Una jueza federal ha rechazado este lunes el intento de la administración Trump de desestimar una demanda que alega que su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que protegen a los inmigrantes haitianos, salvadoreños y hondureños de la deportación, tuvo motivaciones racistas.
La decisión de la jueza del distrito de Massachusetts, Denise Casper, significa que continúa adelante el caso que busca impedir que la Administración termine con el TPS para miles de inmigrantes. Casper también rechazó la solicitud de eliminar al presidente Donald Trump como acusado en el caso.
"Este Tribunal considera que la combinación del dispar impacto en grupos raciales concretos, las declaraciones de animosidad de personas supuestamente involucradas en el proceso de toma de decisiones y el cambio supuestamente injustificado en la política, es suficiente para alegar plausiblemente que un propósito discriminatorio fue un factor motivador en esta decisión ", ha escrito Casper.
El pasado febrero nueve personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco hijos de beneficiarios del programa presentaron la demanda contra el Gobierno federal. La Administración intentó desestimarla argumentando que el Congreso prohibió a los tribunales "cuestionar" las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre este asunto.
Pero a la decisión de esta magistrada se suma la del magistrado federal de San Francisco, Edward Chen, que dictaminó el pasado que los tribunales tienen la autoridad para revisar la demanda que busca restablecer el estatus de protección temporal para las personas de estos países.
"Esto representa un resultado extremadamente favorable para los inmigrantes hondureños, haitianos y salvadoreños que se han sentido completamente sorprendidos por la negativa del Gobierno a mantener este programa de protección humanitaria y que están firmemente convencidos de que el racismo y la discriminación fueron el centro de la decisión de terminar el TPS ", ha dicho Ivan Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica, que presentó la demanda en febrero.
Casper ha rechazado una de las solicitudes de desagravio del grupo, pero dio el visto bueno para que las demás peticiones sigan adelante tras apuntar que los inmigrantes habían hecho reclamos constitucionales plausibles.
El TPS se otorga a países devastados por desastres naturales o guerras, y permite que los ciudadanos de esos países permanezcan en los EE. UU. hasta que mejore la situación.
Pero la administración Trump anunció el pasado enero que el programa para El Salvador expira en septiembre de 2019. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, concluyó que El Salvador había recibido ayuda internacional significativa para recuperarse del terremoto.
También anunció el pasado noviembre el fin del TPS para Haití. La decisión afecta a cerca de 60,000 haitianos que viven y trabajan en Estados Unidos. A los hondureños, el Gobierno les dio el pasado mayo un margen de 18 meses a sus 55.000 beneficiarios para que regresen a su país o busquen otra vía para regularizar su situación migratoria.
La administración de Trump argumenta que las condiciones en los países han mejorado y que el programa no fue diseñado para que las protecciones se extiendan continuamente.