La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró este martes inconstitucional la penalización del aborto por primera vez en su historia y reconoció el derecho a decidir en un fallo histórico.
Por unanimidad, los ministros del pleno de la Suprema Corte (SCJN) invalidaron el artículo 196 del código penal del norteño estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".
"Nunca más una mujer o persona gestante deberá ser juzgada penalmente, hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo", argumentó el ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto.
"Es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres y personas gestantes, sobre todo las más vulnerables", agregó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Al día de hoy, el aborto solo se había despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Mientras que en 23 entidades las penas de prisión iban de 15 días hasta seis años.
Oaxaca y la capital son las únicas entidades donde el aborto está totalmente despenalizado en las primeras 12 semanas de gestación.
Pero ahora, derivado de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.
“El asidero del derecho penal para sancionar a quien interrumpe voluntariamente su embarazo no es aquí una potestad disponible para el legislador, pues están los derechos humanos en juego”, indicó este martes la ministra Margarita Ríos-Farjat.
[Texas aprueba la ley que restringe el aborto después de las seis semanas]
El fallo ha sido "histórico" porque es la primera vez que el Supremo de México "pone al centro de la discusión el derecho a decidir", según el ministro Aguilar.
“Pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución atenta contra el principio de mínima intervención penal”, coincidió la ministra Yasmín Esquivel en la primera sesión.
Cuáles son las implicaciones
La decisión de la corte solo invalida el código penal de Coahuila, por lo que seguirán vigentes los artículos de otros 29 códigos penales que tipifican el aborto voluntario como delito, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.
Con ello, mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos podrán aprovechar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales estatales.
En conversación con Noticias Telemundo, la abogada defensora de los derechos humanos Paula-Avila Guillen opinó que la decisión de la Corte tendrá efectos inmediatos para las mujeres que se encuentran presas por haberse practicado un aborto, quienes podrán pedir a un juez su libertad bajo el nuevo estándar que ha fijado el tribunal.
Sin embargo, la especialista advierte que los derechos ganados por las personas gestantes tomarán más tiempo en surtir efecto en los estados donde la legislación local todavía lo prohíbe.
"Si bien las decisiones de la Corte deberían tomarse de manera inmediata y son obligatoias, lo más probable es que haya un periodo de ajuste", explicó Avila Guillen, directora del Women's Equality Center.
En este sentido, la experta indica que habrá dos vías mediante las cuales se terminará por despenalizar el aborto en todo el país. "Uno es el camino caso por caso, en el que los individuos y las organizaciones van a demandar ante la Corte Suprema. Pero también hay una opción proactiva: que los estados cambien sus leyes para empatar con la decisión judicial", precisó.
Además, el proyecto enunció como una de sus implicaciones "la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria".
"El Estado no sólo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible", añadió la ministra Norma Piña.
América Latina a la vanguardia
La abogada Avila Guillen calificó la decisión judicial como un hito en la historia de México y de América Latina, que tras la legislación que regula la interrupción del embarazo en Argentina se pone a la vanguardia en temas de salud reproductiva. A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos la semana pasada, con la decisión de la Corte Suprema de no frenar una ley antiaborto en Texas.
“Lo que pasó la semana pasada en Texas es lo contrario a lo que está pasando en México. Un grupo de congresistas en Texas está prohibiendo que las mujeres puedan interrumpir su embarazo después de las seis semanas, sin excepciones, ni siquiera en casos de violación”, afirmó Avila Guillen.
"Es una decisión que se aleja profundamente de lo que está pasando en Argentina, México y se acerca a lo que está sucediendo en El Salvador", agregó.
Desacuerdos
A pesar del respaldo al proyecto y del concepto del "derecho a decidir", los ministros mostraron su desacuerdo en si el fallo debía definir el tiempo del embarazo.
Algunos ministros argumentaron que el "derecho a decidir" no es "ilimitado", mientras Zaldívar lamentó que el proyecto se "quedara corto", pues debía invalidar todos los artículos que criminalizaran el aborto bajo cualquier precepto.
“Desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo”, manifestó Zaldívar.
La Suprema Corte ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal.
Aborto legal en la segunda nación con más católicos del mundo
La decisión de la Suprema Corte mexicana fue recibida en la prensa internacional, incluida la de Estados Unidos, con cierta dosis de sorpresa por tratarse de uno de los países más católicos del mundo. Es un sentimiento que también comparte Aída García, portavoz de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
"Lo que sí sorprende es que México, siendo el segundo país más católicos del mundo, tenga estos procesos de despenalización del aborto. Pero es un avance en la agenda de derechos humanos, independientemente de que seamos católicas", afirmó García en entrevista con Noticias Telemundo.
La opinión que expresa García como una mujer religiosa que defiende el derecho a decidir es diferente al de la Iglesia católica en México, que ha sido una de las principales fuerzas de oposición a este tema de salud pública.
"Independientemente de que tengamos una fe o una religión, lo más importante son los derechos humanos. La Iglesia queda en un ámbito privado, en donde no tiene que intervenir en las políticas públicas y las leyes", aseguró la activista.
Si bien México es un país donde la mayoría de la población sigue la religión católica, también es una nación con una larga tradición de laicidad, donde el poder del Estado y la Iglesia se han ido separando a través de los siglos.
Con información de Efe y Reforma.