Por The Associated Press
El Gobierno de Perú cerró indefinidamente las famosas ruinas de Machu Picchu ante el avance de las protestas antigubernamentales que llevan un mes sacudiendo el país.
El Ministerio de Cultura dijo el sábado que había decidido clausurar la atracción turística más famosa del país, así como el Camino Inca que conduce al sitio, “para proteger la seguridad de los turistas y la población en general”.
La decisión dejó atrapados Machu Picchu a 417 visitantes, de los cuales más de 300 son extranjeros, según explicó en una rueda de prensa el ministro de Turismo, Luis Fernando Helguero.
El cierre de la ciudadela inca, que data del siglo XV y a menudo se la conoce como una de las nuevas siete maravillas del mundo, se produce cuando las protestas sacuden ya Lima, tras la llegada de miles de manifestantes a la capital desde regiones andinas remotas, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, ha sido escenario de algunos de los enfrentamientos más intensos, lo que ha provocado una pérdida significativa de ingresos por turismo. El aeropuerto de Cusco se cerró brevemente esta semana después de que los manifestantes se cansaron de asaltarlo.
El servicio de tren a Machu Picchu está cerrado desde el jueves debido a daños en las vías.
Algunos turistas varados han optado por irse caminando a Piscacucho, el pueblo más cercano, dijo Helguero, “pero eso implica una caminata de seis, siete horas o más y solo unas pocas personas pueden hacerlo”.
Los turistas que ya habían comprado boletos para Machu Picchu desde el sábado hasta un mes después de que terminen las protestas podrán obtener un reembolso completo, dijo el Ministerio de Cultura.
El mismo sábado, la policía allanó la universidad pública más importante de Perú en Lima para desalojar a los manifestantes que se habían instalado en el campus mientras participaban en grandes protestas. Más de 100 personas fueron detenidas, dijo el ministro del Interior, Vicente Romero.
Hasta hace poco, las protestas se habían concentrado en el sur del país. Comenzaron el mes pasado después de que el entonces presidente Pedro Castillo, el primer líder de Perú con antecedentes rurales andinos, fuera acusado y encarcelado por intentar disolver el Congreso.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, quien asumió el cargo el 7 de diciembre para reemplazar a Castillo. También quieren que se disuelva el Congreso y se celebren nuevas elecciones. Castillo se encuentra actualmente detenido por cargos de rebelión.
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Más de 55 personas han muerto desde que estallaron los disturbios.
El sábado por la mañana, la policía usó un pequeño tanque para irrumpir en la Universidad Nacional de San Marcos en la mañana.
Javier Cutipa, de 39 años, quien viajaba en autobús desde Puno, había estado durmiendo en el piso allí desde el jueves, pero se fue a desayunar justo antes de que llegara la policía. Calificó la acción policial como “prácticamente un asalto”, con helicópteros, gases lacrimógenos y tanquetas pequeñas.
“Esto nos indigna. Lo único que está haciendo el Gobierno con estas detenciones es empeorar las tensiones”, dijo Cutipa. “Cuando la población se entere de esto va a reaccionar de una manera más radical”, agregó.
Cientos de manifestantes se congregaron frente a las oficinas de las fuerzas del orden público donde se encontraban los detenidos el sábado por la noche coreando “Libertad” y “Somos estudiantes, no terroristas”. Más congregados en otros puntos del centro de Lima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó “preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas” en la universidad e instó al Estado a “garantizar la integridad y el debido proceso de todas las personas”.
La universidad emitió un comunicado de prensa diciendo que la redada policial tuvo lugar después de que los manifestantes “asaltaran” al personal de seguridad.