La Corte Suprema escucha este martes los argumentos orales sobre dos casos de migrantes indocumentados detenidos por más de 6 meses sin derecho a una audiencia de fianza frente a un juez migratorio.
La decisión del tribunal puede influir en los litigios sobre los derechos de los inmigrantes en los próximos años, ya que muchos permanecen en custodia de manera prolongada a la espera de que se resuelvan sus casos.
Los mexicanos Antonio Arteaga-Martínez y Esteban González reclaman en una demanda colectiva que un juez determine si tienen derecho a ser liberados de la custodia a cambio del pago de una fianza mientras se resuelve su caso o si representan riesgo de fuga o para la comunidad.
El Gobierno, mediante el Departamento de Justicia, no está de acuerdo, ya que asegura que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) evalúa la situación de cada detenido.
Arteaga-Martínez cruzó la frontera a Estados Unidos varias veces sin autorización y fue deportado por el Gobierno estadounidense de vuelta a su país. En 2018 las autoridades de inmigración lo volvieron a detener, pero mientras estaba en custodia un funcionario de asilo concluyó que tenía un "temor razonable" de futura persecución y tortura en su país.
Tras cuatro meses arrestado a la espera de que se resolviera su petición de asilo, Arteaga-Martínez impugnó su detención mediante una petición de hábeas corpus, que sirve para solicitar al juez que deje en libertad a una persona que, supuestamente, ha sido detenida ilegalmente.
"La Corte Suprema va a aclarar para todos en el país qué requiere esta ley. Si realmente el Gobierno tiene el poder para mantener detenido [a alguien] sin que importen las circunstancias de la persona o si cada persona tiene derecho a la audiencia de un juez", explicó a Noticias Telemundo el abogado principal del caso, Matt Adams, letrado de la organización Northwest Immigrant Rights Project.
El caso de Zadvydas contra Davis, una sentencia de la Corte Suprema de 2001, determinó que el Gobierno no puede detener a los inmigrantes durante más de 6 meses si su deportación no es "razonablemente previsible", como podría suceder si su país de origen no lo acepta de regreso.
Aunque la Corte Suprema nunca ha establecido una decisión clara sobre cuándo un detenido tiene derecho a una audiencia de fianza, las Cortes de Apelación de EE.UU. del Tercer Circuito y del Noveno Circuito concluyeron que estas vistas son necesarias tras medio año retenidos, y que el Gobierno debe probar que los no ciudadanos son peligrosos o que hay riesgo de fuga.
La Corte Suprema revisará ahora esas decisiones.
Hasta diciembre, había 20,623 migrantes detenidos en Estados Unidos, el 75% sin antecedentes criminales, según la Universidad de Syracuse.