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Más desigualdad, abusos de derechos humanos y menos vacunas: el legado de la pandemia de coronavirus en las Américas

El continente americano es la región del mundo más afectada por la pandemia con más de 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos, hasta el 29 de marzo. La organización Amnistía Internacional alerta sobre la mala gestión de la pandemia, los excesos de fuerza por parte de las fuerzas policiales y el aumento en las violaciones a derechos humanos.
/ Source: Telemundo

Más que un largo memorial de agravios e injusticias, el informe anual de Amnistía Internacional (AI) cumple con dos objetivos urgentes: registra sumariamente las violaciones a los derechos humanos en el mundo e incomoda a los poderosos que, de alguna manera, comparten la responsabilidad de esas situaciones.

El documento denuncia cómo las mujeres, las personas refugiadas y migrantes, el personal sanitario, los pueblos indígenas, las personas negras, la comunidad LGBTQ+ y otros grupos que han sido marginados históricamente sufren los peores efectos de la pandemia en las Américas. Y señala que muchos líderes políticos de la región han aprovechado las medidas sanitarias para “para intensificar sus ataques a los derechos humanos”.

Son 476 páginas que indignan, mueven a la reflexión y sirven de recordatorio sobre los peligros y excesos que reinan en la actualidad. Basta con leer el apartado de cada país, para constatar que la lucha por el respeto de los derechos humanos sigue más vigente que nunca.

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“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”, sintetiza Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional, en el informe.

La pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los órdenes sociales, políticos, económicos y, por supuesto, sanitarios. Las Américas son la región más afectada con más de 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos (hasta el 29 de marzo). Es como si Colombia y Panamá enteras se hubiesen contagiado. Como si la mitad de la población de Chicago falleciera.

Los expertos de AI no dudan en señalar las responsabilidades de los gobiernos regionales en el desastroso manejo de la pandemia que desnuda la desigualdad sistémica y las políticas predadoras que han afectado el crecimiento económico.

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Antes del surgimiento del COVID-19, las Américas ya era la región más desigual del mundo, una situación que solo ha empeorado porque 22 millones de personas cayeron en niveles de pobreza, y la cifra de habitantes que viven en situación de pobreza extrema aumentó en 8 millones.

“Descubrimos que las víctimas de la COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó Callamard en una entrevista reciente. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía la COVID-19”.

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Vacunas desiguales

Se suele alabar la rapidez con la que se lograron desarrollar las vacunas contra el nuevo coronavirus —muchos procesos técnicos que normalmente llevan años solo tomaron meses— gracias a un financiamiento masivo de la Unión Europea y países como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros.

Pero el lado oscuro de esa notable saga científica fue la asociación de los gobiernos de esos países con las empresas farmacéuticas a las que les reservaron millones de dosis de sus vacunas, como resultado muchos países pobres tendrán que esperar largos periodos de tiempo, quizá años, para recibir sus dosis. Una investigación de The New York Times estima que los países más pudientes han recibido cerca del 90% de los casi 400 millones de vacunas que se han administrado hasta ahora.

“No sólo lo compramos todo, además impedimos que otros puedan producirlas. ¿En nombre de qué? En nombre del beneficio y en nombre de la codicia”, dijo Callamard sobre la decisión de la Unión Europea y Estados Unidos de bloquear una propuesta que busca flexibilizar las restricciones de propiedad intelectual sobre las patentes de los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus.

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Países como Estados Unidos, Brasil y México lideran las cifras absolutas de víctimas mortales a nivel mundial, y el informe afirma que, en parte, eso se debe a que sus gobiernos —al igual que los de Nicaragua y Venezuela— difundieron mensajes contradictorios sobre las medidas sanitarias y los peligros del virus, además “no implementaron políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaron una transparencia plena”.

“El año 2020 es la historia de quienes tienen menos y dieron más, pero recibieron nada de sus gobiernos”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un encuentro con los medios.

“El verdadero liderazgo para responder a la pandemia de COVID-19 no vino de los líderes políticos o de los líderes de las empresas, sino que surgió de las personas trabajadoras de la salud, de los científicos, de quienes mantienen los hospitales y las calles limpias, de las personas trabajadoras en el campo (…) y de muchas personas sin recursos ni poder político”, comentó Guevara.

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Mención aparte merece la desprotección del personal sanitario que, sin el equipamiento mínimo de bioseguridad, atiende todos los días a los pacientes que contrajeron el virus: al menos 10,558 trabajadores del personal sanitario han muerto por COVID-19.

A continuación, enumeramos algunos de los señalamientos del informe sobre la situación de los derechos humanos en los países más afectados por el COVID-19.

  • Estados Unidos

-El documento señala la importancia de las manifestaciones masivas realizadas en el país contra el racismo institucional y la violencia policial y resalta que las autoridades “emplearon de forma habitual fuerza excesiva “contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos”.

-También se registran los intentos del Gobierno de Donald Trump por limitar o menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+, entre otras minorías.

-Además se señala la tendencia del Gobierno estadounidense a aprovechar las medidas y regulaciones para controlar la pandemia con el fin de someter a las personas migrantes y solicitantes de asilo a diversos abusos como el caso de las 8,000 personas que contrajeron el virus porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se negó a permitir que siguieran sus procesos legales en libertad.

Los expertos de AI denuncian que las autoridades detuvieron y expulsaron a “más de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo entre marzo y noviembre [de 2020], incluidos más de 13.000 niños y niñas migrantes no acompañados”, sin tomar en consideración sus necesidades de protección especial y los riesgos que corren de sufrir “persecución, muerte, tortura u otros malos tratos” al ser retornados a sus países.

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  • México

-El informe recuerda que ante el surgimiento de los brotes de COVID-19, el Gobierno mexicano impuso recortes del gasto público que, entre otras cosas, provocaron la disolución de múltiples fideicomisos públicos como los que se enfocaban en el cambio climático y “la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas oportunidades a los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.

-En 2020 se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios y el reporte consigna el incremento de las llamadas al número de emergencia 911 para denunciar situaciones violentas contra las mujeres que se ubicó en 260,067. Además, siguen vigentes un total de 21 alertas de violencia de género en 18 entidades federativas.

El año pasado se convocaron manifestaciones masivas contra los feminicidios y las diversas formas de abusos contra la mujer que, en varias ocasiones, desencadenaron episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad que emplearon “fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales”.

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-Las autoridades migratorias detuvieron a 87,260 personas migrantes, entre ellas más de 11,000 menores de edad, y deportaron a 53,891 personas. Pese a que un juez federal ordenó que las personas recluidas “por razones de inmigración” debían ser liberadas por la crisis sanitaria, las autoridades no cumplieron con esa sentencia lo cual privó a los migrantes de su derecho a la libertad y la salud.

-Los investigadores de AI resaltan que el Gobierno actual ha incorporado más miembros de las Fuerzas Armadas a las estrategias de seguridad pública que las dos administraciones previas. Esas medidas se han tomado sin tener normativas que garanticen que el comportamiento de los efectivos militares cumple con las leyes internacionales.

-El personal sanitario del país expresó en repetidas oportunidades su preocupación por la carencia de equipos de protección para realizar sus labores diarias. Se estima que en 2020 fallecieron al menos 2,397 profesionales de la salud.

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  • Brasil

-El documento resalta que, a pesar de que la gestión de la emergencia sanitaria fue difícil en todo el mundo, el brote empeoró en Brasil “por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales, la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia”.

-Solo en el primer semestre de 2020, 1,861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidios en 12 estados, además, en el mismo periodo se registraron más de 119,546 casos de violencia de género en el ámbito familiar “que ocasionaron lesiones físicas a mujeres, lo que equivalía a un promedio de 664 casos diarios”.

-También se resalta el incremento de la minería ilegal, los incendios forestales y la expansión de las tierras destinadas a las actividades agroindustriales que son “una amenaza para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales”. La destrucción de territorios selváticos aumentó un 9.5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con 2019. En ese periodo se devastaron más de 11,000 kilómetros cuadrados de selva.

-Según los especialistas de AI, entre enero y junio, los cuerpos policiales estuvieron involucrados en operativos que provocaron la muerte de unas 3,181 personas en el país, lo cual promedia 17 fallecimientos diarios y un 7.1% más en comparación con 2019. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79.1% de las personas que murieron en acciones de la policía eran negras, y el 74.3% era menor de 30 años.

Con información de AP, The New York Times y la OMS.

Para reportar casos de violaciones a los derechos humanos puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com