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"Una condena para las mujeres y niñas de Colombia": se retrasa el fallo sobre la despenalización del aborto

Se esperaba que el viernes la Corte Constitucional colombiana hiciera historia al aprobar la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo, pero no fue así. El aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad materna del país.

La Corte Constitucional colombiana aún no ha podido decidir si se elimina el delito del aborto del Código Penal de ese país. Se esperaba que la semana pasada se produjera el fallo, pero el debate fue interrumpido por la petición de uno de los magistrados, Alejandro Linares, de declararse impedido para la votación porque declaró sobre el caso en una entrevista con un medio de comunicación.

Linares sostiene que su intervención puede afectar su imagen de imparcialidad en el fallo. Como los magistrados no se pusieron de acuerdo sobre su solicitud, el impedimento será decidido por un conjuez, lo que inevitablemente retrasará la discusión sobre el aborto en el tribunal más importante del país.

"Todo gira alrededor de la decisión de Hernando Yepes, el conjuez. Si decide que no hay elementos para recusar a Linares, el fallo podría suceder antes de que se acabe el año. Pero si prospera la recusación, hay que nombrar a otro magistrado que deberá leer el expediente y eso alargaría el debate para enero o febrero de 2022", afirma Juan Camilo Herrera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres e interpusieron la demanda en la corte se agrupan en el Movimiento Causa Justa y consideran que el retraso perjudica la situación de mujeres y niñas en Colombia, país donde cerca de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones en el aborto, según cifras de la Organización Médicos sin Fronteras.

"La corte tiene que cumplirle a las mujeres. Cada día que pasa hay más personas desprotegidas porque no pueden acceder a los servicios de salud reproductiva, son perseguidas y tienen procesos abiertos en su contra. Es una condena para las mujeres y niñas en Colombia", afirma Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, en entrevista con Noticias Telemundo.

"Fue mi salvación"

Sandra recuerda a su familia, enumera sus logros y asegura que abortar fue un momento crucial para lograr todas sus metas.

Pienso que fue la mejor decisión de mi vida. Fue mi salvación porque pude cumplir mis sueños y seguir adelante”, dice con una mirada profunda.

Cindy dice que no estaba en condiciones de criar a un hijo, pero temía que su familia la recriminara por interrumpir el embarazo. Fue valiente y decidió hablar con su pareja y una buena amiga que la acompañaron en todo el proceso de aborto.

“Las que tomamos esta decisión lo que queremos es más apoyo y menos señalamiento. Que nos entiendan que, por alguna razón, esa fue la decisión que tomamos”, asevera con calma.

Sandra, Cindy y centenares de mujeres colombianas que participaron en campañas de concientización como Todos somos una, alzaron sus voces junto con decenas de organizaciones no gubernamentales y movimientos de los derechos de las mujeres para exigir la eliminación del aborto del código penal del país.

Este movimiento ha sido impulsado por la reciente ola de reformas y manifestaciones por los derechos de la mujer que han experimentado diversos países latinoamericanos como Argentina y México.

Activistas durante una manifestación a favor de la despenalización total del aborto, el 2 de marzo.Fernando Vergara / AP

Niñas y adolescentes son las más afectadas

Desde 2006, el Código Penal colombiano considera que el aborto solo es legal en tres circunstancias: cuando hay violación, incesto o inseminación no consentida, en casos de malformación fetal grave que haga inviable su vida o cuando el equipo médico certifica que hay riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada.

Cualquier mujer que se someta a ese procedimiento, o el personal de salud que se involucre en esa práctica, incurre en un delito con una pena de 16 a 54 meses de prisión. Y, según los colectivos feministas, esa despenalización condicionada criminaliza, estigmatiza y encarcela a muchas mujeres y niñas colombianas. Según cifras oficiales, cada año 400 mujeres son procesadas por este delito.

“Es una situación muy injusta porque, por un lado las excepciones te dan un derecho, pero también es un delito grave que genera un estigma social e institucional. Todo eso crea muchísimas barreras para las mujeres y las niñas en situación de mayor vulnerabilidad que, al final, no tienen acceso a un servicio esencial de la salud como es la interrupción legal del embarazo”, explica Ximena Casas Isaza, investigadora de Human Rights Watch. 

Se estima que anualmente unas 400,000 mujeres y niñas se someten a un aborto inducido en Colombia y aproximadamente un tercio de ellas sufren alguna complicación. El aborto inseguro es la cuarta causa de mortalidad materna del país.

Diversos estudios han determinado que las niñas y adolescentes son quienes más sufren abusos sexuales que desencadenan un embarazo no deseado que, en muchas ocasiones, pone en riesgo sus vidas.

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Según un informe del movimiento Causa Justa, el 73% de los 26,158 casos que fueron procesados por las autoridades por presunta violencia sexual tuvieron por víctima una niña o adolescente entre los 0 y los 17 años. Ellas también son las que más sufren el acoso por parte del sistema penal.

El sistema de salud usa las causales como una excusa para negar los servicios, por eso tenemos tantos casos de niñas embarazadas".

Paula Ávila-Guillén, directora de Women’s Equality Center

Aunque el documento advierte que existe un importante subregistro, los investigadores afirman que “en muchos de los casos, los agresores corresponden a personas de su círculo social o familiar. Estas desgarradoras cifras solo corresponden a aquellos casos que son denunciados”.

“Las excepciones que permiten el aborto no son suficientes. El sistema de salud usa las causales como una excusa para negar los servicios, por eso tenemos tantos casos de niñas embarazadas producto de violación que no pueden acceder al aborto porque existen muchísimas barreras burocráticas”, asevera Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center, en una entrevista con Noticias Telemundo.

Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, las denuncias por aborto contra menores corresponden al 12,5% del total de los casos investigados, también sobre ellas recae el 24% del total de condenas.

“Muchas veces este delito es excarcelable, es decir se inician los procesos y no siempre ellas terminan recluidas, pero esto tiene un impacto muy grave en sus vidas porque quedan con antecedentes que les impiden conseguir trabajo y progresar, es algo que afecta todos sus proyectos”, advierte Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos.

¿Cómo ha sido el proceso en la corte?

El máximo tribunal del país recibió dos peticiones, una fue presentada por el magistrado Alberto Rojas y la otra por el propio presidente de la corte, Antonio José Lizarazo.

La de Rojas se basa en que el delito del aborto “crea una discriminación odiosa e injustificada” al sancionar a las mujeres que aborten, situación que no ocurre con los hombres, lo cual incrementa la desigualdad y ubica a esa práctica como un delito de género. Rojas pide que ese delito se remueva del Código Penal del país y que el Congreso defina y reglamente la práctica de interrupción voluntaria del embarazo y sus plazos.

Lizarazo expone la demanda que presentó la coalición Causa Justa y que se basa en diversos argumentos como la violación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo porque se trata de un delito generador de estigma, además fomenta la desigualdad porque las mujeres de zonas rurales y empobrecidas deben sortear múltiples trabas burocráticas.

La Corte Constitucional recibió un total de 114 intervenciones (también conocidas como amicus curiae) que apoyan la demanda de Causa Justa. 

La persecución contra el personal de salud

Un elemento que resalta la demanda de Causa Justa es la situación del personal sanitario que también se veía sometido a penas de prisión por participar en la realización del cualquier procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo que no cumpliera con las causales.

Como sucede en otros países esa situación hacía que los médicos tuvieran buena parte de la responsabilidad al momento de certificar la práctica de un aborto y, además, generaba que fueran los principales actores al momento de denunciar.

“Hay mucho temor por parte de los profesionales de la medicina porque primero recae sobre ellos la carga de certificar las condiciones para el aborto y, cuando te enfrentas a la posibilidad de tener problemas legales obviamente es mucho más fácil darle la espalda al problema", afirma Laura Gil, ginecóloga y miembro del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.

Una investigación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reveló que, entre los años 1998 y 2018, la fiscalía colombiana procesó 5,580 denuncias de aborto y en el 75% de los casos los médicos y otros operadores en el sistema de salud fueron los denunciantes de las mujeres que llegaron al hospital sintiéndose enfermas por practicarse un aborto.

"Muchos médicos empiezan a pedir una cantidad de valoraciones, exámenes y requisitos que lo único que hacen es crear barreras, es un obstáculo para el libre ejercicio de nuestra profesión”, asevera Gil.

¿Qué cambiaría la despenalización total?

El primer efecto sería que ya nadie podrá ser perseguido por el delito de aborto en el país, además las mujeres, adolescentes y niñas podrán acceder sin ningún tipo de barreras a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Las mujeres que no estaban protegidas por las excepciones que existían en el país, podrán acceder al aborto al día siguiente de la de la decisión”, afirma Martínez Coral.

Además, en el caso de las mujeres que están siendo procesadas, o que se encuentran detenidas, “los abogados directamente podrán introducir algún recurso para iniciar su liberación”, explica la experta. 

Católicas que apoyan el derecho al aborto

Aunque diversas organizaciones que se oponen a la interrupción del embarazo, movimientos políticos conservadores y la Iglesia católica se han pronunciado en contra de las propuestas que llegaron a la Corte Constitucional, resalta el caso de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que apoya la demanda de Causa Justa.

“Nosotras consideramos que apoyar el aborto como un derecho no es incompatible con tener unas creencias o una vida espiritual. Todo lo contrario: sabemos que las mujeres somos la mayoría de las personas que forman las bases de la religión y de la Iglesia por eso debemos tener una voz, y tenemos derecho a tomar decisiones libres”, asevera Aura Carolina Cuasapud, abogada de la organización.

Ni la Biblia, ni la Iglesia, ni Dios condenan el aborto como pecado"

Aura Carolina Cuasapud, abogada Católica

En redes sociales suelen descalificar a las integrantes de este movimiento diciéndoles católicas falsas, mujeres hipócritas y fariseas, además de vincularlas con sectas satánicas y amenazarlas con la excomunión. Cuasapud se ríe cuando se le pregunta por todos esos ataques.

“En el peor de los casos, la excomunión no te inhibe de ser católica. Si te bautizaron ya no te pueden quitar esa condición, no te pueden quitar tus creencias. Lo cierto es que ni la Biblia, ni la Iglesia, ni Dios condenan el aborto como pecado y mucha gente no sabe eso”, concluye.