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El presidente de Ecuador disuelve la Asamblea Nacional un día después del inicio del juicio político en su contra

"Es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador", dijo Guillermo Lasso, que estaba siendo juzgado políticamente por presunta corrupción.

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional y convocó elecciones anticipadas alegando "la grave crisis política" que, según aseguró, atraviesa el país, tan solo un día después de que el Parlamento le abriera un juicio político por un presunto caso de corrupción.

En un mensaje a la nación, en el que estuvo acompañado por altos dirigentes de su gabinete, Lasso defendió que el mandato que recibió de los ecuatorianos "implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda".

"Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene trancado al Ecuador", subrayó.

El presidente invocó el artículo 148 de la Constitución que permite la disolución de la Asamblea Nacional y le habilita para gobernar bajo decreto durante los próximos seis meses. Así mismo, notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque elecciones en un plazo de siete días.

"Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social, que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza", señaló Lasso en su alocución, que duró al más de 15 minutos.

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Lasso, que ganó los comicios de 2021 con el 52% de los votos, insistió en que un sector político "ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido" hasta "en cuatro ocasiones" desde el inicio de su mandato, lo que, en su opinión, ha llevado al conflicto.

La disolución de la Asamblea Nacional se produce un día después que arrancara allí el juicio político contra Lasso por un presunto delito de corrupción en relación a un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleos, Flopec, y la compañía Amazonas Tanker, por el que podía ser censurado y destituido.

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El presidente niega haber cometido peculado, explicando que su Administración cambió un contrato firmado antes de su llegada al poder para beneficiar al país, pero la oposición alegan tener pruebas de que conocía las irregularidades del contrato, que consideran que perjudica al Estado.

Lasso anunció la semana pasada que, si el proceso avanzaba, disolvería el Congreso, de acuerdo con el diario El País.

La sesión que se desarrolló el martes en la Asamblea Nacional tuvo tres fases. La primera estuvo reservada para que los legisladores que acusan al mandatario presentaran sus evidencias; la segunda fue para la defensa de Lasso; y la tercera estuvo dedicada a réplicas.

Los congresistas tenían hasta cinco días para reunirse y votar. La Constitución exige 92 votos de los 137 que tiene la Asamblea Nacional para destituir al presidente.