Por Adam Edelman - NBC News
Cerca de 900 legisladores estatales de 45 estados pidieron el lunes al Tribunal Supremo que mantenga el caso Roe contra Wade y rechace la prohibición del aborto después de las 15 semanas en Mississippi, un ataque directo a la histórica decisión que legalizó este procedimiento en todo el país en 1973.
El escrito fue presentado el lunes por la mañana por el State Innovation Exchange, un grupo de defensa de la legislación progresista, en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization. Está previsto que los argumentos iniciales ante el alto tribunal comiencen este otoño.
De los 897 legisladores firmantes del amicus curiae [persona física o jurídica interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con este aportando información objetiva] todos eran demócratas, a excepción de dos independientes.
Firmaron legisladores de todos los estados, excepto Mississippi, Dakota del Norte, Oklahoma, Arkansas y Wyoming. Los organizadores del escrito creen que es la mayor colección de legisladores estatales que han firmado un escrito en un caso del Tribunal Supremo relacionado con el acceso al aborto.
NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, obtuvo una copia del escrito antes de su presentación.
El escrito argumenta que el Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de mantener los precedentes legales establecidos por Roe contra Wade y Planned Parenthood contra Casey -las dos principales decisiones que legalizaron el aborto en Estados Unidos- que, según ellos, otorgan a las mujeres embarazadas el derecho constitucional a elegir si desean continuar con un embarazo sin interferencias del estado.
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"Si el Tribunal no defiende el imperio de la ley y los precedentes, y en su lugar destruye o anula [el caso de] Roe, habrá consecuencias desastrosas para las mujeres que buscan abortar, así como para sus familias. Los legisladores de los estados que corren el riesgo de prohibir el aborto en caso de que Roe no se aplique o se anule tienen interés en proteger ese caso para que el aborto siga siendo legal en su estado", afirma el escrito.

El escrito añade que las prohibiciones previas a la viabilidad, como la propuesta en Mississippi, afectarán de forma desproporcionada a las personas de color, a las de bajos ingresos y a otras comunidades marginadas.
"Los jueces responderán a una pregunta clave en este caso: ¿son inconstitucionales las prohibiciones previas a la viabilidad? La respuesta es sí y décadas de precedentes ya lo han establecido", señaló la directora senior de derechos reproductivos del State Innovation Exchange, Jennifer Driver. "Este escrito demuestra que casi 1,000 legisladores estatales están luchando para decir que este tribunal debe mantener 50 años de precedentes".
Añadió la representante estatal demócrata de Texas Jasmine Crockett, que firmó el escrito: "Este caso no debería tratarse de si los legisladores y los jueces están de acuerdo con tener acceso al aborto. Se trata de que el acceso a la atención sanitaria del aborto es una protección constitucional establecida desde hace tiempo".
El Tribunal Supremo comunicó en mayo que consideraría durante su próximo mandato la legalidad de la Ley de Edad Gestacional de Mississippi, que prohíbe los abortos después de las 15 semanas, excepto en casos de emergencias médicas o anormalidades fetales graves. La ley fue anulada por una sentencia de un tribunal inferior. La decisión sobre el caso llegaría probablemente en la primavera de 2022.
En un escrito presentado en julio, los abogados del estado de Mississippi instaron al Tribunal Supremo no solo a mantener la ley del estado, sino también a anular explícitamente el caso Roe contra Wade y Planned Parenthood contra Casey.
La decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso Dobbs es la primera vez en décadas que considerará la cuestión del acceso al aborto, y los defensores del derecho al aborto han expresado su preocupación de que el nuevo tribunal conservador sea más receptivo a las restricciones al aborto.
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Esa preocupación pareció confirmarse este mes cuando el tribunal, en una sentencia de 5 a 4, se negó a bloquear una ley restrictiva de Texas que prohíbe los abortos después de que se pueda detectar la actividad cardíaca del feto, o a partir de las seis semanas de embarazo.
La ley también permite a cualquier persona del país demandar a las clínicas de abortos u otras personas que ayuden a las mujeres a someterse al procedimiento después de ese plazo.