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¿Por qué un inspector especial para que revise los documentos incautados a Trump "perjudicará" la investigación?

Los analistas creen que el fallo de la jueza será difícil de llevar a cabo para los investigadores federales, pero una apelación podría retrasar la investigación del Departamento de Justicia.

Por Dareh Gregorian y Ryan J. Reilly - NBC News

La orden de una jueza que aprueba que un inspector especial revise los documentos que el FBI se llevó de la casa del expresidente Donald Trump en Florida es un desastre profundamente defectuoso e inviable, según dijeron el martes expertos legales a nuestra cadena hermana, NBC News.

La jueza de distrito Aileen Cannon accedió el lunes a la solicitud de Trump para que un inspector especial revise todas las pruebas incautadas el mes pasado en su finca de Mar-a-Lago y bloqueó temporalmente partes de la investigación del Departamento de Justicia sobre el trozo de documentos clasificados y de alto secreto recuperados por los agentes federales.

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Cannon, de 41 años y nombrado por Trump, también expuso argumentos de defensa legal que el equipo de Trump no había presentado, entre ellos que el expresidente podría sufrir un “daño” a su reputación si el Departamento de Justicia lo acusa.

Expertos jurídicos criticaron la sentencia en su conjunto y cuestionaron cómo podría aplicarse, al tiempo que advirtieron de que un recurso del Gobierno podría alargar aún más la investigación.

“Creo que es una decisión corrupta. Creo que es una ley especial sólo para Donald Trump por un designado de Trump, y está desvinculada de los precedentes, es insostenible en la ley, no será aprobada por nadie que no sea un fanático del expresidente”, opinó Paul Rosenzweig, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional bajo el exmandatario George W. Bush.

“Es supremamente decepcionante, porque hasta ahora (...) los tribunales han sido el último baluarte contra los excesos, y esta decisión sugiere que al menos algunos de los jueces de Trump ponen la lealtad al hombre por encima de la lealtad al estado de derecho, y eso es profundamente desafortunado”, explicó Rosenzweig, que fue asesor principal de Ken Starr, el abogado independiente que investigó al expresidente Bill Clinton.

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Bradley Moss, un abogado especializado en temas de seguridad nacional, cree que la decisión de Cannon “no está bien fundada en ninguna ley o teoría legal” y que incluía “una defensa mucho mejor de la posición legal del expresidente que cualquier cosa que sus verdaderos abogados presenten".

“Mi opinión es que, como mínimo, el Departamento de Justicia va a tener que apelar” la parte de la orden que impide temporalmente al Departamento de Justicia utilizar los documentos incautados para proseguir con su investigación penal, según Moss.

Pero, advirtió, una apelación no es un camino fácil. El Tribunal de Apelación del undécimo Circuito de EE.UU., que conocería cualquier apelación en este caso, “ha tomado un giro particularmente conservador, y la Corte Suprema de EE.UU. está 6-3 a favor de los conservadores”, recordó Moss. “No es una conclusión inevitable que ganarían en la apelación”, añadió.

Brandon Van Grack, un exfiscal de contraespionaje que trabajó en la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo que “habría un fuerte impulso para apelar”, especialmente porque la investigación criminal del Departamento de Justicia y la evaluación de daños de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional probablemente van de la mano y “no pueden bifurcarse".

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Parte de la orden de Cannon dio permiso a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional para continuar su revisión de documentos para una evaluación de daños, un proceso en el que el Departamento de Justicia ha estado desempeñando un papel.

“La investigación penal está informando a la investigación de inteligencia”, explicó Van Grack, añadiendo que los investigadores del Departamento de Justicia probablemente habían estado haciendo búsquedas de huellas dactilares en los documentos clasificados para determinar quién los manejaba, un paso clave para determinar cuánto podrían haber circulado.

Vista aérea de la residencia del expresidente Donald Trump de Mar-a-Lago en Palm Beach
Vista aérea de la residencia del expresidente Donald Trump de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 10 de agosto de 2022.Steve Helber / AP

El fallo de Cannon también podría impedir que los investigadores pregunten a los testigos sobre quién tuvo acceso a los documentos. “Retrasará y perjudicará la investigación”, dijo Van Grack. “No tendrán información completa”, señaló.

Los expertos legales también se mostraron en desacuerdo con que Cannon dijera que el inspector especial debería revisar los documentos para posibles reclamaciones de privilegio ejecutivo, en lugar de limitar el examen a las cuestiones tradicionales de abogado-cliente.

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El equipo de Trump ha argumentado que un inspector especial -esencialmente un tercero neutral designado por el tribunal- era necesario porque no podían confiar en el llamado equipo de filtrado que el Departamento de Justicia utilizaba para separar los documentos privilegiados, diciendo que no se podía esperar que “confiaran en el autocontrol de los investigadores actualmente no controlados".

El Departamento de Justicia sostiene que el privilegio ejecutivo no está en discusión, porque los documentos incautados no pertenecen a Trump.

“Él ya no es el presidente. Y por eso no tenía derecho a esos documentos”, señaló el abogado del Departamento de Justicia Jay Bratt al juez en una audiencia la semana pasada.

Rosenzweig estuvo de acuerdo, calificando de “absurdo” que un inspector especial deba buscar posibles cuestiones de privilegio ejecutivo.

“No creo que haya una buena hoja de ruta”, declaró Rosenzweig, señalando que no hay un cuerpo de leyes sobre el privilegio ejecutivo para un inspector especial.

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“No sé cómo procedería un inspector especial, lo que significa un inevitable retraso y disputa”, afirmó.

Incluso algunos de los antiguos aliados de Trump criticaron el fallo de Cannon.

“El dictamen, creo, fue erróneo, y creo que el Gobierno debería apelarlo. Es profundamente defectuoso en varios aspectos”, opinó el exfiscal general William Barr en una entrevista con Fox News.

“No creo que el nombramiento de un inspector especial se mantenga. E incluso si lo hace, no veo que cambie fundamentalmente la trayectoria. No creo que cambie tanto el partido como que tal vez tengamos un retraso por lluvia durante un par de entradas”, señaló Barr.

Barr dijo que el undécimo Circuito podría acelerar la apelación, pero reconoció que “podría tardar varios meses en resolverse”.

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El analista jurídico de NBC News, Chuck Rosenberg, antiguo abogado de Estados Unidos, dijo: “Parece que hay un intercambio entre apelar una decisión judicial mal razonada por un lado y retrasar aún más una parte de su investigación por el otro. Al final, es muy probable que el Gobierno consiga lo que le corresponde -de una forma u otra-, pero el camino a seguir parece un poco turbio".

Se espera que los abogados de Trump y el Departamento de Justicia presenten una presentación conjunta al juez nombrando a los posibles inspector especiales antes del viernes.

El profesor de derecho de la Universidad George Washington Stephen Saltzburg, un exfuncionario del Departamento de Justicia, dijo que quien sea elegido “va a tener que tener una autorización de seguridad increíblemente alta ahora u obtener una en un período muy corto de tiempo".

También predijo que quien sea elegido podrá trabajar con bastante rapidez.

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Saltzburg, que ha trabajado como maestro especial, dijo que la razón por la que los jueces generalmente quieren inspectores especiales “es que quieren que una revisión se haga rápidamente y a fondo, y no tienen el tiempo para hacerlo ellos mismos".

Para algunos analistas jurídicos, la situación única que se está desarrollando en este caso significa que es imposible tener una visión clara del camino a seguir.

Kel McClanahan, director ejecutivo de National Security Counselors, un bufete de abogados sin ánimo de lucro, calificó la orden del juez de “interpretación novedosa de la ley”, lo que hace imposible saber cómo se desarrollará el caso.

“La palabra ‘sin precedentes’ se usa mucho, especialmente en este caso, pero este caso es literalmente sin precedentes”, indicó McClanahan. “No se trata de nada que hayamos tratado antes, y como resultado, usar el pasado para informar de lo que sucederá después, es un juego de azar”, concluyó.