Por Lawrence Hurley - NBC News
La Corte Suprema aplazó el jueves su decisión sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente, Joe Biden, anunciando en su lugar que escuchará en febrero los argumentos orales completos de forma acelerada y tomará una decisión después. Entre tanto, el programa presidencial sigue bloqueado.
La procuradora general, Elizabeth Prelogar, presentó el 18 de noviembre una solicitud de emergencia en la que pedía a los jueces que levantaran el bloqueo impuesto por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito. Además, un juez federal se sumó al bloqueo, y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito reiteré su dictamen.
Prelogar aseguró que la decisión del Octavo Circuito “deja a millones de prestatarios económicamente vulnerables en el limbo, con incertidumbre sobre el tamaño de su deuda e incapaces de tomar decisiones financieras con una comprensión exacta de sus futuras obligaciones de reembolso”.
Varios individuos y grupos han impugnado la propuesta, y el caso que ahora se encuentra en la Corte Suprema incluye demandas presentadas por seis estados: Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur. La demanda está respaldada por otros 17 estados.
Un juez federal había dictaminado que los estados no tenían capacidad legal para llevar a cabo la demanda, pero el tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo, centrándose en una agencia de Missouri que presta servicios a los préstamos estudiantiles federales. El estado argumenta que la agencia perdería ingresos si se condonan los préstamos.
En los documentos judiciales, los abogados de los estados aseguraron que la Administración estaba utilizando la pandemia de como “un pretexto para enmascarar el verdadero objetivo del presidente de cumplir su promesa de campaña de borrar la deuda de los préstamos estudiantiles”.
Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan quienes impugnan el programa es que han tenido que demostrar su capacidad legal para demandar, ilustrando cómo se ven perjudicados por el programa. Incluso si la Corte Suprema llegara a la conclusión de que los estados están legitimados y se planteara la cuestión jurídica de si Biden tiene autoridad para condonar los préstamos, la Administración probablemente se enfrentaría a una batalla difícil con la mayoría conservadora del tribunal, que se muestra escéptica ante las afirmaciones amplias de poder federal.
En enero, por ejemplo, el tribunal bloqueó la vacuna contra el COVID-19 de Biden o el requisito de prueba para las empresas más grandes.
El programa, que permite a los prestatarios elegibles cancelar hasta 20,000 dólares de deuda, ha estado bloqueado desde que el Octavo Circuito emitió una suspensión temporal en octubre. Desde entonces, la Administración ha cerrado el proceso de solicitud.
En virtud de otra orden presidencial relacionada con el COVID-19, los prestatarios no tienen que hacer pagos actualmente. El 22 de noviembre, la Administración prorrogó esa pausa de reembolso hasta finales de junio o hasta que se resuelva el litigio, lo que ocurra primero; los pagos se reanudarían a finales de agosto si no hay una resolución a finales de junio.
Los demandantes argumentaron que el plan de la Administración -anunciado por Biden en agosto y que originalmente iba a entrar en vigor este otoño- viola la Constitución y la ley federal, en parte porque elude al Congreso, que según ellos tiene el poder de crear leyes relacionadas con la condonación de los préstamos estudiantiles.
El programa de Biden proporcionaría hasta 10,000 dólares de condonación de la deuda a los prestatarios que ganen menos de 125,000 dólares al año (o a las parejas que declaren impuestos conjuntamente y ganen menos de 250,000 dólares anuales). Los beneficiarios de las becas Pell, que constituyen la mayoría de los prestatarios, podrían optar a otros 10,000 dólares en concepto de condonación de la deuda. Se prevé que el programa global ayude a más de 40 millones de prestatarios, según la Administración.
La Oficina Presupuestaria del Congreso, que no es partidista, estimó en septiembre que el plan de Biden costaría 400,000 millones de dólares, mientras que el Departamento de Educación afirmó que el precio estaría más cerca de los 379,000 millones de dólares.