El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda este jueces contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación.
El fiscal general, Merrick Garland, indicó que la norma "es claramente inconstitucional en virtud de los antiguos precedentes de la Corte Suprema", dio a conocer The Washington Post.
La nueva ley contra el aborto, que entró en vigencia la semana pasada, prohíbe el procedimiento a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas personas aún no saben de su embarazo. Además, permite a particulares demandar a cualquier persona que ayude de alguna manera a realizar un aborto con la posibilidad de de cobrar 10,000 dólares si se gana el juicio.
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La demanda del Gobierno de Biden, presentada ante un tribunal federal de Austin, pide que se declare ilegal la nueva normativa, se bloquee su aplicación y "se proteja los derechos que Texas ha violado", indicó Garland en una conferencia de prensa.
Garland señaló que la ley no es válida en virtud de la Cláusula de Supremacía y de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, como así también leyes federales, y que viola la doctrina de la inmunidad intergubernamental. El Gobierno de Estados Unidos tiene "la obligación de garantizar que ningún estado pueda privar a las personas de sus derechos constitucionales", explicó.
La semana pasada, horas después de la entrada en efecto de la ley de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora reforzada, decidió no bloquear la legislación, aunque no llegó a valorar si era constitucional o no.
Tras esta decisión, el presidente, Joe Biden, prometió una respuesta de su para intentar salvaguardar el acceso al aborto en Texas.
"Completos extraños tendrán ahora el poder de entrometerse en las decisiones de salud más privadas y personales a las que se enfrentan las mujeres”, dijo el presidente al cuestionar la ley.
Defender el derecho al aborto con las fuerzas federales
El fiscal general Merrick Garland había anticipado a principios de esta semana que el departamento estaba explorando "todas las opciones" para responder a la ley.
Mientras tanto, afirmó que el Gobierno planea aplicar la Ley de Libertad de Acceso a la Entrada a Clínicas (FACE, por su sigla en inglés), una norma federal de 1994 que protege el libre acceso a los centros de salud que dan servicios de derechos reproductivos, como practicar abortos. La norma castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a estos espacios.
Garland señaló que las fuerzas de seguridad federales ayudarán a las clínicas de abortos que estén "bajo ataque".
Sin embargo, esa medida podría verse limitada por el hecho de que la ley está orientada más a los actos físicos de intimidación o violencia que a las demandas, según explicó Mary Anne Franks, académica constitucional y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, a la agencia de noticias The Associated Press.
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"La nefasta astucia" de la ley de Texas, explió Franks, es que no se puede hacer nada hasta que alguien intente realmente utilizar esta ley. "Y eso sería muy tarde", señaló.
Incluso si una clínica abortos -o las personas que ayudan a una persona a abortar- defendieran con éxito una demanda, eso no bloquearía una pila de futuras denuncias.
Sólo seis semanas de plazo
Jonathan Turley, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, considera que es probable que la ley sea finalmente anulada en los tribunales, ya que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas, mucho antes de que el feto sea viable fuera del útero.
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"Es muy probable que se declare inconstitucional. Los propios redactores entendieron que han establecido una línea muy por debajo de la jurisprudencia existente para prohibir los abortos", indicó Turley a la agencia de noticias AP.
Una docena de otros estados han aprobado leyes que prohíben el aborto después de unas seis semanas de embarazo. Pero jueces federales han impedido que esas medidas entren en vigor, al considerar que son incompatibles con el caso Roe v. Wade, la decisión de la Corte Suprema de 1973 que garantiza el derecho a elegir el aborto antes de la viabilidad, normalmente entre las 22 y las 24 semanas.
La ley de Texas fue diseñada, sin embargo, para evitar una presentación de este tipo, por lo cual presenta un desafío legal mayor. La norma prohíbe intencionadamente la aplicación por parte de los funcionarios del Gobierno estatal, a los que los proveedores de servicios de aborto suelen dirigirse en una demanda.
Con información de The Washington Post y NBC News.