Por Adam Edelman - NBC News
Un Tribunal Supremo dividido rechazó el miércoles por la noche bloquear la restrictiva ley de Texas que prohíbe los abortos después de que se pueda detectar una actividad cardíaca del feto, o a partir de las seis semanas de embarazo, y que permite a cualquier persona de Estados Unidos pueda demandar a una clínica de abortos o a cualquiera que haya ayudado a alguien a abortar después del límite y exigir hasta 10,000 dólares por acusado.
La votación fue de 5-4, con la disidencia del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, junto a los jueces liberales Elaina Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.
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La falta de acción por parte del alto tribunal de la nación supone un golpe al caso Roe contra Wade, el histórico caso judicial de 1973 en el que la Corte Suprema de ldespenalizó el aborto inducido en el país, legalizando el lenguaje que incentiva los litigios privados para paralizar los servicios de atención y apoyo al aborto.
La ley, conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado, entró en vigor en la medianoche del miércoles, después de que el Tribunal Supremo no tomara medidas inmediatas para bloquearla.
Los defensores del derecho al aborto dicen que la medida es la ley más restrictiva contra el aborto que ha entrado en vigor en Estados Unidos en años, con disposiciones que equivalen a una prohibición casi total del aborto en el estado.
Las clínicas de aborto de Texas presentaron el lunes una solicitud de emergencia en la que pedian al Tribunal Supremo que bloquee la ley, alegando que la medida "reduciría de forma inmediata y catastrófica el acceso al aborto en el estado, impidiendo la atención de al menos el 85% de las pacientes que abortan en Texas (las que están embarazadas de seis semanas o más) y obligando probablemente a muchas clínicas de aborto a cerrar en última instancia".
Los demandantes -dirigidos por el Centro de Derechos Reproductivos, la Federación de Paternidad Planificada de América y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), y entre los que se encuentran varias clínicas de aborto de Texas- presentaron la solicitud al Tribunal Supremo después de que el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU. se negara a bloquear la ley.
La ley de Texas prohíbe los abortos después de que se detecte la actividad cardíaca del feto, lo que ocurre ya a las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. A diferencia de las leyes antiabortistas de otros estados, la prohibición exclusiva de Texas se aplica mediante demandas de ciudadanos particulares contra las clínicas de abortos y no a través del Gobierno estatal.
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La ley incluye un lenguaje inédito que permite a cualquier persona, incluso a los que están fuera del estado, demandar a los proveedores de abortos o a otros que ayudan a las mujeres a abortar después del límite de seis semanas y pedir 10,000 dólares por acusado.
Los objetivos de las demandas podrían incluir no sólo a las organizaciones que ayudan a pagar los abortos y a los grupos de apoyo que proporcionan a las mujeres transporte, alojamiento, atención para la recuperación y cuidado de los niños, sino también a los médicos, las enfermeras, los asesores en materia de violencia doméstica e incluso a los amigos, los padres, los cónyuges y los miembros del clero que prestan ayuda, como llevar a una mujer a una clínica o asesorarla sobre si debe someterse al procedimiento.
Los grupos que apoyan el derecho al aborto y que prestan esos servicios alegan que la ley paralizaría su capacidad de funcionamiento al permitir que los opositores al aborto inunden los tribunales con demandas para acosar a los médicos, los asesores y los familiares y amigos de quienes quieren interrumpir su embarazo.
Los defensores del aborto afirman que la ley es inconstitucional. Las sentencias anteriores del Tribunal Supremo han declarado ilegal que los estados prohíban el aborto antes de que el feto sea viable, lo que suele ocurrir en torno a la semana 24 de embarazo.
Sin embargo, la ley 8 no se diseñó para penalizar directamente los abortos después de las seis semanas, lo que permite a la ley eludir esa norma. Más bien, los críticos dicen que fue escrita para incentivar las demandas civiles a nivel municipal, del condado y del estado - litigios que los partidarios del aborto tendrían que pagar costos potencialmente disuasorios para defenderse, independientemente del resultado de los casos.
Ese lenguaje también dificulta que los defensores del aborto puedan luchar contra la aplicación de la ley. Por ejemplo, en el caso de una prohibición tradicional aplicada por un Gobierno estatal, los demandantes podrían denunciar a las autoridades para impedir que entre en vigor.
En este caso, como la ley se aplica mediante demandas de ciudadanos particulares, los demandantes han recurrido a denunciar a un gran número de tribunales estatales y locales con la esperanza de bloquear los requerimientos. Los expertos afirman que aún podrían existir numerosas lagunas que permitirían la presentación de demandas contra el aborto en virtud de la ley estatal.
La ley también está diseñada de forma única para poner a los demandados en desventaja financiera, exigiéndoles que paguen sus propios honorarios legales y los de los demandantes si éstos ganan. Todos los daños y perjuicios, por su parte, irían a parar al bolsillo del demandante, y aquellos que se cree que están ayudando a las mujeres a conseguir la atención del aborto podrían ser denunciados varias veces por diferentes partes.