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El Gobierno de Biden considera corruptos a varios oficiales salvadoreños cercanos a Bukele

Cinco funcionarios “participaron en actos significativos de corrupción”, según un informe del Departamento de Estado que ha sido recibido con burlas y chanzas por el presidente de El Salvador.

Por Joshua Goodman - The Associated Press

Varios oficiales del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, incluida su jefa de gabinete, han sido incluidos en una lista de funcionarios centroamericanos de alto nivel considerados como corruptos por el Departamento de Estado, según una copia del informe a la que tuvo acceso la agencia de noticias The Associated Press.

Es probable que la inclusión en esta lista de cinco oficiales salvadoreños empeore la relación de Estados Unidos con Bukele, que afronta una intensa presión del Gobierno de Joe Biden por la reciente destitución de varios jueces de la Corte Suprema y del fiscal general.

Reforzar la democracia es uno de los pilares de la estrategia estadounidense en Centroamérica, sobre todo porque el Gobierno de Biden considera que la corrupción rampante es una de las causas de la inmigración.

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Una copia del reporte, enviada el lunes a miembros del Congreso, fue proporcionada a The Associated Press por un funcionario demócrata con la condición de que se mantuviera su anonimato porque no se había hecho aún pública.

En un principio, la lista incluía un anexo secreto con el informe enviado al Congreso en abril en respuesta a una solicitud presentada el año pasado por la demócrata Norma Torres, que preside el grupo de legisladores encargado de las relaciones con Centroamérica. Esa lista más amplia contenía los nombres de 12 políticos de Honduras y Guatemala acusados de corrupción o con supuestos lazos con organizaciones del narcotráfico.

La lista de cinco funcionarios salvadoreños que se cree que "participaron en actos significativos de corrupción" mientras ejercieron un cargo público se desclasificó sin embargo el 4 de mayo, según el nuevo reporte. A diferencia de la mayoría de los hondureños y guatemaltecos señalados, ninguno de los salvadoreños ha sido acusado o sancionado en Estados Unidos, y su inclusión en la lista no parece tener consecuencias legales inmediatas.

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Sin embargo, es probable que complique más las relaciones entre los gobiernos de Biden y el de Bukele, que no se ha mostrado dispuesto a dar marcha atrás en su consolidación de poder, condenada por funcionarios estadounidenses y legisladores de ambos partidos.

Su partido, Nuevas Ideas, arrasó en las elecciones legislativas de febrero, lo que le permitió tomar el control del Congreso unicameral y votar de inmediato la destitución del máximo responsable anticorrupción del país y varios magistrados del alto tribunal, que habían frenado medidas del presidente.

Aunque Bukele sigue siendo muy popular en su país tras décadas de gobiernos corruptos que siguieron a la sangrienta guerra civil, sus detractores en Estados Unidos dicen que al concentrar el poder está debilitando instituciones ya endebles.

"El Salvador es una nación soberana y el presidente Bukele fue elegido de forma democrática. Él toma sus propias decisiones", dijo el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, en un largo comunicado. "Pero las decisiones que toman él y sus aliados en el congreso salvadoreño, que afectan las instituciones civiles democráticas y dan poder a las fuerzas armadas, tienen consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador", agregó.

 

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El funcionario más destacado que aparece en la lista es la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, que ha trabajado con el presidente desde que entró en política como alcalde de una pequeña localidad para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, creado por guerrillas izquierdistas tras la guerra civil. El reporte no daba detalles de las acusaciones contra Recinos.

También aparecía mencionado Rogelio Rivas, que el mes pasado fue sustituido como ministro de Seguridad y Justicia. El Departamento de Estado indicó que Rivas supuestamente otorgó a su empresa constructora varios contratos, que no fueron publicados con antelación y sin concurso de adjudicación, para construir comisarías y otros edificios que entraban en sus competencias, y después infló el coste de los materiales.

Otro señalado es el legislador Guillermo Gallegos, fundador del partido GANA que rompió el sistema bipartidista de El Salvador para apoyar la candidatura a la presidencia de Bukele en 2019.

En la lista también aparecen dos exparlamentarios del FMLN, Sigfrido Reyes y José Luis Merino, este último ex vicepresidente de Relaciones Exteriores en el gobierno que precedió al de Bukele. Catorce miembros del Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos, escribieron cartas a los departamentos de Estado y del Tesoro en 2017 solicitando que Merino fuera investigado y sancionado por sus lazos con grupos criminales regionales.

La oficina de presidencia de El Salvador no respondió a una petición de comentarios de Bukele y dijo que Recinos no estaba disponible. Rivas no respondió a una petición de comentarios y no fue posible localizar a Merino.

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Bukele, que ha acusado de Estados Unidos de prepotencia, respondió al reporte con ironía después de que el lunes circulara una copia del documento en medios sociales. Dijo estar sorprendido porque tras revisar sus archivos, los "amigos" de El Salvador no hubieran podido encontrar un caso de corrupción en el partido conservador ARENA, un blanco frecuente de sus críticas.

"Creen que todos son santos", escribió en Twitter, "por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos".

Reyes, un rival de Bukele que ha huido a México tras ser acusado de cargos penales de corrupción en El Salvador por acciones en su época como legislador, describió las acusaciones como "infundadas y ridículas".

Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre un reporte, que no es público, aunque dijo que la lucha contra la corrupción está en el centro de la estrategia de Biden en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ya que, indicó, impide la gobernanza democrática, socava la seguridad y limita el crecimiento económico.