Por María Peña
WASHINGTON.— La cadena Hilton confirmó este sábado que sus hoteles no harán negocios con la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) o sus contratistas, para así impedir que sus habitaciones se utilicen como centros de detención de niños no acompañados.
La decisión se da a conocer tras la atención mediática que provocaron hoteles en Texas y Arizona donde, al parecer, ICE ha alojado a por lo menos un centenar de niños en los últimos meses. Activistas de la comunidad inmigrante han condenado que estos hoteles se han convertido en “cárceles secretas” para menores.
En declaraciones a Noticias Telemundo, una portavoz de Hilton, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, confirmó este sábado que sus hoteles Hampton Inn & Suites en los aeropuertos de El Paso, Texas, y Phoenix, Arizona, “ya no aceptarán este negocio” con ICE.
“Quiero reiterar nuestra posición en la cadena Hilton: los hoteles en nuestra red dan prioridad a la hospitalidad y a dar la bienvenida a todos. Nuestros hoteles no están diseñados para que se usen como centros de detención, y rechazamos la idea de que así se usen”, enfatizó.
La portavoz indicó que la cadena Hilton no quiere verse asociada con este tipo de actividades –“ni las ha apoyado”– y ha iniciado contactos con las empresas y franquicias para prohibirles que continúen este tipo de negocios con contratistas de ICE.
Según documentos gubernamentales obtenidos por AP, la empresa MVM Inc. tiene un jugoso contrato de $49 millones con ICE para trasladar a menores a tres hoteles de la cadena Hampton Inn & Suites en Texas y Arizona. ICE los ha usado en 186 ocasiones, pese a que hay más de 10,000 camas vacías en albergues operados por el gobierno federal.
Entre los niños detenidos en los hoteles ha habido menores de un año y, ahora, tanto el grupo Texas Civil Rights Project (TCRP) como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) han entablado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional para frenar esa práctica y también la deportación de los menores sin derecho a una audiencia.
Roberto López, organizador comunitario de TCRP, aplaudió en conversación con Noticias Telemundo la decisión de Hilton pero dejó en claro que “les tomó meses darse cuenta de que detener a niños no es bueno para sus negocios”.
“Pero no importa dónde están estas cárceles secretas, porque esta semana es el Hilton y la próxima puede ser el Four Seasons: el Gobierno hará lo que pueda para continuar su operación en la sombra con estos niños. Iniciamos esta demanda en nombre del centenar de niños no acompañados que sospechamos estuvieron detenidos” en hoteles, subrayó.
“Durante meses tuvimos la sospecha de que ICE estaba deteniendo a niños en hoteles, y Hilton se estaba lucrando, hasta que hicimos esta investigación, se produjo toda esta cobertura mediática, y los activistas hemos hecho ruido con protestas en el sur de Texas”, observó.
La demanda alega que el gobierno federal ha creado un sistema de deportaciones paralelo “sin precedente”, recurriendo al llamado “Título 42” de una ley federal sobre emergencias de salud pública para impedir el ingreso de solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Bajo el 'Título 42', la administración Trump está deportando a niños no acompañados sin protecciones judiciales, aún si no presentan síntomas del COVID-19 y piden protección en EE.UU. debido a la violencia en sus países de origen, según la demanda.
Un abogado de TCRP intentó tener acceso la noche del jueves a los menores alojados en un hotel de Hampton Inn & Suites en McAllen, Texas, pero un video que el grupo colgó en Twitter muestra cómo es agredido y se le prohíbe hablar con los niños para explicar sus derechos legales.
Antes de recurrir al proceso del 'Título 42', las autoridades trasladaban a los menores detenidos en la frontera a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Recurso Humanos, mientras se decidía su futuro en el país, ya sea que fuesen entregados a sus familiares o a otros patrocinadores legales.
Ahora, en medio de la pandemia del COVID-19, la Administración Trump insiste en que puede realizar las deportaciones exprés de los menores y demás solicitantes de asilo.
Pero, según López, con la práctica actual, la administración Trump está violando numerosas leyes y regulaciones, incluyendo una ley federal de 2008 contra la trata de personas, y el “Acuerdo Flores” de 1997, que exigen protecciones para los menores.
Lee Gelernt, abogado de ACLU, ha dicho a Noticias Telemundo que nada justifica lo que está haciendo el gobierno federal y que, en todo caso, las autoridades pueden hacer la prueba del coronavirus a los menores, o ponerlos en cuarentena si dan positivo.
El mes pasado, la ACLU entabló otra demanda en la capital estadounidense, en nombre de una joven salvadoreña de 13 años identificada por las iniciales G.Y.J.P, alegando que el gobierno no puede usar el 'Título 42' para deportar a menores y demás extranjeros ya en suelo estadounidense.
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Según esa demanda, a la que se sumaron el TCRP, el Center for Gender & Refugee Studies, y la organización Oxfam, la joven fue deportada después de estar alojada en un hotel de ICE y no pudo hablar con su madre.
La madre, una expolicía, buscó refugio en EE.UU. tras recibir amenazas de muerte de violentas pandillas, y ahora vive legalmente en Nueva York. Cuando su hija llegó a la frontera –también huyendo de “las maras”– los funcionarios no intentaron localizar a su madre y “simplemente la deportaron”, dijo ACLU.
ICE ha dicho que no comentará sobre el caso debido al litigio pendiente, pero ha insistido en que los transportistas de MVM tienen capacitación para trabajar con menores y para cumplir con el Acuerdo Flores.
Piden investigación del Congreso
En declaraciones a Noticias Telemundo, el congresista demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, instó al Congreso a que inicie una investigación sobre el “abominable programa” de ICE porque, a su juicio, la agencia está atropellando las leyes, el debido proceso y los derechos humanos de los migrantes.
“Trump está usando su autoridad bajo una emergencia de salud pública como un pretexto para adoptar un programa de deportación en la sombra para niños que buscan asilo, sin transparencia ni rendición de cuentas. Si no les indigna que niños de apenas un año sean deportados de madrugada, con la complicidad de empresas privadas, entonces no están poniendo atención”, afirmó Grijalva.
“El Congreso debe investigar este abominable programa, ponerle fin permanente, y exigir rendición de cuentas de los funcionarios responsables de esto”, puntualizó.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, los cruces ilegales han disminuido drásticamente: en junio pasado, hubo menos de 33,000 detenidos, un descenso del 65% respecto a los más de 104,000 durante junio de 2019. Aún así, la agencia justifica las deportaciones para proteger a los estadounidenses del "enemigo invisible".
Así, las deportaciones siguen siendo un negocio lucrativo para la empresa privada: ICE mantiene millonarios contratos con aerolíneas para centenares de “vuelos de deportación”, y hasta ayer viernes, ha recurrido a servicios de cadenas de hoteles.
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