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"Tenemos sed de justicia": familiares de Ayotzinapa marchan por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes

Los padres de los estudiantes desaparecidos y activistas exigen al Gobierno mexicano que presione a los militares para adelantar la investigación. "Estamos aquí para exigir unos documentos que hacen falta y que el Ejército no ha querido entregar desde el principio del caso", dice una madre.

CIUDAD DE MÉXICO - Cristina Bautista Salvador amaneció bordando una camiseta. Con paciencia, y en medio del frío, iba tejiendo con hilos multicolores el nombre de su hijo, Benjamín Ascencio Bautista, que forma parte del grupo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014.

"Pues estamos decididos porque queremos saber de nuestros hijos. Por eso estamos aquí", explica Bautista Salvador, una mujer indígena de 48 años, en una entrevista telefónica con Noticias Telemundo.

Ella, junto con decenas de padres y familiares de los estudiantes, están desde el 26 de septiembre en un plantón frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.

"Estamos aquí para exigir unos documentos que hacen falta y que el Ejército no ha querido entregar desde el principio del caso, pues siempre nos mintieron. Ellos dijeron que no sabían nada, que fue la delincuencia organizada, pero también estuvieron ahí. Tenemos sed de justicia en el pueblo de México", expresó Bautista Salvador.

Estamos aquí para exigir unos documentos que hacen falta y que el Ejército no ha querido entregar"

Cristina Bautista, madre estudiante ayotzinapa

Al respecto, en su conferencia de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que no comparte las denuncias del grupo de padres, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que acusan al Ejército de haber participado en el incidente.

"Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa", afirmó el mandatario.

[El último informe independiente sobre Ayotzinapa acusa a las autoridades de “colaborar” en la desaparición de los 43 estudiantes]

Familiares y colectivos de defensa convocaron a una marcha en Ciudad de México esta tarde para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición masiva de los alumnos de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.  

"No somos los únicos que estamos sufriendo, que buscamos a nuestros seres queridos. Sabemos que hay miles de familiares, por eso los invitamos para que caminemos juntos y exijamos la presentación con vida de nuestros familiares", afirmó Bautista Salvador.

El GIEI, un panel designado hace nueve años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso, denunció en julio que no se pudo finalizar la investigación porque los militares mexicanos no han entregado toda la información del caso. Además, el año pasado la Comisión de la Verdad del Gobierno calificó lo sucedido en Ayotzinapa como un "crimen de Estado" con participación de autoridades, lo que incluye a los militares mexicanos.

"El Estado mexicano debe hacer la presión necesaria para que el Ejército no obstruya la investigación y entregue toda la información que hace falta. Es lamentable que nueve años después de la desaparición estemos volviendo al punto de partida, porque dos gobiernos parecen erigir una verdad histórica donde están encubriendo la participación de los militares", asevera Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en una entrevista con Noticias Telemundo. 

Dos gobiernos parecen erigir una verdad histórica donde están encubriendo la participación de los militares"

Edith Olivares Ferreto,Amnistía Internacional México

Incluso este martes, la presidencia de México difundió el informe Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada en el que se admite la relación entre los militares y el cártel Guerreros Unidos.

"A partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos", especifica el reporte.

"Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos’ el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón", establece el documento.

Según cifras oficiales, en México han sido reportadas como desaparecidas 290,824 personas entre 1962 y este 2 de agosto de 2023. De esas casi 300,000 personas, 110,106 han sido reportadas como desaparecidas durante el Gobierno de López Obrador.

La ONU también critica las investigaciones

El 26 de septiembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno mexicano "colaborar efectivamente y entregar toda la información" sobre los 43 desaparecidos.

"La ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances solo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa", expuso en un comunicado.

El organismo reconoció que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido identificar a 434 actores relevantes, y detener a 132 presuntos responsables, incluyendo a 14 militares.

[Los sonidos y las voces del caso Ayotzinapa reviven en un podcast de investigación]

Pero matizó que "lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado".

Múltiples organizaciones de defensa y activistas han denunciado la renuencia del sector militar del país a colaborar para el esclarecimiento del caso. Voceros de la ONU han criticado la estrategia de seguridad desplegada en el país desde el 2006, sosteniendo que no ha logrado reducir la violencia y "ha provocado graves violaciones a derechos humanos", la mayoría de las cuales siguen impunes.

"En este país, los militares siguen teniendo un gran poder y creo que el caso Ayotzinapa también nos pone a reflexionar sobre quién manda en México, ¿realmente hay una subordinación del poder militar al poder civil?, porque eso no es lo que vemos", afirmó Olivares Ferreto.

En septiembre, una investigación de The New York Times analizó más de 23,000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación que muestran que "prácticamente todas las ramas de Gobierno en esa zona del sur de México" habían trabajado durante meses con el grupo delictivo. Según los investigadores del Times eso "puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino".

Lo que dice el GIEI

En julio, el grupo multinacional de cinco miembros que conforma el GIEI publicó su último informe en el que afirmaba que no pudo determinar qué les ocurrió exactamente a los estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, los investigadores detallaron que reunieron pruebas suficientes para sugerir que las fuerzas de seguridad mexicanas a nivel local, estatal y federal "colaboraron para hacerlos desaparecer", dijo en ese momento Carlos Beristain, miembro del grupo.

Los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Desde entonces solo se han identificado formalmente los restos de tres de ellos.

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La Administración del expresidente Enrique Peña Nieto concluyó que los 43 estudiantes fueron secuestrados por policías corruptos en contubernio con una banda local de narcotraficantes, que pensó que habían sido infiltrados por un grupo rival. Los narcos mataron a los estudiantes y quemaron sus cuerpos, indicó en ese momento el reporte del Gobierno mexicano.

Pero el GIEI dijo que esa versión de los hechos está llena de errores. Los investigadores aseguran que sus conclusiones demuestran que las autoridades conocían del secuestro de los estudiantes y fueron cómplices de las desapariciones.

En agosto de 2022, el exjefe de la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGR), Jesús Murillo Karam, fue detenido por la Fiscalía acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia. Sin embargo, en septiembre de ese año, un juez de distrito le concedió una suspensión definitiva al exprocurador contra la vinculación a proceso por esos delitos.

El GIEI se fue porque sin datos del Ejército no podía seguir trabajando"

Santiago Corcuera Cabezut ACADÉMICO

"Sin archivos y documentos no hay verdad. Es terrible que las investigaciones de Ayotzinapa enfrenten este problema de falta de información. El GIEI se fue porque sin datos del Ejército no podía seguir trabajando, y eso me parece muy lamentable", dice Santiago Corcuera Cabezut, académico de la Universidad Iberoamericana y exmiembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas 

El Ejército, la Marina, la policía y los servicios de inteligencia sabían, minuto a minuto, dónde se encontraban los estudiantes, afirmó el GIEI en su informe.

Según el reporte, al menos 500 llamadas sobre el incidente se registraron en un centro de vigilancia de seguridad del Gobierno en las horas cruciales posteriores a la desaparición de los estudiantes. La GIEI también encontró que los miembros de la Marina y el Ejército llevaron cabo operaciones secretas y manipularon información relevante al caso.

"El Ejército no quiere soltar la información, se resisten y no les importa que haya habido cambios en el Gobierno. Ellos dicen: 'Nosotros somos un grupo cohesionado y nos protegemos independientemente de que cambien los presidentes'. Por eso, a pesar de las presiones, no hay resultados suficientes", afirma Corcuera Cabezut.

“No podemos investigar así”

Soldados que inicialmente testificaron que estaban en sus barracas durante la noche de la desaparición terminaron ligados a lugares donde se cree que los estudiantes fueron raptados, indicaron los investigadores del GIEI.

Según documentos, fotografías y testimonios del panel, el Ejército y la Marina habían detenido a cinco sospechosos en el caso, que anteriormente se creía que estaban desaparecidos.

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Los expertos también encontraron discrepancias en la información del Ejército sobre el hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes de Ayotzinapa que murió esa noche. El Ejército aseguró al GIEI que las diferencias eran un "error involuntario".

Parte del problema, según los investigadores, se debió a que las autoridades no facilitaron información. Incluso acusaron al Ejército mexicano de "obstrucción de la justicia".

"Nos han mentido, han respondido con falsedades, no tenemos más información", dijo Beristain. "No podemos investigar así".

Desde altos funcionarios a civiles, entre 120 y 130 personas han sido arrestadas en conexión con la desaparición de los estudiantes, aseguró López Obrador en julio.

Sin embargo, Cristina Bautista Salvador dice que eso no es suficiente y asevera que la lucha continuará hasta esclarecer el paradero de su hijo. Con ternura recuerda que Benjamín tenía 19 años y era fanático de Michael Jackson. Aún le parece verlo cantando y bailando "Thriller", que era un canción favorita.

"Estamos muy agradecidos con las personas que nos ayudan y les pedimos que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad. No somos los únicos que estamos sufriendo, hay miles de familiares que buscan a sus seres queridos, y no voy a parar hasta saber qué le pasó a Benja", exclama en tono triste.