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Una jueza desestima la mayoría de las acusaciones contra la Administración Trump de la manifestación en la plaza Lafayette

La magistrada determinó que no había evidencia suficiente para probar que hubo algún plan para violar los derechos de los manifestantes. Uno de los demandantes lamentó que el fallo supone un “precedente sumamente peligroso”.

Por Michael Balsamo - The Associated Press

WASHINGTON — Una jueza federal desestimó el lunes la mayoría de las denuncias presentadas por activistas y grupos de libertades civiles que acusaron al Gobierno de Trump de violar los derechos civiles de los manifestantes que fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en un parque aledaño a la Casa Blanca para que el exmandatario republicano se tomara una foto en una iglesia cercana.

La jueza de distrito Dabney Friedrich dijo que las denuncias, en las que se alegaba que Trump y el entonces secretario de Justicia William Barr habían conspirado para violar los derechos de los manifestantes en junio del año pasado, eran especulativas y que para la corte era prematuro concluir si las acciones de los agentes de las fuerzas de seguridad estaban justificadas.

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Friedrich desestimó las demandas contra Barr y otros funcionarios federales, incluido el jefe interino de la Policía de Parques del país, Gregory Monahan, debido a que determinó que no había evidencia suficiente para probar que hubo algún acuerdo o plan para violar los derechos de los manifestantes. La magistrada también dijo que la ley les otorga inmunidad en los litigios civiles.

Disturbios en el parque Lafayette de Washington
Disturbios entre manifestantes y policías en el parque Lafayette para que el expresidente Donald Trump pudiera caminar y tomarse una foto frente a la Iglesia Episcopal de St. John, cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 1 de junio de 2020.REUTERS/Ken Cedeno

En un fallo de 51 páginas, Friedrich sí permitió que procedieran las demandas contra el Departamento de Policía Metropolitana y el Departamento de Policía de Arlington, cuyos agentes participaron en el operativo para despejar el parque.

La demanda tiene su origen en uno de los momentos de mayor repercusión mediática de la presidencia de Trump, cuando policías federales y locales obligaron agresivamente a un grupo de manifestantes  -en su mayoría pacíficos -a que se retiraran de la Plaza Lafayette, afuera de la Casa Blanca, disparando bombas de humo y balas de aerosol pimienta a la muchedumbre para dispersarla. Se vio a los agentes empujando a los manifestantes y a los periodistas mientras hacían retroceder a la multitud.

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Barr ha dicho que se reunió con otros funcionarios de las fuerzas de seguridad ese mismo día para revisar un plan para ampliar el perímetro de seguridad de la Casa Blanca, ello con la finalidad de proteger a los agentes federales tras días de disturbios en Washington luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

Donald Trump
El presidente Donald Trump pasa frente a la policía en el parque Lafayette después de posar en el exterior de la iglesia de San Juan al otro lado de la plaza de la Casa Blanca, Washington, el 1 de junio de 2020.AP Foto/Patrick Semansky

Después de que la multitud fue dispersada a la fuerza, Trump —seguido por un séquito de sus principales asesores, incluido Barr, junto con agentes del Servicio Secreto y reporteros— caminó hasta la iglesia de San Juan, un edificio histórico donde cada presidente ha acudido a rezar, la cual había sufrido daños un día antes por un incendio durante una protesta.

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La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles de Washington D.C.; el Comité de Abogados de Washington por los Derechos Humanos y Asuntos Urbanos; el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, y el bufete de abogados Arnold & Porter en nombre del grupo Black Lives Matter D.C. y manifestantes individuales que estuvieron presentes.

En un comunicado, Arthur Ago, el director del proyecto de justicia penal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, dijo que el fallo sentaba un “precedente sumamente peligroso” y que exfuncionarios como Barr estaban “saliendo impunes”.

“Siempre defenderemos los derechos de aquellos que protesten pacíficamente por la justicia racial, y este fallo envía el mensaje erróneo para los intentos de hacer que la policía rinda cuentas en una época en que más se necesitan”, declaró Ago.