Por Lawrence Hurley - NBC News
Los jueces conservadores de la Corte Suprema (son seis, ante los tres progresistas) se mostraron escépticos este martes sobre la legalidad del plan de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles del presidente, Joe Biden, aunque albergan dudas sobre si hay base legal para impugnarlo en los dos casos que tienen entre sus manos.
El plan de Biden, que permitiría a los estudiantes cancelar hasta 20,000 dólares de deuda, lleva bloqueado desde que la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito lo suspendió temporalmente en octubre y luego pasó a la Corte Suprema, y está en duda que pueda ser aplicado alguna vez aunque ya cualifican millones de alumnos.
Las críticas al plan de Biden
Los impugnadores (seis estados republicanos, en uno de los casos, y dos estudiantes en el otro) argumentan que el plan, anunciado por Biden en agosto y cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente para el otoño pasado, viola la Constitución y la ley federal, en parte porque elude al Congreso, que, según dicen, es el único facultado para crear leyes sobre un perdón para los préstamos estudiantiles.
Los jueces podrían decidir el caso basándose en un argumento jurídico esgrimido por los impugnadores que la Corte Suprema ha adoptado recientemente, la conocida como doctrina de las cuestiones importantes: las agencias federales no pueden iniciar nuevas políticas de gran alcance que tengan un impacto económico significativo sin contar con la autorización expresa del Congreso.
La mayoría conservadora citó esa doctrina en 2022 al bloquear el requisito de vacunación o la prueba del COVID-19 de Biden para las grandes empresas y frenar la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental para limitar las emisiones de carbono de las eléctricas.
Una cuestión clave es si alguno de los demandantes está legitimado para presentar una demanda. Muchos observadores creen que si el máximo tribunal considera que los demandantes están legitimados, es casi seguro que concluirá que el plan de Biden es ilegal.
El Gobierno afirma que plan está avalado por la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes, o Ley HEROES. La norma, de 2003, permite al Gobierno dar alivio a los beneficiarios de préstamos estudiantiles en una “emergencia nacional”, tomando medidas para garantizar que las personas no están en “una posición financiera peor” por la emergencia.
Los impugnadores dicen que la Ley HEROES no es lo bastante específica como para autorizar una propuesta tan amplia como el plan de Biden.De los seis jueces conservadores, sólo Amy Coney Barrett varias veces si los demandantes tenían legitimación. El presidente de la corte, John Roberts, y el también conservador Brett Kavanaugh centraron sus preguntas en la doctrina de cuestiones principales, indicando que podrían creer que la demanda está legitimada.
“Nos tomamos muy en serio la idea de la separación de poderes y de que el poder debe dividirse para evitar abusos”, dijo Roberts. Añadió que el caso le recordaba a la decisión del tribunal de bloquear a la Administración de Donald Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
“Y solo me pregunto, dada la postura del caso y preocupación histórica sobre la separación de poderes, si reconocería al menos que este es un caso que presenta cuestiones extraordinariamente serias e importantes sobre el papel del Congreso y sobre el papel que deberíamos ejercer en el escrutinio de eso”, agregó.
Kavanaugh citó los otros casos recientes en los que el tribunal ha citado la doctrina de las cuestiones importantes para fallar en contra del Gobierno y sugirió que el plan de préstamos estudiantiles seguía un patrón similar. “Eso parece problemático”, afirmó.
En un comentario posterior, Kavanaugh pareció apoyar más a la Administración, señalando que el lenguaje de la Ley HEROES era “extremadamente amplio” al otorgar autoridad al Departamento de Educación.
Su colega conservador Neil Gorsuch también planteó la cuestión de la justicia de cancelar la deuda de préstamos estudiantiles para algunos prestatarios y no para otros, “por ejemplo, personas que han pagado sus préstamos, personas que no ... han planeado sus vidas en torno a no buscar préstamos, y personas que no son elegibles para préstamos en primer lugar”.
Las impugnaciones al plan
El tribunal conoce de dos casos, uno presentado por seis estados, entre ellos Missouri, y otro por dos personas, Myra Brown y Alexander Taylor, que tienen deudas por préstamos estudiantiles.
El programa afectaría a más de 40 millones de prestatarios y tendría un coste estimado de 400,000 millones de dólares.
De los diversos demandantes, Missouri podría tener el mejor argumento para justificar su legitimación por su asociación con la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior, una entidad estatal que gestiona muchos préstamos estudiantiles. La Corte Suprema sólo tiene que determinar que uno de los demandantes está legitimado para entrar en el fondo del asunto.
Barrett, al igual que los jueces liberales, cuestionó que Missouri pudiera basarse en el papel de esa agencia para afirmar que tiene legitimación basándose en el hecho de que la corporación es una entidad separada del estado que no está implicada en el litigio.
Argumentos a favor de la Administración
Los jueces progresistas se mostraron en su mayoría favorables a los argumentos jurídicos de la Administración Biden, con Elena Kagan cuestionando el argumento de los impugnadores de que la ley no otorga al Gobierno la autoridad para tomar medidas tan amplias.
“El Congreso no podría haberlo dejado mucho más claro”, afirmó.
Su colega Sonia Sotomayor indicó que si el tribunal fallaba en contra del Gobierno estaría “cambiando las palabras del Congreso porque creemos que no nos gusta lo que está pasando”. “Hay 50 millones de estudiantes beneficiados que hoy tendrán dificultades”, dijo.
Partidarios del plan se concentraron ante el tribunal este martes. Un cartel sostenido decía “¡La cancelación de la deuda de préstamos estudiantiles no es ilegal!”. Otro decía “40 millones de familias necesitan alivio de préstamos estudiantiles ahora”. Dirigiéndose a la multitud, el senador demócrata Bob Menéndez exhortó al tribunal a “hacer lo correcto”.
¿Cómo funciona el plan de condonación?
El programa de Biden condonaría hasta 10,000 dólares de deuda a los prestatarios que ganen menos de 125,000 dólares al año (o a las parejas que declaren impuestos conjuntamente y ganen menos de 250,000 dólares anuales). Los beneficiarios de becas Pell, que son la mayoría de los prestatarios, podrían optar a otros 10,000 dólares de condonación de deuda.
La Administración cerró el proceso de solicitud tras el bloqueo del plan. En la actualidad, los titulares de préstamos estudiantiles no tienen que efectuar pagos como parte de las medidas de alivio del COVID-19, que seguirán en vigor hasta después de que el Tribunal Supremo emita su fallo. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre los casos a finales de junio.