"Solo el pueblo salva al pueblo y aquí hay Daniela pa' rato". Este fue el primer mensaje que publicó Daniela Soto en sus redes sociales luego de que una bala le atravesara el abdomen en un tiroteo a un grupo indígena en la ciudad colombiana de Cali la semana pasada.
Esta estudiante de filosofía y líder indígena sufrió en carne propia el dolor de la crisis de proporciones históricas que convulsiona a Colombia desde hace ya casi un mes. El paro nacional que ha dejado decenas de muertes y cientos de heridos y desaparecidos ha traído a la superficie los profundos problemas de violencia e inequidad racial y económica que han aquejado al país por décadas y que la pandemia del coronavirus ha exacerbado.
[Abusos policiales, demandas sociales, crisis y una pandemia: Colombia vive una tormenta perfecta]
El Gobierno que preside Iván Duque retiró la impopular reforma tributaria que desencadenó las protestas, y su autor, el ministro de Hacienda, renunció; esta semana se ha retirado además otra reforma de salud muy criticada. Pero las negociaciones para acabar con las protestas parecen estar en un punto muerto, y los retos que enfrenta Colombia no empiezan ni acaban con este Gobierno, ni tienen fácil solución.
Cali, epicentro del paro y microcosmos de Colombia (y América Latina)
Una semana y varias cirugías después del tiroteo en Ciudad Jardín, una zona adinerada de Cali, Daniela Soto salió del hospital este martes y regresó a su casa, según le contó a Noticias Telemundo. Ella es parte del pueblo indígena Nasa, que ha habitado mayormente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste del país. Junto a Soto, otras 12 personas de comunidades indígenas fueron baleadas en la misma protesta.
La investigación oficial aún está en curso, pero varias ONG y medios independientes denuncian que los agentes de policía presentes aquel día no intentaron detener o arrestar a quienes disparaban. "Así es como la policía protege a los ricos que le disparan a la Minga", aseguró Feliciano Valencia, uno de los principales líderes indígenas y senador por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que publicó un presunto video de lo ocurrido.
"No me sorprende nada ver a civiles armados disparándole a los indígenas", opina Sandra Borda, politóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá, "estamos viendo el resultado de años y años de gestación de una cultura súper racista y clasista". Y "no es único de Cali", añade, pero "allá se exacerba y se hace mucho más visible".
Cali, con poco más de dos millones de habitantes, fue epicentro durante la década de 1990 de los grandes carteles del narcotráfico, un papel protagónico que no se ha evaporado y al que se añadió la violencia y secuestros de la guerrilla y de pandillas criminales. A ello se suma "lo acostumbrados que estamos al uso de la fuerza armada privada acá", añade Borda. Y, ahora, las protestas contra el Gobierno, la represión policial, y la participación de civiles armados en el conflicto.
Borda, experta en el conflicto armado colombiano y el acuerdo de paz que le puso un tentativo fin, explica que, en Ciudad Jardín, donde ocurrió el tiroteo, vivían los principales narcotraficantes y, aunque ya no están, quedan "sobras de narco pequeño y gente que siempre está armada". Se trata de comunidades residenciales cerradas, aisladas de las duras condiciones socioecónomicas que vive gran parte de Cali, y ahora que el paro ha llevado esas quejas hasta sus puertas se sienten amenazadas y "eso motiva la reacción tan violenta", concluye Borda.
La violencia durante las protestas también ha venido de focos de vandalismo, y al menos tres policías han muerto a manos de ciudadanos. Pero la crisis se ha agravado fundamentalmente por lo que organizaciones internacionales denuncian como un patrón de violaciones de derechos humanos de parte de la fuerza pública.
Según datos del Gobierno presentados este miércoles, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y otras fuerzas policiales o militares han acabado con la vida de 15 personas durante las protestas, aunque tanto Borda como otros expertos dudan de estas cifras, y ONG como Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estiman al menos 43 muertos, 384 heridos y 18 agresiones sexuales por parte de policías.
Una de ellas fue Alison Meléndez, de 17 años, quien se suicidó tras haber sufrido un presunto abuso sexual por parte de agentes del ESMAD. La Fiscalía dijo en un comunicado que esta investigación es una de sus prioridades, pero no se conocen aún resultados.
Estos abusos han avivado la furia de quienes marchan y preocupa a las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, como las Naciones Unidas y Human Rights Watch.
La comunidad indígena, finalmente protagonista
Las comunidades indígenas, históricamente marginadas, juegan hoy un papel fundamental en estas protestas, y el escenario más evidente es Cali, donde fue herida Daniela Soto.
"Nos hemos sumado al paro para reclamar esos derechos que nos han sido negados durante muchos años", explica Alfonso Guachetá, vocero de la Minga (término quechua que significa encuentro para hacer un trabajo para el bien común) por teléfono desde Jamundí, a las afueras de Cali.
En su opinión, el tiroteo en Ciudad Jardín, del que dijo haber sido testigo, fue un esfuerzo premeditado de ciudadanos armados precisamente para amedrentarlos y acallar su activismo político.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "la violencia y otros crímenes, así como el desplazamiento forzado y el confinamiento, amenazan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia".
Después de Siria, Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo (nueve millones sobre una población total del país de 50 millones). Las disputas territoriales entre grupos armado han expulsado de sus territorios a comunidades indígenas que ven amenazadas sus vidas y ocupadas sus tierras por cultivos legales o ilegales y explotaciones mineras y petrolíferas, según explica la ACNUR.
A la pobreza extrema se suman así "el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual y por motivos de género, la prostitución forzada, [...] las minas antipersona, los asesinatos de líderes, maestros y promotores de salud", según ACNUR. Y "el genocidio sigue aumentando" denuncia Guachetá.
¿Qué buscan las comunidades indígenas al unirse al paro?
Guachetá, que pertenece a la tribu Nasa al igual que Daniela Soto, explica que su objetivo es que que Estados Unidos corte su ayuda económica y armamentística al Gobierno colombiano "para que los recursos que lleguen no se queden con los congresistas y los terratenientes que están explotando este país".
"Nos están presentando al mundo como vándalos, como guerrilleros, como delincuentes, porque quieren venderle al mundo una situación diferente de lo que se vive en el país", añade.
Las comunidades indígenas se han acogido a las peticiones del Comité Nacional del Paro, el colectivo que se ha sentado a negociar directamente con el Gobierno de Duque, compuesto de decenas de comités a nivel nacional, departamental y municipal, conformados por trabajadores, maestros y estudiantes, entre otros.
Ahora que se retiró la reforma tributaria, el Comité busca negociar medidas sociales que amortigüen las míseras condiciones sociales y económicas que vive la mayoría del país y que se agravaron por la pandemia de coronavirus.
Exigen, por ejemplo, matrículas universitarias gratuitas para personas con menos recursos, o cheques de ayuda como los aprobados en Estados Unidos. También piden que se garantice la seguridad de los líderes sociales que son asesinados a diario y de quienes protestan pacíficamente, la desmilitarización de las ciudades, que se disuelva el ESMAD, y detener el rocío de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, entre otros.
Algunas comunidades indígenas piden además sacar del poder a Duque y que se reforme la Constitución, peticiones que no contempla el Comité del Paro.
Los riesgos del paro, o por qué es tan difícil resolver esta crisis
Las políticas que podría implementar el Gobierno serían un comienzo, dicen los expertos, pero no resolverían la crisis nacional. La confianza en la democracia y en las instituciones está en un mínimo histórico de alrededor de 20%, explica Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia en Colombia y profesor de ciencias políticas en la Universidad de los Andes.
"La pandemia agarra al país sin la infraestructura para responder", asegura Rodríguez durante una conferencia virtual, “no es un estado de bienestar como Chile o Argentina, que tienen programas para responder a situaciones como esta, como un seguro de desempleo y otras protecciones".
Y quienes ya estaban desilusionados con el Gobierno y las instituciones es probable que "ahora estén frustrados con la dinámica misma de la protesta", explica Aníbal Pérez-Liñan, editor en jefe de Latin American Research Review y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Notre Dame en Indiana.
Esta es una "movilización alimentada por las redes sociales", explicó, algo sin precedentes en Colombia, y el Gobierno no ha sabido responder sino con mano dura. Pero además, por lo que surge de los ciudadanos mismos y es convocada por ellos a través de las redes, no tiene líderes claros y está "altamente fragmentada".
"Creo que este Gobierno es un muy mal Gobierno", agrega Rodríguez, "pero lo único peor que puede pasar es que no termine su periodo" y eso alimente un caos, además de social, político.
Otro riesgo importante es que "se resuelva esto sin resolver las cosas que están detrás", concluye Rodríguez, postergando el sufrimiento de la gente por el paro, por el Gobierno, o por cientos de años de violencia y desigualdad.