Alabama ejecutó por inyección letal este jueves por la noche a un preso pese a que sus abogados alegaron que tenía un coeficiente intelectual de tan solo 64 puntos, lo que se considera una discapacidad. La Corte Suprema estatal suspendió la ejecución en febrero porque no se permitió que el preso tuviera a su lado a un pastor durante sus últimos momentos de vida.
Willie B. Smith III, de 52 años, fue condenado a muerte por el asesinato en 1991 de Sharma Ruth Johnson, de 22 años. Smith secuestro a punta de pistola a Johnson, la hermana de un detective de la policía, cuando la mujer sacaba dinero de un cajero automático. Le robó 80 dólares y la llevó a un cementerio donde le disparó en la nuca.
Smith recibió una inyección letal en una prisión del suroeste de Alabama. Fue declarado muerto a las 9:47 pm hora local.
"Tras 30 años de espera, se ha hecho justicia", dijo la familia de Johnson en un comunicado leído por el comisario de prisiones de Alabama, Jeff Dunn.
Smith se negó a pronunciar sus últimas palabras, poco después de las 9:30 pm, cuando se acercaba a la muerte. Por primera vez, el estado permitió que estuviera un pastor con él durante la ejecución y el pastor Robert Wiley rezó con él. Cuando comenzó el procedimiento de inyección letal puso su mano sobre la pierna de Smith y uno de sus abogados levantó el puño hacia el cristal de la sala de testigos en aparente señal de apoyo.
La familia de Johnson presenció la ejecución en una sala separada de los abogados de Smith y de los medios. Dunn dijo que la ejecución se desarrolló “según nuestro protocolo”.
“Sharma Ruth Johnson fue secuestrada a punta de pistola, amenazada mientras estaba en el maletero del coche, aterrorizada, agredida y, en última instancia, Willie B. Smith III la mató brutalmente”, dijo la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, en un comunicado emitido tras la ejecución.
La semana pasada, la oficina federal de defensa de los derechos humanos presentó una demanda a favor de Smith en la que se alegaba que no obtuvo asesoría cuando se le entregó un formulario en 2018 en el que se le avisaba a los presos que tenían derecho a solicitar como método de ejecución la hipoxia por hidrógeno.
El estado le otorgó 30 días a los reclusos para que decidieran si deseaban ser ejecutados mediante ese método, luego de que el Congreso estatal aprobara una ley con ese fin.
Los abogados de Smith argumentaron que, según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, se le debió de haber dado una asesoría especial a Smith para que entendiera de qué se trataba. Como no recibió ninguna información, Smith no regresó el formulario completado a las autoridades de la prisión.
De haber adoptado el método, como muchos de sus compañeros en el pasillo de la muerte, no habría sido elegible para ser ejecutado aún porque las autoridades encargadas de implementar este nuevo método todavía no han terminado de elaborar el protocolo.
"Porque Smith padece de deficiencias cognitivas significativas, él alega que no tuvo la oportunidad de gozar los beneficios del estatuto y el formato de elección sin que lo ayudaran a entender el formato y sus contenidos", se indica en la demanda.
Un profesor de audiología y ciencias del habla de la Universidad del Norte de Colorado encontró que el formulario tenía una dificultad de comprensión equivalente a un texto para un alumno de grado 11, según documentos judiciales. El nivel de comprensión lectora de Smith estaba entre el tercer y cuarto grado cuando el experto lo evaluó.
Un juez federal dictaminó este domingo que ejecutar a Smith mediante la inyección letal no violaba sus derechos. Pero sus abogados han presentado desde entonces una moción en la Corte de Apelaciones del 11° Circuito con la esperanza de recibir una suspensión de la ejecución para que puedan apelar la decisión.
La oficina del procurador general de Alabama rechaza que Smith esté discapacitado y ha argumentado que las afirmaciones son una táctica de dilación.
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Sin embargo, la discapacidad intelectual de Smith ha estado durante mucho tiempo en el centro de los argumentos de sus abogados, y los documentos judiciales muestran que hay evidencia para respaldar estas afirmaciones.
Si bien la Corte Suprema dictaminó en 2002 que la ejecución de personas discapacitadas era inconstitucional y una violación de la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito decidió en 2019 que esta decisión no podía aplicarse retroactivamente a Smith.
Robert Dunham, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que el problema más importante es que Smith sufría de una discapacidad intelectual y por tanto debería estar protegido constitucionalmente frente a la pena de muerte.
El otro problema que Dunham identificó es que llegaron a un acuerdo para que un consejero religioso esté presente en la cámara de la muerte y que le administre los ritos religiosos correspondientes antes de la ejecución.
Hay otro caso pendiente en la Corte Suprema entre Texas y John Ramírez que se revisará este 1 de noviembre. En este caso solo se le permite al consejero religioso del reo estar en la habitación, pero no podrá hablar ni orar.
“El hecho de que Alabama pueda llevar a cabo la ejecución demuestra claramente que la posición de Texas no tiene mérito legal bajo la Ley de Uso Religioso Común y la Ley de Personas Institucionalizadas”, afirmó.
La última preocupación es con respecto a un problema en curso en Alabama, donde el número de testigos permitidos en la cámara de la muerte es limitado debido a la pandemia. Si bien el estado ha cambiado de opinión con respecto a este procedimiento después de que solo permitió un testigo de los medios en la última ejecución programada de Smith, Dunham dijo que plantea preocupaciones sobre la transparencia del caso.
“Inicialmente, decían que no era lo suficientemente seguro para Willie Smith tener la dotación completa de testigos a la que legalmente tiene derecho”, dijo el abogado. “Al final acordaron que él puede tener a sus seis testigos, pero esto es parte de la falta de transparencia en torno a las ejecuciones en Alabama”, apuntó.
Smith es la octava persona ejecutada en Estados Unidos en este 2021, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Hay cuatro ejecuciones más programadas para este año, tres en Oklahoma y una en Texas.
Con información de NBC News y The Associated Press.