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"Me quitaron a mi hijo y me quitaron el miedo": Cuba mantiene presos a 14 menores por protestar contra el régimen

Algunos de estos adolescentes han cumplido los 18 años de edad tras las rejas, en espera de juicio. Mientras los fiscales piden hasta 23 años de cárcel, sus madres denuncian que fueron detenidos e interrogados sin la presencia de adultos.

Yudinela Castro ha visto a su hijo ocho veces durante los últimos seis meses, pero dice con la voz segada que hubiera preferido no tener que hacerlo.

“Hubiera sido mejor no haberlo visitado en prisión, porque salió lleno de sarna, con mal olor y un color infernal. Llevaba días sin poder bañarse”, denuncia la madre en una llamada telefónica desde La Habana.

Su hijo de 17 años, Rowland Castillo, fue detenido en plena calle e interrogado por la policía política cubana sin la presencia de sus padres o un abogado. Lo trasladaron a una prisión de adultos pocos días después de las protestas del 11 de julio, cuando miles de cubanos como él exigieron “libertad” en ciudades de casi toda la isla durante la mayor manifestación en seis décadas de Comunismo.

Castillo, quien cumplió los 18 años tras las rejas, espera un juicio aún sin fecha. Los fiscales cubanos le piden 23 años de cárcel por el delito de sedición, una de las medidas más comunes aplicadas contra los manifestantes, y que se imputa a quienes “perturben el orden socialista”, según el Código Penal cubano.

Rowland Jesús Castillo Castro junto a su madre, Yudinela Castro. El adolescente cumplió los 18 años tras las rejas, en espera de juicio. Cortesía de Yudy Castro

El régimen de La Habana detuvo al menos a 45 niños de entre 14 y 17 años por su participación en las protestas del verano, según un conteo del grupo Justicia 11J, conformado por activistas, periodistas independientes y abogados para documentar la represión tras las manifestaciones. 14 de esos menores de edad siguen tras las rejas en espera de juicio. Otros han sido liberados bajo fianza o prisión domiciliaria.  

Durante las últimas semanas, las autoridades de la isla han celebrado juicios contra al menos 204 manifestantes, según el grupo Justicia 11J. Unas 20 personas ya están cumpliendo condenas de entre 12 y 30 años de cárcel por participar en las protestas o transmitirlas por redes sociales.

Ni el régimen ni la prensa estatal —la única permitida legalmente en la isla— han difundido información o cifras sobre los detenidos, los juicios y las condenas. El discurso oficialista ha deslegitimado las exigencias de los manifestantes, acusándolos de estar “organizados y financiados desde Estados Unidos”.

Cubalex, un organismo legal independiente con sede en Miami, calcula que unas 700 personas siguen presas y que 500 han sido liberadas a la espera de juicio o tras recibir sanciones y multas por delitos comunes como desorden público, instigación a delinquir y propagación de COVID-19.

“La edad que más se repite en nuestros registros (de detenidos) es 21 años. La justicia se está ensañando contra ellos porque es una manera de aleccionar a una generación que tuvo una presencia muy fuerte en las manifestaciones del 11 de julio”, dijo a Noticias Telemundo Salomé García Bacallao, una de las responsables de Justicia 11J.

El Centro de Prensa Internacional de Cuba no respondió a múltiples solicitudes de entrevista con funcionarios para conocer su posición sobre las denuncias hechas en este reporte.

Padres denuncian amenazas y despidos laborales por quejarse

Cuatro familias entrevistadas por Noticias Telemundo denunciaron que sus hijos menores de edad han sido interrogados sin la presencia de adultos o abogados, algunos de ellos fueron detenidos en plena calle sin que sus padres fueran informados sobre su paradero por días o semanas. Durante su detención, han contraído enfermedades como COVID-19, sarna y dengue, aseguran.

“Mi hijo nunca se había enfermado”, denuncia Yanaisy Curbelo, madre de Brandon Becerra, quien fue detenido a los 17 años en julio pasado y lleva seis meses en la prisión Jóvenes de Occidente, en La Habana. Los fiscales le piden 18 años de cárcel por el delito de sedición.

“Ha pasado las peores cosas de su vida”, cuenta Curbelo, quien asegura que su hijo contrajo coronavirus y hepatitis en la prisión. “Mi niño no conocía la policía, las esposas, ni nada de política. Estudia Licenciatura en Lengua Española. Y lo vi esposado como si hubiese matado a Raúl Castro”.  

La oficina de UNICEF en Cuba rehusó comentar sobre las denuncias de menores detenidos en espera de juicio por participar en las protestas. También se negó a responder sobre los reportes de interrogatorios a menores de edad sin la presencia de adultos, que violan la Convención de los Derechos de los Niños, un tratado internacional del cual Cuba es firmante.

“UNICEF Cuba está en contacto permanente con las autoridades cubanas y realiza acciones encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y adolescencia, trabajando con sus contrapartes de manera coordinada y transparente”, dijo en un correo electrónico a Noticias Telemundo una portavoz de la oficina con sede en La Habana.

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Tras la presión y las denuncias en redes sociales, el organismo dijo en noviembre que estaba “preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba” y urgió a las autoridades a informar sobre su situación.

Algunos de los niños de menor edad apresados tras las protestas de julio fueron Christopher Lleonart, de 14 años, quien estuvo detenido por un mes y dejó de recibir tratamiento para un padecimiento psiquiátrico, según denuncias de la familia. También Glenda de la Caridad Marrero, una niña de 15 años residente en la provincia de Matanzas, acusada de dirigir las protestas allí. Ambos fueron liberados posteriormente.

“Yo vine a ver a mis hijos después de tres meses en prisión”, se queja Emilio Román, padre de Emisyolán Román, quien fue detenido a los 17 años y cumplió 18 en la cárcel. Los dos hermanos del adolescente, de 24 y 25 años, también están presos y fueron acusados de sedición.

“Es demasiado difícil oír la cantidad de años que les piden a cada uno. Al más chiquito le piden 15 años, al mayor 20 años, y 25 años a la del medio”, dice desde La Habana. “Estamos en espera del juicio”.

Otros padres denuncian presiones de la Seguridad del Estado por sus reclamos en redes sociales, el único vestigio que han encontrado algunos para volcar sus quejas y su impotencia.

Bárbara Farrat, madre del estudiante de 17 años Jonathan Torres Farrat, a quien detuvieron en su casa el 13 de agosto, dice que agentes de la Seguridad del Estado la han amenazado con negarle las visitas a prisión si continúa denunciando.

“También me dijeron que tenía que hacer un video hablando bien de este país”, dice. Farrat se declaró en huelga de hambre en diciembre como forma de protesta y se tatuó en el brazo el nombre de su hijo junto a la frase 'Patria y Vida', el himno anticomunista que incomoda a las autoridades porque reta al eslogan castrista 'Patria o Muerte'.

Jonathan Torres Farrat, de 17 años, junto a su madre, Bárbara Farrat. El niño fue detenido el 13 de agosto e interrogado sin la presencia de un adulto, denuncia la madre. Cortesía de Bárbara Farrat

“Cuando me quitaron lo más grande, que es mi hijo, también me quitaron el miedo”, dice la madre cubana. “Toda esta situación me ha llevado a declararme activista. Y mientras quede un menor de edad detenido yo voy a seguir denunciando”.

A Yudinela Castro la despidieron de su empleo con una empresa agrícola estatal pocos días después de que detuvieron a su hijo, Rowland Castillo. Le dijeron que la afiliación política de la familia era la razón, asegura.

“Yo era jefa de control y calidad en Acopio. A mi hijo lo cogieron el día 16 de julio y el día 23 me dieron la baja. Me dijeron que no era confiable por lo que mi hijo hizo”, se queja.

Cárcel y destierro para opositores políticos

Activistas denuncian que el delito de sedición, aplicado a más de un centenar de manifestantes, es la nueva cara de la represión política en la isla, donde las protestas son poco comunes y rápidamente reprimidas. Justicia11J tiene registradas más de 140 personas acusadas por ese concepto.

“El delito de sedición es un delito eminentemente político contra la Seguridad del Estado. Esto derrumba el discurso de que en Cuba no hay presos políticos”, dice García, coordinadora del grupo independiente.

Cuba vivió en 2021 una oleada de manifestaciones sin precedentes en la historia reciente de la isla, donde viven poco más de 11 millones de habitantes.

La pandemia de COVID-19 agudizó la escasez de alimentos y medicinas, pues se paralizó casi completamente el turismo, una de las principales fuentes de ingresos en una economía que solo en el primer trimestre del año pasado decreció un 13.4 %, según datos oficiales.

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Reformas económicas comprendidas dentro de la llamada “Tarea Ordenamiento” han provocado una inflación galopante que también han puesto gasolina a la inconformidad popular.

El régimen ha respondido a las protestas con cortes de internet generalizados, la militarización de las calles y las detenciones. Los periodistas, artistas y opositores políticos de mayor capacidad organizativa están en la cárcel en espera de juicio, en prisión domiciliaria o han sido forzados al exilio.