Por Franklin Briceño - The Associated Press
LIMA — El Tribunal Constitucional peruano aprobó el jueves un recurso legal que excarcelará al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción, decisión que desató algarabía entre sus seguidores y repudio en cientos de habitantes.
La máxima corte constitucional indicó en un comunicado que la votación mayoritaria a favor de un hábeas corpus dispone la libertad de Fujimori y restituye un polémico indulto humanitario, el cual fue otorgado horas antes de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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El gobierno anunció que acatará el fallo, pero consideró la decisión como “no válida” por ir en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 ordenó a la justicia peruana verificar si el indulto otorgado por Kuczynski era legal según las leyes internas e internacionales suscritas por Perú. Posteriormente un juez revocó el indulto y Fujimori, que vivía en una lujosa residencia, tuvo que volver a la cárcel, aunque suplicó no regresar.
“Por favor no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar”, declaró el exmandatario.
La decisión de los jueces del Tribunal Constitucional no se transmitió por internet y es inapelable a nivel local, aunque los activistas han recurrido a la Corte IDH. La excarcelación de Fujimori podría ocurrir el lunes o martes, aseguró César Nakazaki, abogado del expresidente.
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El fallo de los jueces Augusto Ferrero, José Sardón y Ernesto Blume permitirá que Fujimori, de 83 años, salga una década antes de que concluya su condena el 10 de febrero de 2032. Otros tres magistrados sufragaron en contra, pero el voto favorable de Ferrero, presidente del Tribunal, se consideró como doble e inclinó la balanza en favor de Fujimori, según la ley.
La decisión provocó euforia entre los seguidores del expresidente, pero también repudio en cientos de peruanos que salieron a las calles a protestar. Amnistía Internacional dijo que el Tribunal dio “la espalda a las víctimas y sus familiares, quienes llevan décadas exigiendo verdad, justicia y reparación”. Por su parte, Human Rights Watch añadió que la Corte IDH debe “verificar si la liberación se justifica”.
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Eloy Espinoza, uno de los tres jueces que votaron en contra, recordó que la Corte IDH declaró “irregular” en 2018 el indulto presidencial de 2017 a favor de Fujimori, entre otros aspectos, por la gravedad de los delitos de su condena. Indicó que el expresidente “es una persona mayor, tiene enfermedades, pero está bien atendido en la mejor prisión del país”.
Fujimori es el único reo en una prisión diseñada para él en un país con altos índices de hacinamiento carcelario. Fue extraditado en 2007 desde Chile, nación a la que llegó de Japón. En el país oriental el exmandatario vivió desde 2000, e incluso se postuló sin suerte al senado japonés, luego de huir de Perú abrumado por los escándalos de corrupción que derrumbaron su gestión, la cual se extendió de 1990 a 2000.
“Fujimori nunca se ha disculpado por sus crímenes”, recordó a The Associated Press Gloria Cano, una de las abogadas de las víctimas de su gobierno, quien añadió que han solicitado a la Corte IDH un recurso de cumplimiento de la sentencia por la que el exmandatario está preso.
El indulto otorgado a Fujimori en 2017 también fue cuestionado porque se le otorgó pese a que no padece una enfermedad terminal que ponga en peligro su vida en prisión, y cuenta con todos los servicios médicos disponibles. En 2021 el expresidente fue sometido a un procedimiento en el que le colocaron dos tubos dentro de una arteria obstruida.
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Fujimori fue declarado culpable en 2009 por su autoría mediata en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía con métodos de guerra sucia al grupo terrorista Sendero Luminoso.
La primera ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en una zona cercana a la plaza de Armas de Lima, en una zona pobre llamada Barrios Altos. Militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron a 15 vecinos. El diario local Ojo tituló en su portada: “Ni niño escondido se salvó de la matanza”, en referencia a Javier Ríos, un menor de 8 años perseguido en la fiesta y acribillado.
La segunda matanza fue en julio de 1992, cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de una universidad que forma profesores conocida como La Cantuta.
Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados y acribillados, sus cadáveres quemados y ocultados en fosas comunes. El grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.
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El canciller César Landa, un experto constitucionalista, dijo que la decisión de excarcelación “no es válida” y correspondería que sea revertida por la Corte IDH, “la cual ya se pronunció sobre este tema en 2018, recordando la obligación internacional del Estado peruano de sancionar a los responsables de dichos casos y que las víctimas encuentren justicia”.
Por su parte, el primer ministro Aníbal Torres considera que el fallo “perjudica” a Perú, aunque lo acatarán.
“¿Dónde quedan las familias de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta? Delitos gravísimos. Los secuestraron, quemaron vivos, descuartizaron y enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori”, dijo Torres a la radio local RPP.
Posteriormente comentó a la radiodifusora Exitosa que el Tribunal “se convierte en adalid de la impunidad de grandes delincuentes y evidencia que en Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales”.