Miles de mexicanos marcharon el domingo por el centro de Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
“En memoria de ellos vamos a exigir justicia y vamos a seguir caminando hasta dar con el paradero de los 43 estudiantes”, dijo uno de los padres durante la marcha.
La desaparición de los 43 estudiantes cumplió siete años el domingo, y durante ese tiempo solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes. Además, el responsable de la investigación en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel.
La manifestación arrancó en el emblemático Ángel de la Independencia de la capital encabezada por los padres y madres de los jóvenes y transcurrió por el centro de la ciudad con destino a la plaza del Zócalo, donde se levanta el Palacio Nacional, sede presidencial.
“Los que estamos aquí no vamos a dar un paso atrás hasta saber la verdad. Si tenemos que morir, tenemos que morir, pero de pie y exigiendo justicia por nuestros hijos”, expresó un familiar entrevistado por la agencia EFE.
Antes de partir, un sacerdote ofició una misa en recuerdo de los desaparecidos, cuyos rostros estaban impresos en las pancartas que llevan sus familias. La protesta transcurrió entre cánticos como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “¿Dónde están?”.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.
Pero esa versión, conocida como la “verdad histórica”, fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso en 2018 y derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, afuera del basurero.
Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
En una reunión sostenida el viernes pasado, López Obrador explicó a los padres que pidió a Israel la extradición de Tomás Zerón, artífice de la “verdad histórica”, mientras que las familias criticaron el desdén que perciben por parte de la Fiscalía y el Ejército para esclarecer lo sucedido.
Después de años de investigaciones, las autoridades mexicanas han encontrado decenas de fosas clandestinas y otros 184 cuerpos, pero solo han recuperado tres fragmentos óseos de los estudiantes desaparecidos.
A continuación presentamos cinco claves para entender las investigaciones del caso que llega a su séptimo aniversario con algunos avances, pero con el creciente reclamo de familiares y la sociedad civil para saber qué pasó con los jóvenes y quiénes son los responsables.
- La “verdad histórica”
Según el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), un grupo de policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvo a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre en la capital.
La versión de la Administración de Peña Nieto, que llamó “la verdad histórica”, indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.
- Lo que desmienten los expertos
Pero los familiares y la investigación de la CIDH cuestionaron la “verdad histórica” al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.
El GIEI concluyó que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis”, tras una indagatoria de seis meses en la que argumentó que el fuego que habría generado una columna de humo de 300 metros no podría pasar desapercibida para los habitantes de las zonas aledañas.
- La identificación de los estudiantes
Asimismo, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras asumir en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio pasado de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero y sin rastros de fuego.
Por eso, el Gobierno actual considera que este hallazgo derrumba la “verdad histórica” de Peña Nieto. Además de Christian y Alfonso, las autoridades identificaron los restos de Alexander Mora en diciembre de 2014.
Omar Gómez Trejo, el principal investigador del caso, dijo recientemente que los fragmentos óseos encontrados en las inmediaciones de un basurero cercano a Iguala coinciden con tres de los 43 estudiantes.
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Gómez Trejo señaló que algunos fragmentos óseos fueron encontrados en un lugar a casi media milla de distancia, y algunos no estaban quemados.
“Muchos de ellos no presentaban exposición al fuego, sino a la intemperie”, agregó.
En vez de que se haya recurrido a un solo sitio y un solo método para deshacerse de los restos, Gómez Trejo señaló que testigos cooperantes, algunos de los cuales participaron en la eliminación de los cadáveres, han mencionado “varios costalillos en distintos tramos”.
- Implicados y detenidos
El presidente López Obrador ha informado de un total de 80 detenidos por el caso, aunque la judicialización se ha obstaculizado por actos de tortura contra los presos, por lo que los jueces han liberado a algunos de los implicados.
Entre las personas detenidas se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías federales y municipales.
Desde junio de 2020, uno de los principales detenidos es José Ángel Casarrubias, conocido como "El Mochomo", identificado como cabecilla del cártel Guerreros Unidos y uno de los presuntos orquestadores de la desaparición.
Además, el Gobierno reconoció en agosto pasado el asesinato de al menos ocho personas vinculadas al caso, entre ellos seis sospechosos no identificados, Moisés Brito “El Bandam”, del cártel Guerreros Unidos, y su “brazo derecho” y uno de los presuntos operadores de la desaparición.
En julio pasado, Mario Casarrubias, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos que estaba preso por la desaparición, murió de COVID-19.
- Sospechas sobre las autoridades
Además de la búsqueda de los estudiantes, las autoridades investigan el rol de los funcionarios gubernamentales.
Por eso solicitaron al Gobierno israelí la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.
Zerón es considerado como uno de los autores clave de la “verdad histórica”.
Pero algunas filtraciones del caso también relacionan al Ejército. En enero pasado se divulgó a la prensa el testimonio de “Juan”, un testigo protegido.
Según su versión, los militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde después los entregaron al cártel para su desaparición.
El año pasado, fue arrestado el capitán José Martínez Crespo, adscrito a ese batallón, quien se convirtió en el primer militar enjuiciado por Ayotzinapa.
Con información de EFE y AP