Por The Associated Press
LOS ÁNGELES — Un juez anuló el viernes una medida electoral de California que eximía a plataformas de transpote como Uber y Lyft de ofrecer a sus conductores todos los beneficios de la ley laboral.
El juez de la Corte Superior del Condado de Alameda, Frank Roesch, dictaminó que la Proposición 22 era inconstitucional.
Los votantes aprobaron la medida en noviembre después de que Uber, Lyft y otros servicios gastaran 200 millones de dólares de campaña a su favor, convirtiéndola en la medida electoral más cara en la historia del estado.
[La disminución de los icónicos taxis de Nueva York obliga a muchos a pagar más con Uber o Lyft]
Uber comunicó que planea apelar la decisión del magistrado, iniciando una pelea que probablemente podría terminar en la Corte Suprema de California.
"Este fallo ignora la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes de California y desafía tanto la lógica como la ley", señaló el portavoz de la empresa Noah Edwardsen. "No tiene por qué creer en nuestra palabra: el fiscal general de California defendió enérgicamente la constitucionalidad de la Proposición 22 en este mismo caso".
La medida permanecerá en vigor a la espera de la apelación.
El juez se puso del lado de tres conductores y del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios en una demanda que argumentó que la medida eliminó indebidamente la capacidad de la Legislatura estatal de otorgar a los trabajadores el derecho a acceder al programa estatal de compensación para trabajadores.
“Durante dos años, los conductores han dicho que la democracia no se compra. Y la decisión de hoy demuestra que tenían razón ”, afirmó Bob Schoonover, presidente del Consejo de Estado de SEIU California.
La Proposición 22 protegió a las empresas de transporte y entrega basadas de una ley laboral que requería que dichos servicios trataran a los conductores como empleados y no como contratistas independientes, que no reciben beneficios como la licencia por enfermedad pagada o seguro de desempleo.
Uber y Lyft amenazaron con abandonar el estado si los votantes rechazaban la medida.
Labor gastó alrededor de 20 millones de dólares para desafiar la propuesta.
La Corte Suprema del estado inicialmente se negó a escuchar el caso en febrero, principalmente por motivos de procedimiento, pero dejó abierta la posibilidad de una impugnación en un tribunal inferior.