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El Congreso mexicano aprueba una reforma impulsada por AMLO que limita el poder del organismo que supervisa las elecciones

Los cambios legales reducen la estructura y presupuesto del Instituto Nacional Electoral y le restan facultades de control y de sanción a los partidos políticos.

El Senado de México aprobó este miércoles una reforma legal impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para reestructurar el Instituto Nacional Electoral (INE), que partidos opositores impugnarán cambios ante el máximo tribunal del país.

Con 72 votos a favor y 50 en contra, la mayoría parlamentaria del partido de López Obrador (Movimiento Regeneración Nacional, o Morena) logró con el apoyo de sus fuerzas aliadas la aprobación de cambios en cuatro leyes que reducen la estructura del INE y le restan facultades de supervisión y sanción a partidos políticos.

López Obrador y su esposa en el Palacio Nacional el 11 de enero.
López Obrador y su esposa en el Palacio Nacional el 11 de enero. Fernando Llano / AP

Al anunciar la aprobación de las reformas, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, dijo que se enviarán al Ejecutivo para la publicación y su entrada en vigencia.

El debate de las leyes, que se extendió por más de siete horas, se vio salpicado por la condena que se dictó el martes en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de aceptar sobornos del narcotráfico.

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Algunos senadores del Morena aprovecharon el debate para atacar a la oposición y acusarle de proteger al expresidente Felipe Calderón y a García Luna, quien fue su secretario de seguridad entre el 2006-2012, mientras exhibían fotografías de ambos en la Cámara Alta.

Con carteles en los que se leía "Morena se quiere robar las elecciones", senadores opositores protestaron por la reforma e indicaron que esperan que la Suprema Corte de Justicia admita las diversas acciones judiciales que se han presentado para detenerla.

La iniciativa legislativa, conocida como "Plan B", fue impulsada en diciembre por López Obrador luego de que no lograra los votos suficientes en el Congreso para una reforma constitucional que implicaba cambios más profundos, como la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al actual INE.

El mandatario ha negado reiteradamente que la reforma pueda poner en riesgo la democracia en México, como denunció entre otros el presidente del INE, Lorenzo Cordova, y defendió que busca recortar el presupuesto y terminar con unos supuestos privilegios.

El mandatario asegura que las autoridades electorales actúan más como oposición al Gobierno que como árbitro neutral en comicios.

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Los partidos de oposición criticaron la reforma como el "peor retroceso democrático de la historia de México", según Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Indira Rosales San Román, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que es "igual de dañina" que la propuesta original de reforma electoral y "un retroceso muy importante para la paridad".

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¿En qué consiste esta reforma electoral?

Con las reformas de diversas leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El proyecto suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce sus 300 oficinas distritales a 264.

Por primera vez se reconoce que los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero puedan votar por internet. Además, se establecen las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.

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Ls partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBTQ y personas con discapacidad.

Según el diario The New York Times, la embajada de Estados Unidos en México ha enviado informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia que pueden derivarse.

Organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición convocaron a una movilización que se realizará el domingo 26 de febrero para protestar contra la reforma. Se prevé que más de 80 ciudades de México y el extranjero participen en estas marchas. 

Con información de EFE, The Associated Press y The New York Times