El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negoció durante 2020 con miembros de las tres principales pandillas de ese país, según revela una nueva investigación del periódico local El Faro, basada en documentos de la Fiscalía anterior.
Las negociaciones entre miembros de las organizaciones 'terroristas' Mara Salvatrucha-13 (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños y funcionarios federales se hicieron dentro de los penales de máxima seguridad de Zacatecoluca e Izalco Fase III, donde están detenidos los pandilleros, y tuvieron como objetivo “conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome”, según reporta El Faro.
A cambio de eso, las pandillas plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida en la cárcel y beneficios para sus miembros en libertad.
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“Hay documentación de que ciertos beneficios que piden ya están operando”, aseguró en entrevista con Noticias Telemundo Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro. “Las negociaciones compartidas de este y de los otros Gobiernos han sido uno de los procesos más oscuros de este país”, agregó el periodista.
Los fiscales de esta investigación, removidos ilegalmente por Bukele en mayo de 2021, incautaron documentos oficiales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), intervinieron teléfonos e hicieron seguimientos físicos de varios funcionarios del gobierno de Bukele. La Fiscalía también reunió fotografías, audios y entrevistó a testigos hasta abril de 2021.
Esos documentos, según El Faro, reafirman lo que ellos revelaron en una investigación previa publicada en septiembre de 2020: que el Gobierno de Bukele llevaba ya un año de negociaciones con la MS-13 para obtener apoyo electoral y reducir las tasas de homicidios.
Visitas de funcionarios de Gobierno encapuchados
Los investigadores de este caso, conocido como Catedral, comprobaron a través de fotografías, audios, libros de visitas e imágenes de cámaras de seguridad que las negociaciones no solo habían ocurrido entre el Gobierno de Bukele y la MS-13, sino también con facciones de las pandillas Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
A una de las reuniones a puerta cerrada, por ejemplo, asistieron los pandilleros Víctor García Cerón, 'Duke'; Jeffrey Isaac Pérez López, 'Xóchil', y Rubén Arnoldo Toledo Cea, 'El Humilde', tres de los líderes principales de Barrio 18 Revolucionarios.
Según la investigación, Osiris Luna, director de Centros Penales, fue quien autorizó la entrada de personas encapuchadas y enmascaradas a los penales. Los encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, quienes entraban sin registrarse o identificarse.
En las fotos de las cámaras de seguridad se observa que el mismo Luna guiaba a los visitantes por las instalaciones.
La investigación también apunta a que cuatro meses después de la toma de posesión de Bukele, entre el 18 de octubre de 2019 y el 7 de agosto de 2020, al menos un pandillero y distintos funcionarios públicos encabezados por Marroquín entraron en 12 ocasiones a las cárceles de Zacatecoluca e Izalco Fase III a reunirse con líderes de la MS-13. Contaban con el permiso de Luna.
Por su parte, el director de los penales intentó borrar los rastros de las reuniones entre pandilleros y funcionarios. Eliminó registros sobre anomalías en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y borró discos duros de las computadoras en Izalco Fase III en las fechas que había entrado allí con encapuchados.
La Fiscalía encontró más pruebas de los encuentros en el teléfono celular de Elvis Enrique Mejía, alias Sayco, miembro de la MS-13. Uno de sus mensajes de texto evidencia la preocupación de que se hiciera público.
“Ahorita estaba en línea con los contactos y, sinceramente hermano, ellos me manifiestan lo mismo que acabo yo de transmitir al chavo, de que a ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error de la parte de ellos para que esto no fracase y no salga a la luz pública de que hay un entendimiento”, dice el mensaje.
Becas y visitas íntimas a cambio de menos violencia
Para mantener vigente el acuerdo de reducir los homicidios, las pandillas le entregaron al Gobierno un pliego de peticiones con 20 puntos, parecidos a los que plantearon en 2012 a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los pedidos fueron escritos en una 'wila' (conseguida por la Fiscalía), que es un manuscrito sobre papel de cuaderno, titulado en este caso: 'No son para nosotros, son peticiones para el sistema'.
Las exigencias están numeradas del 1 al 20, pero son en realidad 19, porque los miembros de la MS-13 no se permiten a sí mismos escribir ni pronunciar el número 18.
Catorce de los 19 puntos se refieren a mejorar la vida al interior de las cárceles y las vidas de los pandilleros que están en libertad.
Entre las peticiones también están que se defina en la ley un tiempo máximo de permanencia en el penal de Zacatecoluca “sin importar el perfil” del reo, y el traslado de los enfermos graves y discapacitados que cumplen su sentencia allí. También que las celdas de los sectores especiales cinco y seis se remodelen, así como los sectores de castigo de otros penales.
Piden así mismo que se mejoren los sistemas de salud, de alimentación y educación de las cárceles y que se apoye la creación de iglesias. Que se “industrialicen” las cárceles para que empleen a los internos y que se creen posibilidades de formación técnica y universitaria.
Otro requerimiento es que se reestablezcan las visitas familiares e íntimas y que se permita el ingreso de ropa particular.
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Para aquellos miembros que están en libertad, los pedidos son que existan programas especiales de reinserción para pandilleros que recién salen de la cárcel y la creación de micro y pequeñas empresas para sus miembros, así como cooperativas. Exigen además becas de educación superior para sus hijos.
Finalmente, las tres pandillas solicitan “que se tenga un cese al ataque de la Policía y la Fuerza Armada y unidades a nuestra gente en las calles” y que se creen “comisiones” que evalúen constantemente el actuar de estas instituciones y de los custodios de centros penales.
El escrito termina así: “Por lo tanto, mediante exista la mano principal de Dios todopoderoso de que esto se cumpla y la buena voluntad de las partes e instituciones correspondientes de darle su cumplimiento y velar de nuestra parte nuestra voluntad y esfuerzo, estará en disposición de igual manera al llegar el momento y tener al alcance a futuro para que se reforme el artículo que en su momento expondremos. Atentamente (sic)”.