Por Joshua Goodman - The Associated Press
El año pasado, el Gobierno de Joe Biden colocó discretamente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o socavación de la democracia en Centroamérica, según el Departamento de Estado, que hizo pública la designación este lunes.
La lista se proporcionó el verano pasado al Congreso de Estados Unidos en cumplimiento de la legislación impulsada por el excongresista Eliot Engel.
Cayó como bomba en Centroamérica la publicación de la llamada Lista Engel, que contiene los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio Pepe Lobo Sosa, entre más de 50 legisladores, altos políticos y exfuncionarios activos en El Salvador, Guatemala y Honduras, los llamados países del Triángulo del Norte.
Pero una omisión notable fue la de Hernández, quien estaba en el poder en ese momento pero tambaleándose por las acusaciones que surgieron en el juicio por narcotráfico de su hermano, el exdiputado Antonio Tony Hernández, de que su ascenso político había sido financiado con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue sentenciado en Nueva York en marzo a cadena perpetua.
Las personas en la lista generalmente no son elegibles para visas y admisión a Estados Unidos.
"El compromiso de Estados Unidos con la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas en apoyo del pueblo de Centroamérica es férreo", dijo el Departamento de Estado en un comunicado y citó "múltiples y creíbles informes de los medios de comunicación de que Hernández había participado en importantes actos de corrupción al aceptar pagos de los narcotraficantes.
Con la renuncia de Hernández el mes pasado, el Departamento de Estado consideró que ya no era necesario mantener el secreto, dijeron dos personas familiarizadas con la sanción, bajo condición de anonimato, para hablar de las deliberaciones privadas.
En Washington ha aumentado la presión para que se persiga a Hernández mientras su sucesora, Xiomara Castro, busca mejorar las relaciones con Estados Unidos.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió este mes al Gobierno de Biden que designara a Hernández como "importante narcotraficante extranjero" bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros, lo que haría ilegal que empresas e individuos estadounidenses hicieran negocios con él.
Sus comentarios siguieron a una carta enviada por la diputada Norma Torres, demócrata de California que copreside el grupo parlamentario de Centroamérica en el Congreso, al fiscal general, Merrick Garland, en la que pedía que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Hernández.
"Hernández ha sido una figura central en el socavamiento del Estado de Derecho en su propio país y en la protección y ayuda a los narcotraficantes para que trasladen sus materiales a través de Honduras y hacia Estados Unidos", dijo entonces Torres.
"Ha sido identificado repetidamente como co-conspirador en otros casos de tráfico de drogas y ha causado un dolor increíble tanto al pueblo de Honduras como al de Estados Unidos. Creo que es esencial que Estados Unidos lo haga responsable de su comportamiento criminal", agregó.
Hernández, a través de un portavoz, declinó hacer comentarios.
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Sin embargo, Hernández ha comparado la atención de los fiscales con una caza de brujas alimentada por el falso testimonio de asesinos confesos que también fueron testigos clave en el juicio de su hermano.
En una serie de mensajes publicados en las redes sociales este mes, Hernández promocionaba su historial de persecución de los cárteles de la droga y afirmaba haber contado con el apoyo de la Agencia Antidroga incluso después de la acusación de su hermano.