El día que lo mataron, Israel Vázquez durmió muy poco. Como muchos reporteros de México tenía dos trabajos porque los sueldos de muchos medios no alcanzan para vivir: trabajaba hasta las 3:00 p.m. en Pemex haciendo mantenimiento de tuberías en la refinería de Salamanca, Guanajuato, pero desde que se quitaba el casco de la petrolera y salía de las instalaciones se dedicaba al periodismo.
Trabajaba en El Salmantino, un medio web en el que escribía reportajes y hacía transmisiones en Facebook; lo que más le gustaba era cubrir deportes y la nota roja, es decir, informar sobre los sucesos policiales. Era común verlo haciendo sus reportes en las calles, y mucha gente le gritaba “¡Isra!”, cuando lo avizoraban en medio del tráfico.
Según sus amigos, el reportero siempre estaba dispuesto a ayudar. A las 10:00 de la noche del domingo 8 de noviembre de 2020 habló por última vez con su jefe para abrir una transmisión y contar la historia de un señor con polio que vendía dulces en las calles de la ciudad. Devoto de las historias humanas y las denuncias urgentes, Vázquez pasó las últimas horas de esa noche cubriendo el hallazgo de unas personas desmembradas que dejaron en el atrio de una iglesia.
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Profanación de cadáveres, torturas, masacres, descuartizamientos, calcinamientos, asesinato de menores, intento de linchamiento, feminicidios, mutilaciones, violaciones y, por supuesto, asesinatos, son hechos cotidianos para los periodistas que cubren la escalada de violencia en el país que, según datos oficiales, ha registrado los dos años más negros de su historia con 34,681 asesinatos en 2019 y 34,552 en 2020.
En la madrugada del 9 de noviembre, Vázquez recibió una llamada porque encontraron una bolsa con restos humanos y la cabeza de una persona en una cubeta en la calle de la colonia Villa Salamanca 400. En el último semestre de 2020, era cada vez más común que los periodistas de la zona llegaran a las escenas del crimen antes que los cuerpos de seguridad.
"No sabemos por qué pasa eso, la inseguridad es muy grande es como si la misma policía tuviera miedo de ir a algunos lugares. Muchas veces, los mismos vecinos contaminan la escena del crimen porque pasan demasiadas horas", explica Víctor Ortega, gerente de El Salmantino, jefe y amigo de Vázquez, y una de las últimas personas que habló con el reportero.
Eso fue lo que sucedió poco después de las 6:30 de la mañana de ese lunes 9 de noviembre. El reportero, íngrimo en la soledad de la calle, estacionó su coche, tomó unas fotos con el celular y estaba preparándose para iniciar la transmisión de Facebook cuando, según fuentes oficiales, dos hombres en una moto pasaron cerca y le dispararon a quemarropa. Recibió al menos ocho impactos de bala.
Ante la alarma tras perder el contacto con él, otro compañero pasó por la zona y le tocó informar de que se lo estaban llevando en una ambulancia. Veintisiete minutos después ingresaba a la Cruz Roja, donde murió.
Tenía 31 años y era un gran fanático del fútbol —hincha del club León, la ciudad donde estudió periodismo— pero no solo se quedaba frente al televisor viendo los clásicos, sino que sudaba la camiseta en largos partidos de aficionados. Muchas veces tuvo que dejar la pelota y salir corriendo a cubrir algún suceso sangriento.
Causa en Común, una organización sin ánimo de lucro que registra los hechos de violencia en el país, ubica a Guanajuato como la entidad que lideró las estadísticas de atrocidades en 2020 con 922 víctimas de violencia extrema. Celaya, otra ciudad del estado que está ubicada a unos 30 millas de Salamanca, fue considerada como la ciudad más peligrosa del mundo en 2020, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El pasado junio se registraron 20 asesinatos en un lapso de 24 horas allí.
“Nosotros quedamos muy tristes, todavía lo estamos porque él solo estaba haciendo su trabajo. La violencia se ha incrementado demasiado”, comenta Ortega.
Los amigos de Vázquez, los más cercanos que entre patadas y gambetas acumulaban goles y faltas todos los fines de semana, lo despidieron en la canchita donde solía jugar. Cargaron el féretro por las calles y abrieron la tapa del ataúd como si pudiera ver, por última vez, la hierba verde donde solía correr.
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El país más mortífero para los reporteros
Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha establecida por Naciones Unidas para conmemorar la Declaración de Windhoek, cuando un grupo de periodistas africanos hicieron un llamado para fomentar el pluralismo y la independencia de los medios en 1991.
Corren tiempos difíciles para el periodismo: en febrero, la organización Human Rights Watch alertaba en un informe que más de 80 Gobiernos usaron la emergencia sanitaria para "justificar violaciones" de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. En abril, la organización Reporteros sin Fronteras denunció que las labores periodísticas sufren restricciones parciales o totales en dos tercios del mundo.
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"Cuando matan a un periodista —en cualquier región— por cubrir un asunto de interés público eso no solo es un mensaje contra el medio de comunicación al que pertenece, sino que es una amenaza para toda la prensa y toda la sociedad. Los colegas que sabían que estaba investigando un caso de corrupción o que estaba detrás de una historia de crimen organizado escuchan ese mensaje y van a pensarlo mucho antes de reportear esas historias tan necesarias", asevera Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en entrevista con Noticias Telemundo.
Algunos periodistas tienen que recorrer el mundo para contar los conflictos y las guerras. Pero, para muchos mexicanos, las masacres y los tiroteos están a la vuelta de la esquina, en los barrios donde crecieron, en las ciudades donde viven.
El asesinato de Vázquez se sigue investigando, pero no fue el único de 2020. Al menos, ocho reporteros fueron asesinados el año pasado lo que, según Reporteros sin Fronteras, ubica a México como el país más letal para ejercer el oficio informativo, una macabra distinción que viene liderando desde hace años.
A la periodista María Elena Ferral le cayeron a tiros —recibió ocho balazos a plena luz del día— en Veracruz, el 30 de marzo. En el mismo estado, Julio Valdivia fue decapitado el 9 de septiembre. Jorge Miguel Armenta Ávalos fue asesinado a balazos, el 16 de mayo de 2020. Jaime Daniel Castaño, director de un medio en Zacatecas, tomó las fotografías de dos cuerpos abandonados en la calle y, poco después, lo abalearon en diciembre. Víctor Fernández fue desmembrado en Acapulco y sus restos los encontraron en abril.
Todos esos casos se siguen investigando, y muchas hipótesis se centran en los trabajos periodísticos que los comunicadores adelantaban sobre las causas de la violencia, corrupción o el crimen organizado.
Según cifras oficiales, citadas en un informe de las autoridades estadounidenses, el 94% de los delitos cometidos en México no se denuncian o investigan. El grupo cívico Impunidad Cero, una organización cívica, estima que casi 9 de cada 10 homicidios quedan impunes.
"En México vivimos una crisis de violencia generalizada, de violaciones a derechos humanos, desapariciones, feminicidios, ejecuciones y todos somos víctimas. En el caso de las y los periodistas se vuelve importante visibilizarlo porque cuando se agrede a un reportero la intención es evitar que su información me llegue a mí, que le llegue a la sociedad", explica Itzia Miravete, coordinadora de prevención en Artículo 19, una organización que defiende los derechos de libertad de expresión.
El informe anual de Amnistía Internacional denuncia una serie de actuaciones impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde sus conferencias matutinas suele arremeter contra medios nacionales como Reforma o internacionales como The New Tork Times o El País, que debilitan a la prensa y favorecen el establecimiento de un "entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar" a los medios.
"Muchos jefes de Estado de la región olvidan que al entrar de manera voluntaria al debate público se exponen a la crítica y deben ser tolerantes. Pero lo más importante es que son garantes de los derechos humanos, de la libertad de expresión, no solo de quienes les aplauden, sino de quienes los critican", reflexiona Vaca, quien se preocupa por la estigmatización de los periodistas en países como México.
"Los seguidores de los presidentes pueden considerar ese discurso denigrante como un permiso, un aliento, para atacar a los reporteros. Y si eso se hace en un país considerado como el más letal para la prensa en el mundo, creo que eso raya en la temeridad porque de cierta manera se ha demostrado que la madurez del debate público no se logra y deriva en violencia contra los medios", concluye el experto.
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Usar las leyes para silenciar las críticas
Solo en 2020 se cometieron 39 casos de acoso judicial contra periodistas en México, según los datos que Artículo 19 cita en su nuevo informe titulado Leyes del silencio. Entre 2015 y 2019 esta organización registró 69 casos de acciones legales contra periodistas para intimidarlos y obstaculizar su labor.
"Es el desgaste del tiempo y, finalmente, el desgaste personal lo que más afecta. Porque la familia se preocupa, por supuesto, aunque sea una demanda irracional, absurda, superficial, hecha por un personaje sin credibilidad. El hecho es que la justicia es ciega en cuanto a las motivaciones de quien introduce la demanda", afirma Sergio Aguayo, periodista mexicano y activista de derechos humanos.
En julio de 2016, Aguayo fue demandado por daño moral por Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que considera que fue afectado por la publicación de una columna de opinión.
"La hipótesis de trabajo es que Moreira me demanda como una forma de inhibir o castigarme por la investigación que he estado haciendo sobre la violencia en el estado de Coahuila. Claro, en parte, durante el tiempo que fue gobernador", explica Aguayo.
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En marzo de 2019 el periodista fue absuelto de todas las acusaciones, pero ese fallo judicial fue impugnado por el exgobernador y finalmente se revocó la sentencia y se condenó al periodista al pago de 10 millones de pesos (casi 500,000 dólares) por daño moral a favor de Moreira.
"Es absurda la laxitud de jueces que aceptan demandas extravagantes como la de Moreira. No porque sea una demanda por daño moral. Yo creo que sí debe existir ese mecanismo, sino porque aceptan una petición de indemnización tan absurdamente alta", asevera Aguayo.
Una sentencia de 2016 eliminó los topes máximos para las condenas por daño moral, una decisión que fue muy criticada por las organizaciones de derechos humanos y que explica el monto desmesurado que se le exige a Aguayo. Su caso ha tenido una gran repercusión mediática y se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, donde se espera que en los próximos meses haya una sentencia final.
"Cuando entré me dieron una paliza"
Pedro Canché, periodista maya de Quintana Roo fue injustamente privado de su libertad acusado del delito de sabotaje por documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, ocurrido el 20 de agosto de 2014. Las personas estaban protestando a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado.
Días después, el 30 de agosto, Canché fue detenido e internado en la cárcel de la localidad. Pasó nueve meses preso.
"Cuando entré me dieron una paliza", comenta el reportero, "me llevaron a la canchita de basquetbol que tienen allá atrás, afuera de las cámaras y me golpearon entre unos 20. Cada uno con patadas, coscorrones y golpes".
A pesar de que había vigilancia policial, Canché recibió un cruento castigo físico mientras le decían que "era un encargo" y lo tenían que usar "como una piñata". Producto de los abusos, el reportero sufrió lesiones en el omóplato y los pulmones, y le fracturaron un brazo. Aún arrastra secuelas que le recuerdan aquel día de 2014.
"Hace poco fui al doctor porque sigo con esos dolores muy fuertes, tengo que tomar unas pastillas para toda la vida por el dolor. Dormir es un problema porque me destrozaron las cervicales, entonces no hay forma de colocar la cabeza", comenta el periodista.
Aunque algunos implicados en su caso han sido sentenciados, Canché siente la impunidad ante las agresiones porque el sistema de justicia ha liberado a algunos de los acusados y pone muchas trabas para la resolución de casos como el suyo. Además, sigue siendo atacado con campañas de desprestigio y acusaciones falsas por su trabajo periodístico enfocado en denunciar los abusos del poder en Quintana Roo.
"No me quiero revictimizar en este tema, pero siento un dejo de nostalgia por las injusticias. Como que le dieron carpetazo por los jueces federales y entonces no logramos una compensación jurídica o la justicia social que queríamos en este proceso. Y eso frustra muchísimo", dice Canché.
Aparte de luchar contra la impunidad y los múltiples obstáculos burocráticos, diversos proyectos intentan vencer al olvido rescatando las biografías de los periodistas asesinados y desaparecidos del país. Matar a nadie es una suerte de memorial digital en el que un centenar de periodistas y editoras de la organización Reporteras en guardia contribuyen a la exigencia de justicia en los casos registrados en los últimos 20 años.
El Proyecto Cártel reunió a una red internacional de periodistas para continuar las investigaciones de los reporteros mexicanos asesinados durante su labor de informar sobre las organizaciones delictivas del país y sus conexiones en el resto del mundo. Como Regina Martínez, una periodista asesinada en 2012, mientras investigaba los vínculos entre políticos y organizaciones criminales en el estado de Veracruz.
Recuperar la memoria, informar para que todos los sacrificios no sean en vano, parece ser la última batalla que libran muchos reporteros del país. “Al final, lo que nos importa es que se sepa lo que está pasando en nuestras regiones. Que no se olvide toda la corrupción, todos los atropellos. Por eso nos dedicamos a esto”, asevera Canché, con resignación.
Si usted tiene información sobre casos de abusos contra periodistas en México o Centroamérica puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com.