El Instituto Nacional Electoral de México (INE) anunció este viernes que ocho funcionarios de su Junta Ejecutiva renunciaban a su cargo, tras la aprobación de la reforma electoral impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Las renuncias de sus principales funcionarios se harán efectivas del 31 de marzo al 3 de abril, fecha en que termina el mandato del consejero presidente, Lorenzo Córdova, según informó el periódico La Jornada. La nueva presidencia del INE entrará en funciones a partir del 4 de abril, así como tres nuevas consejerías.
El INE dijo en un comunicado que las renuncias son de carácter irrevocable, “en pleno acuerdo” con Córdova y “fueron presentadas a fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral”.
Los integrantes de la Junta General Ejecutiva son propuestos por la presidencia del Consejo y deben ser votados por mayoría calificada de ocho votos, según informó el portal Aristegui Noticias. La Junta es encabezada por la presidencia del Consejo General, la o el titular de la Secretaría Ejecutiva y 16 funcionarios públicos.
Los funcionarios que presentaron su renuncia, según el medio citado, son: Ana Laura Martínez de Lara, directora ejecutiva de Administración; Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización; Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Gabriel Mendoza, director Jurídico; Daniela Casar García, directora del Secretariado; Cecilia del Carmen Azuara Arai, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Laura Liselotte Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de Comunicación Social.
El 'Plan B' de AMLO
La iniciativa legislativa de López Obrador, conocida como “Plan B”, que entró en vigor este viernes, fue impulsada en diciembre por el mandatario luego de que no lograra los votos suficientes en el Congreso para una reforma constitucional que implicaba cambios más profundos, como la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al actual INE.
La reforma recorta 3,500 millones de pesos (175 millones de dólares), elimina el 85 % del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, advirtió el jueves un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Con las reformas de diversas leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El proyecto suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce sus 300 oficinas distritales a 264.
Por primera vez se reconoce que los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero puedan votar por internet. Además, se establecen las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Ls partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBTQ y personas con discapacidad.
¿Qué opina la oposición? ¿Y EE.UU.?
Los partidos de oposición criticaron la reforma como el “peor retroceso democrático de la historia de México”, según Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Indira Rosales San Román, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que es “igual de dañina” que la propuesta original de reforma electoral y “un retroceso muy importante para la paridad”.
La reforma electoral, cuya constitucionalidad ahora analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), despertó la semana pasada cuestionamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y congresistas estadounidenses.
“Hoy, en México vemos un gran debate sobre reformas electorales que están probando la independencia de las instituciones electorales y judiciales”, señaló en la red social Twitter el domingo pasado Brian Nichols, secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.
Además, cientos de miles de mexicanos marcharon en más de 100 ciudades el pasado domingo en la protesta más grande contra una iniciativa de López Obrador. El mandatario acusó a sus opositores de que “engañan, manipulan, a muchísima gente”.
La defensa de AMLO
El mandatario ha negado reiteradamente que la reforma pueda poner en riesgo la democracia en México, como denunció entre otros el presidente del INE y defendió que busca recortar el presupuesto y terminar con unos supuestos privilegios. El mandatario asegura que las autoridades electorales actúan más como oposición al Gobierno que como árbitro neutral en comicios.
“Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al Gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario”, expuso el mandatario este viernes en su rueda de prensa diaria.
López Obrador aseguró que la reforma “es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”.