El Departamento de Justicia anunció este jueves que detendrá temporalmente la implementación de la pena capital a prisioneros federales mientras revisa sus propios protocolos al respecto, luego de que la Administración Trump rompiera récords en la implementación de la pena capital.
El fiscal general, Merrick Garland, dijo en un memorando enviado a altos funcionarios que han surgido serias preocupaciones sobre la arbitrariedad de la pena capital, su impacto desproporcionado en las personas de color y "el preocupante número de exoneraciones" en los casos de pena de muerte.
"El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema federal de justicia penal gocen no solo de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana", dijo Garland. "Esa obligación tiene una fuerza especial en casos de pena capital", agregó.
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Garland no especificó cuánto tiempo podría llevar este proceso de revisión de los protocolos del departamento.
Garland dijo que el departamento revisaría los protocolos establecidos por el exfiscal general William Barr, quien sirvió durante la Administración Trump.
Se ha presentado una demanda federal sobre los protocolos, incluido el riesgo de dolor y sufrimiento asociado con el uso de pentobarbital, el medicamento utilizado para la inyección letal.
La decisión suspende las ejecuciones por ahora, pero le no pone fin a su uso y mantiene la puerta abierta para que otra Administración las reinicie. Tampoco impide que los fiscales federales busquen la pena de muerte; de hecho, la Administración Biden pidió recientemente a la Corte Suprema que restableciera la sentencia de muerte original del atacante del Maratón de Boston.
Las ejecuciones federales se detuvieron por casi dos décadas debido a controversias legales a principios de este siglo sobre el uso de los medicamentos que se deben administrar para provocar la muerte de un condenado. Pero en 2019 Barr les ordenó a los funcionarios de las prisiones que reanudaran la aplicación de inyecciones letales usando una sola dosis de pentobarbital, un poderoso sedante.
De ese modo, 13 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos entre julio de 2020 y enero de 2021.
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Garland ordenó que se revise ese protocolo para otorgar la inyección letal e instruyó al Buró Federal de Prisiones que no ejecute reos mientas tanto. También dijo que el departamento estudiará una regulación que instauró la Administración Trump que le permite a las prisiones ejecutar al reo de cualquier modo en que está autorizado por el estado donde fue condenado.
Garland no se pronunció en su memorando sobre si el Gobierno federal seguirá buscando la pena de muerte en algunos casos, como el de Dzhokhar Tsarnaev, el terrorista convicto que hizo estallar una bomba en el maratón de Boston.
Con información de NBC News, The Associated Press y The Washington Post.