La policía de Nicaragua detuvo este martes al aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, unas ocho horas después de la detención del precandidato de oposición Félix Maradiaga, informaron las autoridades locales en un comunicado.
Según la policía, Chamorro fue arrestado en la noche del martes en su residencia en el sureste de la capital, Managua, como parte de una investigación "por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares".
También se le investiga por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Chamorro es el cuarto aspirante presidencial de oposición en ser detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles en la tarde que impondrá sanciones a cuatro personas del Gobierno de Nicaragua por "apoyar los esfuerzos de Ortega para socavar la democracia, los derechos humanos y la economía".
Ellos son Camila Antonia Ortega Murillo, Coordinadora de la Comisión de Economía Creativa e hija del presidente Ortega; Leonardo Ovidio Reyes Ramirez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN); Edwin Ramon Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN); y Julio Modesto Rodríguez Balladares, General de Brigada del Ejército de Nicaragua y Director Ejecutivo del Instituto de Bienestar Social Militar (IPSM).
“Las acciones del presidente Ortega están perjudicando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. “Está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar con la represión del pueblo nicaragüense. Estados Unidos continuará exponiendo a aquellos funcionarios que continúan ignorando la voluntad de sus ciudadanos”.
Chamorro es primo hermano de Cristiana Chamorro y sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó de 1990 a 1997.
Más temprano este martes, la policía detuvo a Félix Maradiaga, precandidato del partido opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), después de citarlo a declarar ante la Fiscalía, en un interrogatorio que duró unas cuatro horas.
Juan Sebastián Chamorro, exdirectivo de la Alianza Cívica, una agrupación opositora formada con la intención de establecer un diálogo con el Gobierno tras la revuelta social de abril de 2018, había sido citado para declarar el miércoles ante la Fiscalía.
A través de un comunicado, la Fiiscalía señaló que existe una causa contra la ONG Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social, que Chamorro dirigió hasta 2018.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, una ONG destinada a evitar y resolver conflictos, dijo que el mandatario Daniel Ortega cumple varios propósitos con al detención de los aspirantes a la presidencia.
"Primero, envía un mensaje para movilizar a la base sandinista, reforzando su narrativa de que las protestas callejeras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado con respaldo extranjero", explicó Breda.
"En segundo lugar, es una demostración de fuerza destinada a provocar divisiones dentro de la oposición y obligarla a tomar la decisión de respaldar a un candidato menor o no participar en las elecciones", agregó, y "finalmente, pone a prueba los límites para ver qué tolerará la comunidad internacional dando margen suficiente antes de las elecciones de noviembre como para permitir las negociaciones”.
“Ortega está intentando eliminar a los que claramente representan posiblemente un desafío mayor, un riesgo mayor de poder acumular simpatía suficiente para desafiarlo en la elecciones”, concluyó Breda.
Las sanciones que impusieron Estados Unidos y a personas cercanas a Ortega y figuras clave de su Gobierno claramente lo han molestado, pero no lo han llevado a producir concesiones, agregó el analista. El alcance diplomático de Estados Unidos, que Crisis Group recomendó en un informe el mes pasado, representaría una estrategia alternativa para el Gobierno de Joe Biden.
Breda añadió que hasta el momento Ortega, quien podría ser perseguido por crímenes de lesa humanidad una vez que deje el cargo, no ha recibido un incentivo para renunciar al poder.
La oposición ha rechazado estas detenciones y acusa al Gobierno de Ortega de desatar una “embestida represiva” para impedir la realización de elecciones “libres y competitivas” el próximo 7 de noviembre , cuando el mandatario sandinista, que gobernó de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007, buscará su tercera reelección para un cuarto mandato presidencial consecutivo.
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, aludió por segundo día consecutivo a las investigaciones de la Fiscalía contra los opositores, a quienes llamó “terroristas” y “criminales”.
“Se creen eternamente impunes, [pero] la justicia llega, tarde, pero llega, en esta Nicaragua que venía prosperando y en reconciliación y en un modelo hermoso y ejemplar de alianzas por el bienestar de todos”, dijo Murillo en alusión al pacto que Ortega tuvo con la empresa privada hasta la rebelión social de 2018.