El juez federal Dana Sabraw ha dicho este martes que "pronto" estarán localizados todos los padres deportados tras haber sido separados de sus hijos en la frontera, en su mayoría repatriados a Honduras, Guatemala y El Salvador, para que hagan saber al Gobierno si pedirán la repatriación del menor o si renunciarán a dicho derecho.
Sabraw, quien preside las tres demandas colectivas entabladas en nombre de los padres y de los niños separados en la frontera, ha anticipado que una vez que se conozcan los intereses de todos los afectados se procederá a monitorear el proceso para garantizar que éstos se cumplan a la mayor brevedad.
De los cientos de padres que han sido afectados por esta situación, aún se desconoce el paradero de cinco, aunque los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que los representa, confían en que los encontrarán, según se ha apuntado en una audiencia en la corte de San Diego, California.
Todavía, unos 15 padres no han notificado a las autoridades si pedirán el traslado de su hijo al país donde se encuentran o si renunciarán a su derecho de reunificación, para que los menores puedan permanecer con un familiar o pelear su caso de asilo en Estados Unidos.
La Administración de Donald Trump ha reunificado con sus padres a 2.363 de los 2.654 niños de los que tomó custodia en la frontera. Del grupo restante, unos 175 menores no regresarán con sus padres ya que éstos han renunciado a dicha opción, según se detalla en un reporte presentado por el Gobierno.
Recientemente, el juez Sabraw aprobó de forma preliminar un acuerdo alcanzado entre la Administración y la ACLU que resolvería las tres demandas colectivas a nombre de inmigrantes a cambio de que se les reconsideren sus solicitudes de asilo político. Sin embargo, tanto la ACLU han insistido este martes en que se implemente el plan de forma inmediata, sin esperar a la aprobación final contemplada para mediados de noviembre.
Abogados señalaron que cerca de 60 inmigrantes recluidos en un centro de detención ya están listos para recibir la orientación necesaria para su entrevista con agentes migratorios, por lo que se debería proceder a ello. Los abogados del Gobierno federal se mostraron opuestos a esta propuesta alegando preocupaciones "legales, prácticas y equitativas", al acelerar el plan.
Sabraw insistió en más de una ocasión en que no anticipa ninguna objeción al acuerdo, por lo que no ve inusual que se adelante el proceso, ante la insistencia del Gobierno de respetar el plazo inicial para el denominado "acuerdo voluntario". Si bien el juez no tomó una decisión, adelantó que emitirá una orden "cuanto antes" que será "concisa y directa al grano".
Contrario a la primera fase del litigio, cuando se solicitó al Gobierno presentar un informe cada semana seguido con una audiencia en la corte federal, Sabraw instó a que éstos se publiquen cada quince días. Alberga la esperanza de que en el próximo informe se tenga notificación de todos los padres que fueron deportados sin sus hijos.