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La Corte Suprema escucha un caso clave sobre Obamacare que puede dejar sin seguro médico a millones en plena pandemia

Con una sólida mayoría conservadora, el tribunal decidirá el futuro de la ley de salud del expresidente Barack Obama a petición de estados republicanos. Un cambio aprobado por el Congreso podría ser decisivo.

Por Pete Williams - NBC News

La Corte Suprema abordará este martes el que probablemente sea el caso más importante del nuevo mandato del máximo tribunal de Estados Unidos: un desafío legal decisivo contra la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como Obamacare.

Con una sólida mayoría conservadora de 6-3, la corte decidirá el futuro de la legislación firmada por el expresidente demócrata Barack Obama, una ley a la que los republicanos se han opuesto durante mucho tiempo pero de la que ahora depende la cobertura médica de 20 millones de ciudadanos. 

Texas y otros 17 estados republicanos instan a la corte a dictaminar que la exigencia dentro de Obamacare de que las personas compren seguro médico so pena de recibir multas del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés), conocido como mandato individual, es inconstitucional. Y dicen que toda la ley debe ser revocada.

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La Corte Suprema ya apoyó en 2012 esa cláusula de la reforma sanitaria y su presidente, el juez John Robert, dijo que el mandato individual era un ejercicio legítimo de la autoridad fiscal del Congreso.

A finales de 2018, el Congreso aprobó una ley tributaria que dejó esa multa en cero dólares.

Esa medida llevó a los estados bajo control republicano a demandar ante la justicia con el argumento de que, debido a que el impuesto se eliminó, la ley revisada no se podía considerar como un impuesto y, por lo tanto era un intento inconstitucional de exigir que todos los ciudadanos tengan seguro de salud.

El juez dfederal Reed O'Connor dictaminó a su favor, un fallo que confirmó la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans. "La construcción de ahorro de la disposición ya no está disponible", determinó.

Sin el impuesto, concluyó, el Congreso no tiene autoridad para exigir a los estadounidenses que compren un seguro médico: "Es un mandato individual, no una sugerencia individual". 

Pero 20 estados demócratas, liderados por California, pidieron a la Corte Suprema que revoque las decisiones de la corte inferior, argumentando que, con la multa fiscal en cero, efectivamente no hay un mandato individual, por lo que la ley no es inconstitucional.

"Puede alentar a los estadounidenses a comprar seguros, pero no les obliga", dijeron en su informe escrito, "las personas todavía tienen una opción: comprar un seguro o no". 

La jueza Amy Coney Barrett, nominada por el presidente, Donald Trump, y que asumió su cargo el 27 de octubre tras una votación a su favor para ocupar el puesto que dejó la fallecida Ruth Bader Ginsburg, podría inclinarse a dar la razón a los estados republicanos sobre la inconstitucionalidad de la ley de salud

Barrett dijo ante el Senado que no es “hostil” hacia Obamacare, pero en el pasado criticó el programa y cuestionó aspectos del dictamen de 2012 de la Corte Suprema.

Además, en un artículo de revisión de la ley de 2017, dijo que la opinión de Roberts "empujó la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio más allá de su significado plausible para salvar el estatuto". 

Pero incluso si el tribunal dictamina que el mandato individual es inconstitucional, los jueces aún deben decidir si eso invalida toda la ley o si el resto de sus cláusulas pueden dejarse intactas. 

Los estados republicanos dicen que el Congreso quería que la ley de atención médica funcionara como un todo integrado. Prohibir a las aseguradoras denegar cobertura para condiciones preexistentes y permitir que los jóvenes permanezcan más tiempo en las pólizas de sus padres está destinado a funcionar debido al mandato casi universal de comprar seguros. Sin el mandato, dicen, la ley se derrumba.

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Los estados bajo control demócrata estiman que la prueba para decidir si el resto de una ley se puede salvar si se deroga parte de ella es simple: “¿Qué quería el Congreso?”. La respuesta, dicen, se encuentra en la acción de 2017 que estableció el impuesto en cero. El Congreso dejó intacto el resto de la ley.

No está del todo claro cómo respondería Barrett a esa pregunta, y es posible que el tribunal dictamine que incluso si la cláusula es inconstitucional, se puede permitir que el resto de la ley se mantenga. 

Roman Martínez, un abogado de apelaciones de Washington, D.C., dice que los estados demócratas podrían tener el mejor argumento: "Parece bastante claro a partir de la historia que el Congreso quería un mandato ineficaz junto con las disposiciones restantes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que permanecieran vigentes". 

Algunos de los conservadores de la corte han señalado que, sin una expresión clara de la intención del Congreso, no están dispuestos a derogar una ley completa si parte de ella no es válida. 

En un fallo del último mandato de la Corte, el juez Brett Kavanaugh, junto con Roberts y Samuel Alito, dictaminó que el tribunal debe suponer que una ley puede sobrevivir.

"La preferencia correctiva de la Corte después de declarar inconstitucional una disposición de una ley federal ha sido salvar en lugar de destruir el resto de la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente", determinó.

"El litigio constitucional no es un juego de trampas contra el Congreso, donde los litigantes pueden montar una discreta falla constitucional en un estatuto para derribar todo el estatuto constitucional", añadió.

La crisis del coronavirus también podría ser un factor de peso, a juicio de Nicole Saharsky, abogada de Washington, D.C. y exasistente del fiscal general: "Estamos en medio de una pandemia y tenemos un estatuto que parece haber estado funcionando durante años". 

El tribunal escuchará los argumentos orales el martes por conferencia telefónica y emitirá una decisión la próxima primavera.