Matar a una mujer puede llevar al responsable a prisión perpetua en Argentina o a cumplir una condena de hasta 60 años en México. En Guatemala implica hasta 50 años de cárcel, 41 en Colombia, 40 en Honduras y no menos de 12 en cualquiera de los 17 países de América Latina que han tipificado el delito de feminicidio.
Pero aún con castigos tan altos, en el subcontinente están 14 de los 25 países más violentos para las mujeres.
Ha pasado casi una década desde que la región comenzó a tomarse el tema en serio, al menos desde la legislación. Sin embargo, “la realidad es una sola: nos siguen matando”, denunció Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio de Feminicidios de Argentina y presidenta de la organización civil La Casa del Encuentro, la más relevante en la protección de las mujeres.
Su diagnóstico este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es simple: “Tenemos las mejores leyes de la región, pero falla su implementación”. Por ello, miles de mujeres a lo largo de toda la región han salido a las calles a protestar este viernes.
Latinoamérica comenzó a sancionar normas en materia de género en la primera década de los años 2000 a las que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamó “de primera generación sobre violencia doméstica o intrafamiliar”. A partir de 2010 empezaron a germinar las reformas penales para crear la figura del feminicidio.
Guatemala y Chile fueron la avanzada en 2008 y 2010, respectivamente. El feminicidio se castiga en Argentina desde 2012, en México, Bolivia y Perú desde 2013; en Ecuador y Venezuela desde 2014, y en Colombia desde 2015.
Cuba y Haití son los únicos que carecen de un tipo penal específico para las muertes violentas de mujeres con componente de género y éstas se tratan como homicidios agravados.
Esa armadura legal rige un territorio de 640 millones de habitantes donde las muertes de mujeres se cuentan por hora: una mujer es asesinada cada 38 horas en Venezuela o en Ecuador, por ejemplo.
En México, 3,750 mujeres fueron asesinadas en 2021, de las que 1,004 fueron clasificadas como feminicidios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hasta septiembre de este año ha habido 695 feminicidios, cifra que está por debajo de los 736 del mismo período del año pasado.
Cientos marcharon este viernes en la capital mexicana para exigir justicia para las víctimas de feminicidio, la más reciente de ellas la abogada y activista feminista Grisell Pérez Rivera desaparecida desde 2021 y cuyo cuerpo fue hallado justo este viernes.
En Colombia 758 mujeres fueron víctimas de homicidio entre enero y septiembre de 2022, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 2021 la cifra fue 993. Además, este año reportaron 26,377 casos de violencia de pareja en la que la mujer fue la víctima. Las protestas arrancaron este viernes por la tarde en puntos emblemáticos de Bogotá como el Monumento a los Héroes y la Universidad Nacional exigiendo un alto a la violencia de género.
En Argentina el Registro Nacional de Feminicidios de la Corte Suprema es el encargado de contabilizar anualmente los asesinatos de mujeres. En 2021, su última cifra publicada, hubo 231 víctimas directas y 20 feminicidios vinculados -cuando la víctima no es la mujer sino otra persona, frecuentemente los hijos-. Hasta el 31 de octubre de este año van 247 femicidios y 16 vinculados, según el observatorio civil Adriana Marisel Zambrano. "¡Ni una menos!", corearon decenas de manifestantes este viernes en Buenos Aires.
Chile lleva registros de feminicidios desde 2007 y desde entonces ha sumado 710 casos, según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer. En 2021 se registraron 44 feminicidios y 33 este año hasta el 8 de noviembre. Cientos se congregaron este viernes en la histórica Plaza Italia de Santiago de Chile para protestar.
En Perú la fiscalía ha contabilizado 44 feminicidios comprobados en lo que va de 2022 frente a los 211 de 2021. Decenas de colectivas feministas tomaron las calles de Lima de manera simbólica para protestar este viernes.
La Fiscalía de Guatemala no facilitó las cifras de muertes de mujeres, pero The Associated Press accedió a estadísticas de la fiscalía sobre denuncias de violencia. Hasta la primera semana de agosto sumaban 28,906 de las cuales 80% fueron desestimadas con la justificación fiscal de “no se puede proceder”. En la Ciudad de Guatemala activistas y familiares de las víctimas salieron a las calles con las fotos y nombres de sus seres queridos en pancartas.
En Venezuela se han contabilizado 1,008 casos “consumados y frustrados” desde 2017, aunque la Fiscalía no ha ofrecido cifras de agresores con sentencia firme. Decenas de manifestantes tiñeron las calles de Caracas este viernes de verde y morado en protesta por la violencia.
Ecuador empezó a contar los feminicidios en 2014 y hasta noviembre de 2021 sumaba 1.022. Este año, lleva cifras récords con 345 muertes violentas. En las calles de Quito decenas marcharon y participaron en performances para protestar contra la violencia.
El año más sangriento para las mujeres de Bolivia fue 2018 con 120 feminicidios. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y octubre de este año van 77. En 2020, con 113 feminicidios, la nación andina se ubicó sexta en Latinoamérica y primera en Sudamérica con más mujeres asesinadas por razones de género, según la CEPAL.
En Cuba las cifras son parciales o desactualizadas. Aún se rigen por una Encuesta Nacional de Género de 2016 en la que el 26,6% de las mujeres declaró haber sido víctima de violencia de género. Según el portal YoSiteCreo, de un grupo de activistas civiles, hubo 32 feminicidios en lo que va del año.
Si el problema está cuantificado y las normas para combatirlo están vigentes, ¿qué es lo que falla? Todo lo demás.
Las organizaciones sociales Venexque trabajan con las víctimas ven fugas en toda la estructura estatal: en el sistema judicial, en la pobre formación en género de los funcionarios policiales, fiscales o judiciales, en la falta de educación en igualdad, en la dispersión o falta de recursos y, principalmente, en la impunidad.