La Corte Suprema anuló este miércoles parte de una ley estatal histórica de California, impulsada gracias al activismo del líder sindical Cesar Chavez, al dictaminar que los dueños de instalaciones agrarias o de procesadoras de carne no están obligados a permitir el acceso libre de los organizadores sindicales a sus propiedades.
El dictamen fue aprobado con el voto de los seis magistrados conservadores y la oposición de los tres progresistas.
El presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., escribió que la ley californiana “otorga a las organizaciones sindicales el derecho de invadir la propiedad de los agricultores".
Eso supone, agregó, violar los derechos protegidos por la Constitución, agregó, que indica que la propiedad privada no puede ser usada con fines públicos, como en este caso, “sin una compensación justa”.
Dos productores agrícolas, un productor de fresas cerca de la frontera con Oregon y una transportadora de uvas y cítricos cerca de Fresno, acudieron a los tribunales desafiando una regulación de California que permite a los sindicatos ingresar a tierras agrícolas privadas para contactar con los trabajadores agrícolas.
La regla permite 120 días de visitas al año a la tierra de cualquier productor, en cuatro períodos de 30 días, y que las visitas no duren más de tres horas, sean una hora antes del trabajo, durante la pausa para el almuerzo y después del trabajo. Fue adoptada en 1975, cuando muchos trabajadores agrícolas vivían en la propiedad de los productores durante las cosechas.
El sindicato UFW dice que estas visitas eran a menudo la única forma de llegar a los trabajadores que vivían en viviendas temporales, no tenían acceso a las telecomunicaciones modernas y hablaban poco inglés.
Pero los productores dijeron que si bien esas condiciones eran predominantes cuando se adoptó la regulación, los tiempos han cambiado. Los trabajadores ahora suelen vivir fuera de las instalaciones, tienen acceso a los mensajes sindicales a través de la radio o sus celulares inteligentes y pueden hablar inglés, dijeron los propietarios de las granjas.
Este fallo es el último revés para los sindicatos de parte de la Corte Suprema, que en 2018 asestó un duro golpe a los grupos que representan a millones de empleados públicos del país.
Con información de The New York Times y The LA Times.