Por primera vez el Tribunal de Paz en Colombia imputó a 22 militares con el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género al encontrar que nueve mujeres, una de ellas embarazada, y un joven perseguido por su orientación sexual fueron víctimas de "falsos positivos", como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales.
El tribunal señaló en su decisión que las víctimas "experimentaron formas específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los crímenes".
Dentro de la Brigada XVI se implantó una "organización criminal" que se sirvió de la legalidad del Ejército para desaparecer y luego asesinar a 303 personas, la mayoría hombres, pero también mujeres, ancianos y personas con dificultades cognitivas, señaló el tribunal. Los crímenes fueron cometidos entre 2005 y 2008 en Casanare, al este del país.
Los "falsos positivos" se incrementaron bajo la comandancia del mayor general Henry Torres Escalante, quien por sus resultados operacionales fue condecorado, según indica el fallo judicial. También fueron imputados dos coroneles, tres tenientes y otros 10 oficiales.
Se trata de uno de los capítulos más oscuros de las fuerzas de seguridad estatales de Colombia. El Tribunal de Paz estableció que 6,402 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad.
Muchas de ellas eran engañadas con falsos ofrecimientos de trabajo para ser asesinadas y luego les eran implantadas armas y municiones con el fin de simular que fueron vencidas en combates legítimos. Los militares recibían beneficios como permisos, vacaciones y comidas especiales.
El tribunal también imputó por primera vez el crimen de guerra de utilización de niños y niñas en las hostilidades, dado que fueron reclutados para atraer y engañar a algunas víctimas.
Además de los militares, fueron imputados dos civiles señalados de reclutar víctimas y un funcionario del estatal Departamento Administrativo de Seguridad, un organismo disuelto hace una década.
"Se observa la utilización de recursos del Estado y la financiación de la búsqueda de las mismas víctimas y del encubrimiento de sus operaciones. Lo que se observa es una operación en red de militares, civiles e inclusive involucramiento del DAS", dijo a la prensa el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente del Tribunal de Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal que investiga y juzga los hechos cometidos por más de cinco décadas en el conflicto interno colombiano.
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Nació fruto del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera considerada la guerrilla más antigua de América Latina.
Los imputados cuentan con 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad en los hechos. Si la niegan podrían ser vencidos en juicio y ser condenados hasta con 20 años de prisión. En caso de que aporten verdad y reparen a las víctimas, pueden obtener sanciones que no impliquen cárcel.
La Sala de Reconocimiento de la JEP calificó los asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y determinó que los imputados formaron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la Brigada XVI "y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate", señaló el magistrado Óscar Parra en una rueda de prensa.
En su mayoría, las víctimas fueron civiles que nunca participaron en las hostilidades, en otros casos las víctimas fueron señaladas de ser guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla, delincuentes o paramilitares, pero en el momento de su muerte no participaban en combate alguno.
Con información de AP y El Tiempo