Oklahoma prevé ejecutar a 25 presos en los próximos 29 meses tras el fin de una moratoria de la pena de muerte por un problema con las inyecciones letales y por una batalla legal sobre cómo aplicarla.
Esto implica que habrá una ejecución al mes hasta 2025, según dio a conocer el diario The Washington Post.
Un juez federal determinó en junio que el protocolo de inyección letal de tres fármacos que emplea Oklahoma es constitucional, y el fiscal general, el republicano John O’Connor, pidió a la justicia que se pusiera fecha a las condenas a muerte pendientes en el estado.
Una corte de apelaciones fijó el viernes las fechas de ejecución de 25 presos, más de la mitad de los 44 condenados a muerte del estado.
La primera ejecución fue programada para el 25 de agosto y las siguientes tendrán lugar aproximadamente cada cuatro semanas.
O’Connor dijo que los reos agotaron ya sus recursos judiciales y alegó que su ejecución era cuestión de justicia para los familiares de las víctimas.
Controversia por el método de ejecución
Oklahoma tiene un historial de ejecuciones con errores que han generado repudio. En 2014, un preso llamado Clayton D. Lockett pareció gemir y forcejear durante una ejecución que duró 43 minutos. Los médicos concluyeron que no había sido sedado de forma adecuada. En 2015, Charles F. Warner fue sometido a una ejecución de 18 minutos en la que los funcionarios utilizaron por error el medicamento equivocado para detener su corazón.
Las ejecuciones en Oklahoma se paralizaron en 2015 luego de una serie de denuncias de errores con la inyección letal. Se reanudaron en octubre de 2021, cuando la Corte Suprema levantó la suspensión a la ejecución de dos condenados: John Marion Grant y Julius Jones.
Los dos reclusos habían argumentado que el protocolo de inyección letal del estado podría someterlos a un dolor insoportable, según el diario The New York Times. Además, se negaron por motivos religiosos a la orden de un juez para que eligieran un método alternativo de ejecución, alegando que eso equivaldría a un suicidio.
Grant, de 60 años, fue ejecutado en octubre de 2021. Convulsionó y vomitó antes de fallecer, renovando así las dudas y las críticas.
Jones, de 41 años, tenía fecha prevista de ejecución para noviembre por un asesinato en 1999 que siempre negó. El gobernador, el republicano Kevin Stitt, conmutó su pena en el último momento.
Su ejecución había concitado la mayor atención pública en décadas en el estado, llevando a que estudiantes de secundaria de Oklahoma City abandonaran sus clases, se celebraran vigilias ante el Capitolio estatal, y se levantaran barricadas ante a la mansión del gobernador.
La Corte Suprema se ha mostrado por lo general escéptica ante las impugnaciones contra la inyección letal y exige a los reclusos que demuestren que estarían sometidos a “un riesgo sustancial de dolor intenso”. Además, deben proponer otro modo para morir.