Un tribunal guatemalteco condenó el lunes a 30 años de prisión a cinco expatrulleros civiles que en 1982 abusaron de más de 30 indígenas Achí como método contrainsurgente durante la Guerra Civil.
Cinco de las mujeres acusaron directamente a los paramilitares de violaciones sexuales mientras otras 29 de forma indirecta. Las originarias de varias aldeas del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, esperaron más de 30 años para obtener justicia. Relataron ante el tribunal que tras los abusos sufrieron desplazamientos, culpa y estigmatización, además del daño físico y emocional.
En menos de un mes el tribunal escuchó los testimonios de víctimas y expertos y revisó documentos que demostraron que Gabriel, Francisco y Damien Cuxum Alvarado, así como Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino violentaron a las indígenas cuando eran patrulleros civiles.
Gabriel Cuxum también deberá cumplir una pena extra de ocho años por tratar de cambiar su identidad para evadir la justicia.
Los patrulleros civiles fueron grupos de particulares organizados por militares durante el conflicto armado para ejercer controles a la población.
El juez Gelvi Sical leyó la sentencia y detalló que informes psicológicos realizados a las mujeres daban cuenta que se encontraban lúcidas y con buena memoria. Añadió que según los expertos los abusos se cometieron para infligir dolor y destruir a las comunidades que los expatrulleros consideraban enemigas porque creían que apoyaban a la guerrilla enemiga.
“Eso explica las desapariciones forzadas, asesinatos y violaciones sexuales”, aseguró el juez. Añadió que el tribunal se sentía consternado por lo sufrido por las mujeres, pues evidenció “una muestra clara de esclavitud” y que ellas “han esperado años para romper el silencio ser escuchadas y demandar justicia”.
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Pedrina Lopez, que tenía 12 años cuando los aliados de los militares llegaron a su comunidad y durante seis horas abusaron de ella, dijo que quería “que se escuche mi verdad, que se haga justicia”.
A varios kilómetros de la sala de audiencias, a través de videoconferencia, los acusados escucharon su condena.
Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, de acuerdo a la Fiscalía.
Los detenidos estaban acusados de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil, cargos de los que se habían declarado inocentes.
“Las Patrullas de Autodefensa Civil estaban bajo el mando de El Ejército de Guatemala”, subrayó el juez Sical durante su lectura de la sentencia.
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El 20 de enero, en una conversación con periodistas, Teresa Cacaj, una de las víctimas de las violaciones, afirmó que pese a sentirse enferma y decaída aún podía “luchar un poco” en busca de justicia.
En las afueras de la Torre de Tribunales, en el Centro de la Ciudad de Guatemala, unas 50 mujeres se unieron durante toda la jornada de este lunes para seguir virtualmente el juicio y acompañar a las víctimas, además de exigir justicia.
Según un informe de la verdad de lo ocurrido durante la guerra en Guatemala (1960-1996), unas 200,000 personas murieron y 45,000 fueron desaparecidos. Añade que el 97% de los crímenes fueron cometidos por miembros del ejército y paramilitares y el restante 3% por la guerrilla.