WASHINGTON.— Ante la pandemia de coronavirus , los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) han improvisado soluciones que mantienen la distancia social, como ceremonias de naturalización abreviadas e incluso dentro de un automóvil (estilo drive-thru). Pero la crisis provocada por las restricciones impuestas por la Administración Trump, pone en riesgo el proceso para nueve millones de extranjeros que esperan convertirse en estadounidenses, según un estudio.
USCIS suspendió en marzo pasado las ceremonias de naturalización presenciales por la pandemia del COVID-19. El mes pasado, comenzó a realizar ceremonias drive-thru de apenas media hora para agilizar el proceso a los más de 100,000 solicitantes ya aprobados.
Así, por ejemplo, a principios de julio unas 600 personas hicieron fila en automóviles en un centro comunitario en El Cajón, California, para obtener su certificado. Antes de jurar lealtad ante un oficial de USCIS, tuvieron que declarar si habían tenido síntomas del COVID-19, además de arrestos o multas de tráfico.
En la actualidad, USCIS necesita que el Congreso le apruebe 1,200 millones de dólares antes del 3 de agosto, o deberá adoptar un plan de suspensiones de empleo (en inglés, furlough) que afectaría a más de 13,000 empleados.
La agencia cuenta con un presupuesto anual de 4,800 millones, pero financia casi todas sus operaciones con las cuotas que cobra por trámites migratorios; el veto migratorio de la Administración Trump, y otras medidas, han reducido sus ingresos a la mitad.
A través de los años, USCIS ha ido elevando sus tarifas: el trámite de ciudadanía, por ejemplo, subirá de 640 a hasta 1,170 dólares en septiembre. En 1985, costaba $35.
La agencia se ha opuesto a realizar ceremonias de naturalización virtuales y, ante los continuos retrasos, es poco probable que miles de extranjeros obtengan la ciudadanía a tiempo de votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre.
Las medidas improvisadas por USCIS pretenden resolver el limbo de los más de 100,000 solicitantes que ya fueron aprobados y sólo esperan la ceremonia de juramento, pero no resuelven la situación de casi 700,000 personas cuyos casos no han sido adjudicados.
Deficiencias y atrasos
Un informe divulgado este jueves por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), detalla los obstáculos en el proceso de ciudadanía y su impacto en los nueve millones de inmigrantes elegibles para obtenerla en los próximos años.
Se trata del primer estudio de este tipo realizado sobre el terreno, para el que se sondeó a 110 grupos que ofrecen asistencia con estos trámites en 34 áreas metropolitanas.
Según MPI, los retrasos también obedecen a que USCIS se ha alejado de su misión original de facilitar la naturalización e integración de los inmigrantes, y está dando prioridad a la detección de posible fraude.
La tasa de aprobación anual de solicitudes de ciudadanía ha oscilado entre el 89% y el 92% desde 2010, pero el tiempo promedio de procesamiento se ha prolongado, de seis meses en 2016 a diez meses en 2018 y 2019, dijo MPI.
Los retrasos, que varían en gravedad según la ciudad, también se deben en parte a que, ya antes de la pandemia, la agencia había impuesto más restricciones en los exámenes de dominio del inglés y civismo.
USCIS sembró así su propia crisis presupuestaria cuando impuso un mayor escrutinio de las solicitudes en busca de fraude, además de adoptar otras políticas que redujeron el número de solicitudes, opinó Randy Capps, director de investigaciones de MPI.
Las nuevas restricciones y el aumento de las tarifas posiblemente desalienten a personas que, en otras circunstancias, solicitarían la ciudadanía, advirtió Capps.
Por su parte, León Rodríguez, director de USCIS entre 2014 y 2017, sugirió que, si bien la agencia es “vulnerable al fraude”, cuenta con mecanismos para detectarlo y combatirlo: “Habría que preguntarse si están usando el fraude para avanzar una agenda antinmigrante” más amplia.
Además de las demoras en las citas de ceremonias y la inminente suspensión de empleados, USCIS también ha restringido el acceso a exenciones, es decir, la eliminación de las tarifas para personas de bajos recursos, indicó el informe.
Con todas estas trabas, y a menos que se tomen medidas correctivas, los retrasos en el proceso de ciudadanía sólo empeorarán en los próximos meses y años, advirtió MPI.
Objeciones de USCIS
En declaraciones a Noticias Telemundo, una portavoz de USCIS, Jessica Collins, señaló que el informe de MPI en realidad no ha evaluado los cambios en normas y procedimientos en el proceso de adjudicación de casos, sino que pinta como “obstáculos” requisitos que desde siempre han tenido que cumplir los solicitantes de ciudadanía.
El informe, además, no reconoce los esfuerzos de USCIS por disminuir la montaña de casos pendientes, que durante la Administración Obama más que se doblaron, de 291,8000 en 2010, a casi 700,000 para comienzos de 2017.
En el año fiscal 2019, USCIS excedió el nivel pico de once años en nuevas juramentaciones de ciudadanía y, en medio de la pandemia del COVID-19, ha implementado medidas innovadoras como las ceremonias “exprés”, señaló la portavoz.
USCIS prevé concluir todas las ceremonias de ciudadanía que fueron aplazadas debido a la reciente suspensión temporal para fines de este mes, aseguró Collins.
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