puede asumir el menor costo de gastar más recursos para cumplir con el plazo o continuar con sus esfuerzos previos para buscar una extensión del Congreso", escribió Sotomayor.
El mes pasado, la jueza de distrito Lucy Koh en San José, California, se puso del lado de los demandantes y emitió una orden judicial que suspendía la fecha límite del 30 de septiembre para terminar el Censo 2020 y la fecha límite del 31 de diciembre para presentar los resultados.
Como consecuencia de ese fallo, las fechas límite volvieron a ser las que estableció la Oficina del Censo después de la pandemia de coronavirus: el 31 de octubre para terminar operaciones de campo y fines de abril 2021 para entregar el informe con las cifras que se usan para el prorrateo, es decir, la asignación de escaños en el Congreso.
Según Koh, las inexactitudes producidas por un calendario acortado podrían afectar la representación política y la distribución de fondos federales.
El censo también se emplea para determinar cómo se distribuyen casi un billón de dólares a los estados en fondos federales anuales, según un análisis de la organización Tax Policy Center.
En julio, la Administración Trump ordenó a la Oficina del Censo que se excluyera a los inmigrantes indocumentados del Censo 2020, una corte federal en Nueva York lo declaró improcedente, pero el caso ha sido apelado ante la Corte Suprema.
La fecha límite del 31 de diciembre para llevar a cabo el prorrateo significa que la Administración Trump controlara el conteo, sin importar quién gana en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
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